Divorcio sin culpa y sin explicación: así funciona hoy romper un matrimonio en España
Normativa legal
Estas son las implicaciones y los pasos a seguir para disolver el vínculo matrimonial en un proceso legal
Un matrimonio discute a gritos en una foto de recurso.
Hace más de 20 años de la reforma legislativa que posibilitó el divorcio sin tener que justificar los motivos, solo manifestando la voluntad de romper el vínculo matrimonial por parte de uno de los cónyuges. Este hecho sentó un precedente que influyó en los pasos a seguir para la oficialización de un divorcio en nuestro país.
Los requisitos legales para efectuar un divorcio
El divorcio en España está regulado en el Código Civil, más concretamente entre los artículos 81 y 97. Se define como la disolución del vínculo matrimonial mediante un proceso legal.
La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil y del Código Civil en el año 2005 eliminó la exigencia de presentar una causa legal para solicitar el divorcio, pasando a legalizar la ruptura del vínculo del matrimonio siempre que exista la manifestación voluntaria de uno de los cónyuges. En la actualidad, el único requisito legal es que el matrimonio tenga una vigencia de tres meses desde su celebración.
De acuerdo con el Código Civil, la solicitud del divorcio debe presentarse ante el Juzgado de Primera Instancia del domicilio familiar o del domicilio del demandado.
No obstante, si la ruptura es de mutuo acuerdo y no hay hijos menores de edad, también se puede autorizar la disolución ante notario, siendo efectiva de forma inmediata y sin tener que recurrir a los juzgados
¿Qué implicaciones tiene la oficialización del divorcio?
En cuanto a efectos patrimoniales, el divorcio extingue el régimen económico matrimonial y obliga a liquidar los bienes comunes. Ahora bien, tal y como explica Carmen Caro, abogada especializada en derecho de familia en Winkels Abogados, “con la sentencia se extingue el régimen económico matrimonial para siempre; sin embargo, la liquidación de los bienes comunes no es automática, sino que requiere la correspondiente formación de inventario y la práctica de las operaciones liquidatorias”. Es decir, la disolución no implica por sí misma el reparto efectivo de bienes y deudas comunes.
Además, una vez se formaliza la ruptura del matrimonio, los derechos hereditarios de los cónyuges desaparecen por completo.
¿En qué consiste el proceso de divorcio?
El primer paso que debe tomar una persona antes de decidir si quiere divorciarse es “asesorarse, sobre todo en un abogado especializado en familia”, tal y como explica a nuestro medio Carmen Varela, socia directora de Carmen Varela Abogados y presidenta de la Sección de Familia del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona.
Para formalizar legalmente el divorcio, es necesario hacer frente al pago de los servicios de un abogado y de un procurador. Por su parte, Varela añade que, en caso de que “haya personas que no tengan recursos económicos para hacer frente a este proceso, pueden acudir a la justicia gratuita y, si cumplen los requisitos, se les asignaría un abogado de oficio”.
Asimismo, se deben otorgar poderes a favor del abogado y el procurador, antes de la presentación de la demanda. Esta acción puede realizarse de forma gratuita mediante el apoderamiento “apud acta”, realizado ante el secretario judicial en el propio juzgado cuando se ratifique la demanda o mediante pago ante notario. La recomendación de la abogada Caro es dar de alta el apoderamiento de manera electrónica mediante el certificado digital, dado que es “la opción más cómoda” y “ahorra posibles inadmisiones en tiempo y desplazamientos y esperas en el juzgado”.
A su vez, para poder presentar la demanda es necesario recopilar el certificado del matrimonio y, si los hay, el certificado de nacimiento de los hijos, que se pueden solicitar en el Registro Civil, así como también el certificado de empadronamiento de ambos cónyuges o el de acreditación del domicilio de residencia matrimonial, que se pueden pedir en el ayuntamiento.
Otra cuestión importante a remarcar es que se debe establecer un convenio regulador, que puede acordarse entre las partes o por vía judicial. En este contrato, se debe incluir a quién corresponde la custodia, un plan de parentalidad y la cantidad asignada para la pensión alimenticia en caso de que haya hijos menores, así como a quién se le atribuye el uso de la vivienda familiar, el régimen de estancia que se establece y si existe el derecho de una pensión para uno de los cónyuges.
Una vez iniciadas las acciones pertinentes, el divorcio puede oficializarse de mutuo acuerdo o por vía contenciosa.
El divorcio establecido por mutuo acuerdo es aquel donde ambos cónyuges manifiestan la voluntad de romper el vínculo matrimonial y llegan a un acuerdo pactando un convenio regulador. Este trámite, que debe ser homologado por el juez, puede realizarse mediante el pago de un procurador conjunto, aunque también existe la opción de que cada cónyuge contrate su propio procurador.
La vía del mutuo acuerdo es considerada la opción preferente siempre que se proteja el interés del menor, acorde con la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Asimismo, esta opción ofrece una serie de ventajas para los cónyuges. En primer lugar, Varela establece que este tipo de divorcio “es más rápido que el contencioso y suele formalizarse en un plazo de entre tres y seis meses”, en ciudades como Barcelona, donde existen juzgados especializados de familia. A su vez, detalla que es un tipo de divorcio mucho más económico, en comparación con el contencioso, que normalmente suele costar “entre tres y cuatro veces más”. No obstante, aclara que no se puede fijar un coste de media dado que influyen factores como el patrimonio o la existencia de hijos en la pareja.
Otra cuestión que resalta la abogada Varela es que en el mutuo acuerdo se pactan “pensiones conyugales más elevadas frente a las rupturas donde se celebra un juicio”, tal y como rezan las estadísticas.
En contraposición, el divorcio contencioso es aquel en el que no existe un acuerdo entre los cónyuges sobre ciertos aspectos del divorcio. Este hecho provoca la celebración de un juicio entre ambas partes para resolver esta falta de entendimiento.
Como ya hemos mencionado anteriormente, esta vía de divorcio es más lenta. Según Varela, en la capital catalana la demora puede llegar a ser de un año, cifra que aumenta hasta el año y medio en municipios que no tienen juzgados especializados de familia.
Por último, la presidenta afirma que en esta fórmula de oficializar la ruptura, el coste es más caro dado que exige más trabajo, más especialización y una dedicación exclusiva de entre 50 y 60 horas para el abogado en la preparación del juicio.