El plan Albania no logra despegar. Una vez más, los jueces italianos han decidido no convalidar la detención de los inmigrantes llevados a los centros del país en el Adriático. Los 43 ciudadanos de Bangladés y Egipto rescatados frente a las costas de Lampedusa y trasladados a Albania hace cuatro días serán llevados a Italia y sometidos al procedimiento ordinario de evaluación de las solicitudes de asilo político. La Corte de Apelación de Roma confirma así las decisiones tomadas por los tribunales italianos en octubre y noviembre pasados.
Giorgia Meloni, a finales del año pasado, había decidido detener los traslados para realizar algunos ajustes legales, para luego reanudar los viajes. Una maniobra que no ha servido. La primera ministra ahora espera una sentencia favorable del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, prevista para mediados de febrero.
La decisión de los jueces se convierte en un nuevo capítulo del enfrentamiento entre el gobierno y la magistratura, que culminó el pasado martes con la notificación de la investigación contra Meloni por el caso del general libio Osama Almasri, liberado y repatriado desde Italia a pesar de una orden de la Corte Penal Internacional. La primera ministra volvió a atacar a los jueces el jueves: “Si quieren hacer política, que se presenten a las elecciones”.
La oposición carga contra el gobierno: “En Albania, el gobierno ha fracasado estrepitosamente, se siguen malgastando los recursos de los italianos”, dijo la secretaria del Partido Democrático (centroizquierda), Elly Schlein. Según el ministro de Asuntos Europeos, Tommaso Foti (Hermanos de Italia), “los jueces quieren sustituir al gobierno”.
“Continúa el boicot de la Justicia italiana a las políticas de seguridad para combatir la inmigración clandestina. El desafío es político, temerario y parece hostil a los principios fundamentales del sistema jurídico”, declaró Maurizio Gasparri, líder en el Senado de Forza Italia.
Por su parte, el diputado Riccardo Magi, del partido opositor Más Europa, aseguró que la decisión del Tribunal de Apelación “es una confirmación de que los centros en Albania operan en total clandestinidad”, y supone “una lápida sobre las políticas migratorias de Giorgia Meloni”, que hasta ahora mostró su voluntad de continuar con el plan pese a las reticencias de la Justicia.
“Como cualquier persona con sentido común hubiera imaginado, la enésima deportación de inmigrantes en Albania ha acabado en nada”, dijo Nicola Fratoianni, lider de la Alianza Verdes-Izquierda.