Los países de la UE rebajan las cuotas de reparto de migrantes dentro del bloque comunitario
El futuro de Europa
Los Estados miembros, siguiendo el ejemplo de Meloni en Albania, avalan la creación de centros de deportación de migrantes en terceros países
Los países de la Unión Europea han acordado hoy reducir las cuotas del mecanismo de solidaridad previsto en el Pacto europeo de Migración y Asilo, que permite que los Estados con más presión migratoria —entre ellos, España— puedan reubicar parte de los recién llegados de forma irregular en otros Estados miembros o reclamar apoyo financiero de sus socios comunitarios. A la vez, la intensa reunión de los ministros del Interior de los Veintisiete ha confirmado el giro antimigratorio en el Viejo Continente al avalar algunas de las medidas más duras propuestas por la Comisión Europea, comenzando el marco legal para crear centros de deportación de migrantes en países extracomunitarios, como ha hecho la italiana Giorgia Meloni en Albania.
La propuesta inicial de Bruselas era permitir que, a partir de junio del 2026, se reubicasen unos 30.000 migrantes cada año de España, Italia, Grecia y Chipre y que la dimensión de las posibles ayudas a estos cuatro países fuese de 600 millones de euros. Pero esta cifra era considerada demasiado alta para gran parte de los Estados miembros, acostumbrados a sacar las garras en uno de los temas que más asperezas generan dentro del bloque comunitario.
Después de una larga discusión, los ministros de Interior de la Unión Europea han aceptado la solución intermedia de 21.000 migrantes para reubicarse o 420 millones de contribuciones financieras. El Consejo de la UE ha precisado que estas reducción tiene en cuenta que el pacto de asilo no se comenzará a implementar hasta el 12 de junio de 2026, y por lo tanto las reubicaciones no arrancarán hasta entonces.
Negociación
Los ministros del Interior de la UE han aceptado la cuota de 21.000 migrantes y 420 millones de compensaciones
Es un tema “especialmente sensible”, resumen fuentes diplomáticas europeas. Algunas capitales reclamaban reducir a la mitad —15.000 migrantes y 300 millones— el umbral anual del mecanismo de solidaridad, algo inasumible para España, que pedía mantener las cifras iniciales. La propuesta que al final ha prosperado ha sido la de la presidencia danesa, uno de los países que, pese a tener un gobierno socialdemócrata, es uno de los que más mano dura reclama con la migración.
El nuevo Pacto europeo de Migración y Asilo, aprobado por el Parlamento Europeo en el 2024, establece que Europa deberá repartir las responsabilidades en materia de asilo en todo el bloque, para que no sean solo los Estados en primera línea quienes deban hacerse responsables. El sistema en teoría debería funcionar mediante reubicaciones, contribuciones financieras o un apoyo operativo a Estos estados miembros.
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Las cifras finales, sin embargo, son irrisorias, comparadas con el total de llegadas. Según los datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en este 2025 solo en España han llegado más de 33.000 migrantes. Los otros países con derecho a activar este mecanismo de solidaridad por estar “bajo presión migratoria” son Italia (más de 63.000 llegadas), Grecia (más de 42.000) y Chipre (más de 2.000).
“El contingente de solidaridad no puede convertirse en un regateo de cifras”, ha criticado el ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska. Estas cuotas son solo para el 2026, y el año que viene las negociaciones deberían comenzar de nuevo en la cifra de 30.000 migrantes.
El total de 21.000 reubicaciones ni siquiera puede ser la cifra real, ya que la mayoría de los países prefiere ayudas financieras antes de aceptar nuevos solicitantes de asilo dentro de sus fronteras. Además, el mecanismo de solidaridad debe ser repartido entre los cuatro países considerados bajo presión migratoria. Es decir, que España tendrá que negociar con Italia, Grecia y Chipre bajo la coordiación de un representante de la Comisión Europea para decidir la configuración final tanto del fondo común de ayudas financieras como de las cuotas de migrantes reubicados.
Otros países especialmente reticentes a aceptar migrantes han logrado que puedan solicitar una deducción total o parcial de sus contribuciones al fondo de solidaridad argumentando que se encuentran bajo una “situación migratoria significativa debido a la presión migratoria acumulada de los años anteriores”. Se trata de Austria, Bulgaria, Croacia, República Checa, Estonia y Polonia, que se niegan a aceptar más migrantes pese al esquema de las nuevas reglas de asilo comunitarias.
Para el resto, las cuotas de 21.000 migrantes se distribuirán mediante cálculos de reparto equitativo, aunque cada país podrá decidir su combinación de reubicaciones, dinero y medidas alternativas. Las cifras concretas por país seguirán siendo confidenciales hasta que el Consejo adopte formalmente la decisión antes de final de año, y, posiblemente, desclasifique entonces los compromisos.
Nueva lista
Los Estados miembros consideran que Marruecos, Túnez o Egipto deben ser países seguros para retornar migrantes
La reunión de ministros del Interior también ha evidenciado las nuevas mayorías más conservadoras que han normalizado el puño de hierro contra la acogida, tanto en el Parlamento Europeo como entre los Estados miembros. Aunque todavía falta la luz verde del Parlamento Europeo, los países comunitarios han aprobado, pese a la oposición de España, las propuestas de la Comisión Europea para acelerar las deportaciones, incluyendo la posibilidad de expulsar a un migrante a un tercer país considerado seguro pese a que no exista ningún vínculo entre esta persona y este territorio.
Los Veintisiete bendicen asimismo el camino iniciado por la italiana Giorgia Meloni y dan su visto bueno a la creación de centros de deportación fuera del territorio comunitario, siempre y cuando se llegue a un acuerdo con un tercer país que “respete las normas internacionales sobre derechos humanos y los principios del derecho internacional”. Además, también han acordado la primera lista de países de origen considerados “seguros”, que además de Marruecos y Colombia, incluye a Bangladesh, Egipto, India, Kosovo y Túnez, así como en principio también a los países candidatos a la adhesión. Esto también facilita las cosas a Meloni, cuya iniciativa en Albania ha sido frenada por la justicia por este motivo.
A la espera de que se pronuncie la Eurocámara, todas estas medidas suponen un endurecimiento sin precedentes de las reglas de asilo. “Por primera vez, los nacionales de terceros países en situación irregular tendrán obligaciones. Y los Estados miembros dispondrán de un conjunto de herramientas mucho más eficaz: por ejemplo, será posible prolongar los períodos de detención y las prohibiciones de entrada, y el acuerdo alcanzado hoy permitirá tanto a la Unión Europea como a uno o varios Estados miembros celebrar acuerdos o convenios con terceros países sobre centros de retorno”, ha celebrado el ministro de Migración e Integración danés, Rasmus Stoklund.