La publicidad de comida rápida a través de influencers se sitúa en el punto de mira de los defensores de los consumidores en Europa. La Asociación Europea de Consumidores (BEUC) ha pedido esta semana a la Comisión Europea que refuerce la legislación para frenar la promoción encubierta de productos alimentarios que pueden suponer un riesgo para la salud, especialmente cuando se dirigen a públicos jóvenes a través de redes sociales.
El 67% de los vídeos sobre comida rápida analizados no advertía de que se trataba de contenido publicitario
La petición llega tras un estudio realizado entre marzo y septiembre de este año por organizaciones de consumidores de 12 países europeos, entre ellas las españolas OCU y ASUFIN, que analizaron 650 vídeos publicados por influencers en los que se promocionaban productos de comida rápida y de moda de bajo coste. El resultado reveló que en el 67% de los vídeos sobre comida rápida no se informaba de que se trataba de contenido publicitario.
Según el informe, muchas de estas promociones se presentan como parte del estilo de vida personal del creador de contenido, diluyendo la frontera entre una recomendación genuina y un anuncio pagado. “Los mensajes comerciales se camuflan como opiniones personales, lo que dificulta que el consumidor identifique que está ante publicidad”, señala el documento.
Los mensajes comerciales se presentan a menudo como recomendaciones personales, dificultando su identificación como anuncios
Incluso cuando los contenidos sí aparecen etiquetados como anuncios, BEUC denuncia que el lenguaje utilizado suele ser confuso o poco claro. Además, prácticas habituales como esconder códigos de descuento o enlaces promocionales en la sección de comentarios contribuyen, a juicio de la organización, a una falta de transparencia generalizada.
Según BEUC, el problema no es solo de malas prácticas individuales, sino de un marco legal que considera “parcial e insuficiente”. La asociación reclama a Bruselas una actualización de las normas europeas para aclarar las responsabilidades de todos los actores implicados en la publicidad digital: desde los propios influencers y las marcas hasta las plataformas que alojan los contenidos.
La organización recuerda que varios países de la Unión Europea ya han dado pasos para regular la actividad de los influencers, aunque centrados sobre todo en productos financieros de riesgo. España y Bélgica, por ejemplo, obligan a advertir explícitamente sobre los peligros de los criptoactivos y Países Bajos exige licencias específicas para este tipo de publicidad. “Más allá de los servicios financieros, son necesarias medidas legislativas eficaces para proteger a los consumidores de los riesgos que plantea la publicidad de los influencers”, subraya la asociación, que reclama que esta cuestión se aborde en la futura Ley de Equidad Digital y en la revisión de la normativa de Servicios Audiovisuales que la Comisión Europea prevé presentar el próximo año.

