Este martes, Israel rescindió los permisos de más de 30 oenegés internacionales que operan en Gaza. En marzo, un equipo interministerial del gobierno de Beniamin Netanyahu había dado hasta finales de año para que toda organización que quisiera seguir trabajando en los territorios palestinos se adaptara a una nueva regulación israelí. Pero aquella actualización de la regulación, que a priori suena a trámite, no era una cuestión burocrática más, sino un intento de Tel Aviv de obtener información confidencial de estas instituciones y sus empleados a través de criterios que la ONU ha definido como “vagos, arbitrarios y altamente politizados”.
Según los nuevos requisitos, las oenegés deben proporcionar al Estado israelí datos sobre sus empleados palestinos, su financiación y su posicionamiento político. ¿Niegan la existencia de Israel como Estado judío y democrático? ¿Promueven campañas de deslegitimación contra Israel? ¿Instan al boicot? ¿Apoyan el procesamiento de las fuerzas de seguridad israelíes en tribunales extranjeros o internacionales?
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Son algunas de las preguntas que estas instituciones han de responder si quieren seguir suministrando ayuda humanitaria y atención sanitaria a la población de Gaza. “El mensaje es claro. Ayuda humanitaria, sí. Aprovecharla con fines terroristas, no”, dijo Amichai Chikli, ministro de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo e impulsor de las nuevas restricciones.
Hoy, último día del año, el cumplimiento del plazo ha dejado fuera del enclave palestino al 15% de las misiones humanitarias que hasta ahora estaban allí destinadas —37, según Haaretz—. La mayoría de las organizaciones afectadas alegan que compartir la información que Israel les pide viola sus obligaciones jurídicas internacionales. Por lo que ha adelantado la oficina de Chikli, mañana 1 de enero Israel revocará sus licencias, y se prevé que las oenegés cesen por completo su actividad dentro de la franja antes del 1 de marzo.
Cese de la ayuda
MSF es una de las organizaciones cuyo permiso va a ser revocado porque la información que pide Israel viola sus obligaciones jurídicas internacionales
El veto incluye nombres de grandes instituciones, algunas de ellas responsables por sí solas de buena parte de la mercancía que entra en el territorio palestino. Gaza notará sobre todo la salida de Médicos sin Fronteras (MSF), que se ha amparado en la ley francesa para defender la privacidad de sus trabajadores. Desde antes de que entrara en vigor esta nueva regulación, Israel ya acusó a MSF de tener en su plantilla a miembros de la Yihad Islámica Palestina (YIP) y Hamas, y ya en junio de 2024 el ejército de Netanyahu mató a un fisioterapeuta de la oenegé mientras se dirigía a su clínica. La COGAT —la agencia coordinadora de las actividades gubernamentales israelíes en Palestina— alegó entonces que el sanitario había ayudado a desarrollar y perfeccionar el arsenal de cohetes de la YIP.
La ayuda no gubernamental extranjera permite el funcionamiento de uno de cada tres centros médicos de Gaza, y pone al servicio de la población local mil millones de dólares anuales. MSF, que atiende a una de cada cinco personas hospitalizadas en la franja, fue una de las más de 200 organizaciones que el 17 de diciembre firmaron un comunicado en el que se alertaba de que la expulsión de actores humanitarios de Gaza supondría un “impacto catastrófico en el acceso a los servicios esenciales y básicos”.
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El portavoz del Ministerio de Exteriores israelí, Oren Marmorstein, respondió este martes a aquella preocupación e insistió en que las ONG pueden seguir inscribiéndose siempre y cuando cumplan los nuevos requisitos. Según ha contado al diario francés Le Monde una fuente humanitaria, Israel ha desestimado las solicitudes de algunas oenegés que habían descrito la muerte de 70.000 palestinos en dos años como ‘genocidio’.
Según el comunicado firmado por MSF a mediados de mes, la retirada forzosa de misiones humanitarias en Gaza podría poner más peso sobre los hombros de agencias de la ONU como la UNRWA, cuyos trabajadores también fueron objetivos de Israel durante la guerra y cuya presencia en Palestina es cada vez más arriesgada. El lunes, la Kneset aprobó por 59 votos a favor y 7 en contra una ley que permitirá a las autoridades israelíes confiscar las propiedades de la UNRWA, bloquear los servicios bancarios y de pago y tipificar como delito la cooperación con la agencia.
Mordaza
Según algunas fuentes, Israel ha desechado las solicitudes de algunas oenegés por haber cifrado en 70.000 las muertes de palestinos y hablar de genocidio
El mismo martes, un grupo de países aliados de Israel expresó su preocupación ante la posibilidad de que haya mayores limitaciones para la entrada de ayuda a Gaza. En un comunicado conjunto, los ministros de Exteriores de Canadá, Japón y ocho países europeos tildaron de “inaceptable” la rescisión de los permisos a las oenegés internacionales, y advirtieron de que las consecuencias podrían causar un “impacto severo”.
El escrito condenaba las condiciones “catastróficas” de los 1,3 millones de gazatíes que aún no tienen dónde refugiarse de los temporales este invierno, y pedía a Israel levantar las nuevas restricciones y dejar que las oenegés internacionales puedan operar en Gaza “de manera sostenida y predecible”. El documento también instaba a Netanyahu a no interrumpir el mandato de la UNRWA en la franja, permitir la entrada de suministro médico y abrir por completo el paso de Rafah.