Datos accesibles acerca del ingreso al proceso excepcional de regularización para personas extranjeras con causas legales pendientes de resolución.

Xavier García Albiol (PP), primer edil de Badalona, ha afirmado en X (anteriormente Twitter) que los ciudadanos foráneos que sumen un año de residencia no reglada en España, hayan sido arrestados repetidamente y se encuentren a la espera de juicio, podrán acogerse a la regularización extraordinaria de personas extranjeras impulsada por el Gobierno español. Dicha publicación menciona el pacto con Podemos para validar en el Consejo de Ministros de este martes el trámite de urgencia de un real decreto.

Las condiciones para el proceso de regularización aún no se han dado a conocer oficialmente, no obstante, el área de comunicación de Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones confirma a Verificat que una de las exigencias consistirá en carecer de registros delictivos y no representar un peligro para el orden público, de acuerdo con el marco legal vigente. De acuerdo con especialistas en migración y leyes penales consultados por Verificat, el hecho de ser arrestado y aguardar una vista judicial implica el inicio de un historial en la policía, aunque esto no genera antecedentes de carácter penal.

Previo a un fallo judicial definitivo, todo individuo goza del derecho a ser considerado inocente. De acuerdo con lo estipulado por la normativa de extranjería vigente, los registros policiales son evaluables, no obstante, no constituyen un impedimento para obtener el permiso de residencia y trabajo. No obstante, tratándose de individuos multirreincidentes cabría determinar que representan una amenaza a la seguridad ciudadana, si bien los especialistas indican que este terreno jurídico es bastante ambiguo y requerirá determinar de forma individualizada. ¡Te lo explicamos!

Conforme a los datos del ejecutivo de España, el obstáculo determinante para alcanzar la regularización radicaría en contar con antecedentes penales, esto es, un fallo condenatorio dictado por un tribunal. La situación expuesta por Albiol, en la que el sujeto ha sido arrestado en diversas oportunidades pero sigue a la espera de un proceso judicial, no se vería afectada por esta restricción.

En cualquier caso , Pablo Olivet, jurista experto en Derecho Penal, comenta a Verificat que este asunto se sitúa dentro del ámbito de la presunción de inocencia: el sistema legal considera que cualquier individuo es inocente mientras no haya un fallo definitivo en su contra. «El arresto constituye únicamente un trámite de indagación», y no conlleva forzosamente que el sujeto sea responsable de los cargos que se le imputan.

Según indica Mireia Risco, encargado del área de inmigración en la firma Lleal Tulsà Assessors, resulta previsible que se mantenga el reglamento vigente, denominado Reglamento de Extranjería, ratificado en noviembre de 2024. Dicha disposición reglamentaria establece (artículo 130) señala que dentro del trámite de permiso laboral “la existencia de antecedentes en el informe policial no supondrá, por sí misma y de forma automática, causa de denegación de la autorización”. Las autoridades correspondientes deberán analizar de forma individualizada que “la persona extranjera no suponga una amenaza para el orden público, la seguridad interior, la salud pública o las relaciones internacionales de ninguno de los estados miembros de la Unión Europea”.

De acuerdo con el Ministerio de Inclusión, aun cuando una persona carezca de registros criminales, la circunstancia de «representar un riesgo para la seguridad ciudadana» podría invalidar su acceso a la regulación.

Risco sostiene que la noción de “orden público” resulta bastante subjetiva y permite diversas interpretaciones. Debido a ello, agrega la especialista en temas migratorios, será necesario analizar en cada caso si el individuo que busca obtener la regularización y que cuenta con antecedentes policiales vigentes constituye un peligro. Tal evaluación podrá realizarse empleando «jurisprudencia relativa a situaciones en las que se rechazaron autorizaciones de residencia».

Existen ejemplos en los que la “reiteración y/o gravedad” de los actos perpetrados se ha estimado como un riesgo para el orden público, si se observa el criterio del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

Para que esto se materialice, resulta necesario que concurra “una amenaza real, actual y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad”, tal como especifica la jurisprudencia, o por motivos de seguridad pública, que de acuerdo con el TJUE abarca la protección interna y externa de una nación, y que implicaría comprometer la operatividad de los organismos y servicios públicos fundamentales, la subsistencia de la ciudadanía, alterar los vínculos internacionales o poner en riesgo los objetivos militares.

Resultaría preciso por tanto evaluar si, basándose en la situación que expone García Albiol, cometer diez hurtos en el metro podría encajar dentro de dichas descripciones.

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