De entrada, una incongruencia. Que el Congreso de los Diputados vote sobre la reducción de la jornada laboral pasadas las nueve de la noche tiene un punto de contradicción. O bien sus señorías no creen en lo que predican o no saben organizarse. Dicho esto, la cuestión es que la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha apostado fuerte y la jugada le ha salido mal. El rechazo a su propuesta estrella de las 37,5 horas la deja en una frágil posición.
Por un lado, sin componentes substanciales para implementar el giro social que busca en esta legislatura. Hay otras medidas en su agenda, pero no de este empaque, y además, todo lo que tenga que pasar por el parlamento está destinado a sufrir un calvario. Ha ampliado los permisos por nacimiento y cuidados, y podrá aumentar de nuevo el SMI a partir de enero, aunque difícilmente automatizar se revalorización con la inflación como pretende, pero no habrá más elementos de peso.
Por otro lado, se ha quedado sola. Sus socios de coalición la dejaron hacer, pero sin creer nunca en que la arriesgada apuesta saliera bien. Los socialistas no compartían la apuesta, y lo que ahora buscan es encapsular el episodio para que no envenene la relación con Junts, tan indispensable para otras votaciones, como la de los presupuestos. El duro ataque que Díaz destinó a la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, recordándole de paso que tenía tres años la última vez que se redujo la jornada laboral en España, podía haber tensado las relaciones de Puigdemont con el Gobierno, aunque parece que finalmente no ha provocado daños irreparables.
Visto a posteriori, que es cuando los profetas se lucen, aparece un error táctico y dos de fondo
Visto a posteriori, que es cuando los profetas se lucen, aparecen tres posibles errores de Yolanda Díaz en esta operación. Uno es táctico, no conseguir que se retrasara la votación, ya que llegó de forma precipitada, cuando no se había conseguido todavía ningún progreso en las negociaciones. Las otras dos apreciaciones son más de fondo. Hay una realidad que se impone y es que no hay mayoría de izquierdas en el actual parlamento. Se podrá contar en ocasiones con Junts, pero considerarla como una fuerza de izquierdas es difícilmente digerible. Además, es la formación a la que el president de Foment, Josep Sánchez Llibre, lleva muchos meses dedicándole esmeros para reconducirla al papel que en su día jugó Converencia. Convencerla que vote en contra de la posición de la patronal, y a favor de una medida que afectará especialmente a las pequeñas y medianas empresas es pedir mucho.
La última carta que jugó Díaz es la del apoyo popular. Tiene toda la razón cuando plantea que la medida cuenta con la opinión favorable de la mayoría de la población según las encuestas, en España, en Catalunya y también en el electorado de Junts. Pero, entre que el elector sea favorable y que lo considere una prioridad hay una distancia. Es difícil mantener que hay un clamor social por los horarios. Los sindicalistas reconocen que, en las negociaciones de los convenios, la jornada cuenta, pero lo que decide son los salarios. Es cierto que, después de una larga etapa de pérdida de poder adquisitivo, por la subida de la inflación, los sueldos han empezado a recuperarse. Los trabajadores con convenio consiguieron un aumento del 3,3% el año pasado, y en agosto de este año estaban con una subida del 3,5%. Cifras por encima de la inflación, que en agosto se ha quedado en el 2,7%, pero que no recuperan todavía el golpe acumulado de los años pasados. Por tanto, prima más el sueldo que el horario, más cuando hay un drama que corroe el impacto del magnífico crecimiento del PIB, como es el acceso a la vivienda.
Yolanda Díaz y Míriam Nogueras en el Congreso
Es interesante la comparativa entre las dos grandes iniciativas que ha impulsado Yolanda Díaz. La reforma laboral, que sí consiguió aprobar, aunque de milagro en la pasada legislatura, y la reducción de jornada, que no ha podido impulsar en esta. La principal diferencia es que la reforma laboral contaba con el apoyo de la patronal, lo que en principio era un aval de peso, aunque a la hora de la verdad, la posición contraria del PP y la de algunos socios de izquierdas, como ERC, que pedían más, casi tumban la medida. Es decir, para la reforma laboral había mayoría de izquierdas suficiente para aprobarla en el parlamento.
En cambio, en la reducción de jornada, el ministerio de Trabajo puede alegar, y con razón, que dedicó once meses a negociar con los agentes sociales, pero lo cierto es que nunca consiguió que la CEOE se implicara de verdad. No es que en su momento la reforma laboral gustara a la patronal, pero en aquel momento Antonio Garamendi firmó, y sufrió, argumentando que de esta manera evitaba medidas más radicales. Parece que la patronal esta vez estudió el escenario parlamentario y llegó a la conclusión de que la medida no pasaría el filtro del Congreso y que, por lo tanto, no era necesario ceder nada. Si este fue el cálculo, lo bordó.
Ahora, Trabajo prepara el contraataque, aunque es limitado, más bien un premio de consolación. Se trata de aplicar de forma independiente uno de los elementos que incluía el proyecto de ley tumbado, el nuevo registro horario. Para intentar recomponer el relato después de la derrota el Ministerio ya tenía preparada la propuesta y la sacó a consulta pública al día siguiente del descalabro. Es un paso para convertir el muy ineficiente sistema actual de control del horario en uno de fiable, digital, y con acceso inmediato tanto para el trabajador, como su representación sindical y, punto clave, la inspección de trabajo. Es decir, el objetivo ya no es reducir la jornada, sino de asegurar al menos que se cumpla la actual.
