Catalunya ha empezado ya a tramitar sanciones por incumplimientos en el tope a los alquileres que rige en prácticamente todo el territorio. La consellera de Territori y Habitatge, Sílvia Paneque, ha avanzado este miércoles en el Parlament que su departamento tramita en la actualidad 30 expedientes por incumplimientos de la ley que limita las rentas desde el año pasado, la mayoría, en el área metropolitana de Barcelona.
El número es muy reducido, más si se pone en relación con todo el parque de alquiler de las zonas tensionadas. Entre enero y marzo de este año (últimos datos disponibles) se firmaron en estas áreas 25.809 contratos de alquiler, con lo que los expedientes sancionadores no llegarían ni al 0,12% de los nuevos arrendamientos sólo en este periodo.
El dato, no obstante, ha sido recibido con lecturas totalmente alejadas. A los comunes, con quien el Govern ha pactado medidas para endurecer la fiscalidad sobre la vivienda o la regulación del mercado, les parece poco. En la sesión de control de hoy en el Parlament han recriminado a Panque que no pongan más multas porque, según denuncian, en Catalunya se produce un fraude “constante” en los portales inmobiliarios y ya hace ocho meses que se aprobó el régimen sancionador. La consellera ha venido a darles. No hay “que ser Sherlock Holmes” para detectar que se producen incumplimientos, ha afirmado. Ahora bien, argumenta que los expedientes deben tramitarse “con la máxima seguridad jurídica”.
El sector inmobiliario y los propietarios, sin embargo, han recibido la noticia de los primeros expedientes con sorpresa. Consideran el dato de 30 incoaciones “irrelevante” si se tiene en cuenta todo el parque de alquiler, lo que indica, a su juicio, que se está cumpliendo el tope de rentas de forma mayoritaria. “El sector está intentando actuar con prudencia y busca adaptarse a una regulación compleja y cambiante”, sostiene Òscar Gorgues, gerente de la Campra de la Propietat Urbana de Barcelona.
“Sería necesario garantizar la seguridad jurídica antes de incoar expedientes”
Desde la entidad lamentan que la propia administración no tiene claros algunos conceptos clave a la hora de regular el alquiler y aplicar la normativa y las sanciones. “Existen discrepancias sobre la definición de gran tenedor o la renta máxima aplicable”, subraya Gorgues.
Por todo ello, considera “precipitado, intimidatorio e incluso irresponsable” empezar a tramitar multas. “Sería necesario garantizar la seguridad jurídica antes de incoar expedientes”, concluye.
El sector está recibiendo las nuevas medidas que endurecen la actividad inmobiliaria con una gran preocupación e incertidumbre. Cada vez más voces implicadas -entidades, empresas y propietarios-consideran que quien marca el rumbo de la política habitacional en Catalunya “son los comunes”. El anuncio de Salvador Illa hace unos días de que estudiará limitar la compra para invertir ha hecho saltar todas las alarmas. Este mismo miércoles, los comunes han insistido al Govern que regule este punto si quieren negociar los presupuestos.
También han causado desconcierto los cambios sobre la definición de gran tenedor. Economia considera que no se ha de contar la vivienda de residencia habitual a efectos de la subida del ITP, al contrario de lo que se había venido aplicando para el tope de rentas. Pero este mes, Habitatge, dependiente de Territori, parecía haber asumido sin previo aviso el criterio de Economia y lo añadió en su portal sobre el control de rentas. A las pocas horas de Guayana Guardian publicase esta modificación, toda la información referente a grandes tenedores desapareció del portal. Este diario ha intentado aclarar lo ocurrido, sin obtener respuesta.
Los alquileres han bajado un 4,9% en Barcelona hasta el segundo trimestre
En el Govern y las plataformas ciudadanas por la vivienda defienden sin embargo que la regulación está dando resultados y los precios del alquiler han frenado después de años desbocados. Esta tarde Paneque ha informado de la tendencia a la contención de los precios del alquiler se mantiene en el segundo trimestre del año. Así, la reducción acumulada llega al 4,9% en Barcelona ciudad y al 1,9% en el conjunto de los municipios declarados zona de mercado residencial tensionado.
