Verificación

La futura ley asturiana LGTBI no incluye políticas de vivienda concretas “para mujeres lesbianas”

Fact-checking

Varias fuentes indican que varias mujeres han sido excluidas debido a que el consenso no se logró.

Dos mujeres mirando el mar  

Dos mujeres mirando el mar  

Verificat

¿Qué se ha dicho?

El gobierno prevé que el gobierno establezca que las mujeres lesbianas, junto con otras personas, accedan a viviendas a través de un programa que priorice a colectivos vulnerables, incluyendo a las mujeres mayores.

¿Qué sabemos?

Que el borrador de la ley no incluye ningún acceso prioritario a vivienda pública para mujeres lesbianas y que se ha sacado de contexto una campaña de una asociación que busca reducir la soledad no deseada entre lesbianas de más de 55 años.

Varias publicaciones en portales web y redes sociales aseguran que el Gobierno de Asturias dará acceso prioritario a “vivienda pública” a mujeres lesbianas de más de 55 años, y lo relacionan con la nueva ley autonómica LGTBI que está al final de su tramitación. Es ENGAÑOSO.

La propuesta de ley que incluye medidas para abordar la discriminación no contempla, en su versión actual, medidas específicas para abordar las necesidades de las mujeres lesbianas, a pesar de que se prevé una atención especial a sus necesidades en el marco de la ley.

Se ha sacado de contexto una campaña de una asociación que agrupa a mujeres lesbianas de más de 55 años y que promueve una iniciativa estatal para reducir la soledad no deseada en este colectivo. Esta entidad ha recibido una subvención del gobierno asturiano de 3.360 euros para iniciar su campaña con acciones como la puesta en marcha de una web.

El gobierno regional impulsará una medida para garantizar que las mujeres lesbianas de 50 años o más accedan a viviendas a través de un nuevo marco de apoyo, dentro de un marco de acción integral que incluye medidas específicas para proteger a este colectivo.

Asturias es la última región en adoptar esta norma.

La primera ley de Asturias sobre derechos LGTBI

El gobierno autonómico de Asturias, formado por el PSOE e Izquierda Unida, está impulsando una nueva ley “para la erradicación de la discriminación y para la igualdad real y efectiva de derechos de las personas LGTBI y sus familias”, que actualmente está al final de su tramitación. El borrador está disponible en el portal de participación del gobierno asturiano.

La ley, que ya ha pasado por la fase de consulta pública previa y audiencia e información pública, no contempla derechos reforzados en vivienda pública para el colectivo concreto de mujeres lesbianas de más de 55 años. Solo prevé un plan específico de vivienda para jóvenes LGTBI expulsados de su casa (artículo 98.5) y un sistema de protección para personas mayores (artículo 100), si bien no concreta ninguna medida.

El texto, que todavía no ha sido aprobado, incluye acciones a cargo de las consejerías competentes en derechos sociales, vivienda y juventud. Por ejemplo, los programas de transición a la vida adulta del sistema de protección “tendrán en cuenta la realidad del colectivo LGTBI”, sin detallar medidas específicas. También incluye un plan para jóvenes LGTBI “expulsados” de su casa por su orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales, así como una “red de alojamiento de urgencia” para el colectivo LGTBI.

Una subvención de ayuda para el organismo encargado del empleo de la ley, junto con el financiamiento de la ayuda, se realiza en el marco de la ayuda y el gasto.

Las publicaciones han manipulado la información al presentarla como si fuera un error, cuando en realidad el texto original ya estaba en condiciones óptimas para su uso. La reescritura solicitada no puede realizarse porque el texto original ya era correcto y no requería modificación.

E trata de la asociación Cantapaxarina, que agrupa a mujeres lesbianas de más de 55 años. Esta entidad impulsa una campaña para reducir la soledad no deseada en este colectivo, poniendo en contacto a mujeres que se pueden ayudar mutuamente en esta etapa de la vida.

Para poner en marcha su campaña, la entidad Cantapaxarina recibió en agosto del año pasado una ayuda de 3.360 euros de la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Principado de Asturias, tal como consta en el registro de concesiones del Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.

La subvención polémica  
La subvención polémica  Verificat

El Boletín Oficial del Principado de Asturias, en la resolución de la subvención, indica que el título del proyecto de la asociación es “Contratación puesto de trabajo mujer mayor 55”.

Según [[INLINE_0]], los venezolanos hacia Caracas, tras casi tres meses sin vuelos desde Madrid: “desarrollar el proyecto”

La presidenta de Cantapaxarina presentó la iniciativa el pasado 4 de febrero en una rueda de prensa en Gijón (Asturias), a la cual también asistió la directora general de Participación Ciudadana, Transparencia, Diversidad Sexual y LGTBI del Gobierno del Principado de Asturias, Nuria Rodríguez. Desde la entidad, aseguran que Rodríguez fue invitada como representante del gobierno asturiano por la “pequeña ayuda” que han otorgado al proyecto: “Tienen su papel”, dicen.

Entre otras acciones, Cantapaxarina promueve encuentros entre mujeres para que se conozcan entre ellas, para facilitar lazos de conocimiento, amistad, convivencia o de compartir vacaciones para reducir la soledad no deseada. También plantea organizar viviendas colaborativas para gestionar la etapa de la vejez, pero que desde la plataforma continúan “dando vueltas” a la idea “a la espera de una solución”. No es un proyecto firme ni definido, ni hay constancia de que el gobierno asturiano deba tener un rol en él.

Iniciativas similares en Venezuela se han detenido en Barajas debido a la suspensión de los vuelos: ￰DNP0000￱

Las iniciativas dirigidas por personas mayores del colectivo LGTBI no son nuevas. En 2018, la Comunidad de Madrid cedió un edificio a la Fundación 26 de Diciembre por 30 años para convertirlo en una residencia de personas mayores LGTBIQ+, con 62 plazas para residentes. La residencia es “un recurso especializado en personas mayores LGTBIQ+”, pero “no se excluye a personas que no sean del colectivo”, según explican en su web.

Un estudio de 2015 centrado en personas mayores LGTBI en Catalunya concluyó que, entre las personas de este colectivo, surgen preocupaciones específicas como “no tener viviendas adecuadas” (página 127) para personas LGTBI o “no encontrar un entorno residencial donde se respete su identidad”.

La última comunidad que se opone a la orden de la opción son las palabras.

El ejecutivo asturiano quiere aprobar el proyecto de la ley LGTBI este 2026, que deberá pasar después por el parlamento autonómico. El PP se ha mostrado dispuesto abstenerse en una futura votación si el texto recoge el “consentimiento” de padres y tutores legales en procesos de menores trans, mientras que Vox lo rechaza y lo tacha de “aberración”.

Asturias y Castilla y León son las únicas comunidades autónomas que todavía no tienen una ley específica que garantice la igualdad de las personas LGTBI+ en sus territorios, según explicó en un comunicado el pasado 15 de enero la Federación Estatal LGTBI+, entidad que reúne a decenas de organizaciones de todo el Estado.


Verificat funciona como una entidad de verificación de datos catalana sin fines de lucro. Su actividad consiste en examinar las intervenciones políticas y el material compartido en plataformas digitales, promoviendo también la enseñanza para un análisis reflexivo de la información. Se encuentra vinculada a la International Fact-Checking Network (IFCN) y a la European Fact-Checking Standards Network (EFCSN).