El Pentágono disfrazó de civil el avión con el que lanzó su primer bombardeo en el Caribe

Estados Unidos

Según una información de 'The New York Times', la Administración podría haber incurrido en un crimen de guerra de perfidia

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El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, en una imagen de archivo. 

Evelyn Hockstein / Reuters

El Departamento de Guerra de Estados Unidos podría haber violado la ley de guerra en su primer bombardeo contra una supuesta narcolancha en el Caribe, el pasado 2 de septiembre. Según una información confirmada por funcionarios de la Administración de Donald Trump a los periódicos The New York Times y The Washington Post, el Pentágono habría utilizado una aeronave secreta, pintada con apariencia civil, sin las habituales marcas grises militares, y con el armamento oculto dentro del fuselaje, para ejecutar la operación que causó la muerte de 11 personas a las que la Casa Blanca acusó sin presentar evidencia de estar transportando drogas.

Se trata del polémico bombardeo que ya causó revuelo porque, en un primer ataque, quedaron dos supervivientes que fueron rematados posteriormente en un segundo bombardeo. Este hecho, que no ha acarreado ninguna responsabilidad por parte del Pentágono, también supone según expertos un crimen de guerra, pues el derecho internacional prohíbe atacar a náufragos o heridos en el mar y obliga a la parte agresora a proteger su integridad.

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La revelación de que se usó un avión con apariencia no militar ha generado un renovado escrutinio, pues las leyes de los conflictos armados prohíben que los combatientes finjan ser civiles para engañar al adversario y hacer que baje la guardia, para luego atacarlo y matarlo.

Ese crimen de guerra se denomina “perfidia” y también aparece en los manuales militares del Pentágono. Un manual de la Marina, en concreto, afirma que los combatientes legítimos en el mar deben utilizar la fuerza ofensiva “dentro de los límites del honor militar, en particular sin recurrir a la perfidia”. Además, subraya queos comandantes tienen el “deber” de “distinguir sus propias fuerzas de la población civil”.

Aunque Estados Unidos no estaba oficialmente en guerra contra los narcotraficantes, ni los ataques fueron autorizados por el Congreso, el presidente Trump “determinó” que sí está en un conflicto armado contra los cárteles de la droga. Esa determinación ha justificado más de una treintena de ataques a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, en los que se ha ejecutado extrajudicialmente a más de un centenar de personas.

Según los medios estadounidenses que han revelado la información, el avión disfrazado descendió lo suficiente como para que los tripulantes de la supuesta narcolancha pudieran verlo. Aunque presumiblemente no cayeron en el engaño del Pentágono, pues la lancha se dio la vuelta hacia Venezuela, aparentemente tras ver el avión, antes del primer impacto.

Los manuales del Pentágono detallan el “deber” de utilizar la fuerza “dentro de los límites del honor militar, sin recurrir a la perfidia”

Tras caer el primer misil, los dos supervivientes, agarrados a un fragmento del casco del barco destrozado, hicieron gestos con las manos saludando al avión. Sin embargo, no les sirvió para salvar sus vidas, pues poco después cayó el segundo misil. Los funcionarios que han informado anónimamente a los medios estadounidenses afirman conocer los hechos gracias a un video de vigilancia del ataque.

Tanto el Pentágono como la Casa Blanca han defendido que esa operación fue “plenamente coherente con el derecho de los conflictos armados”. Un portavoz de las Fuerzas Armadas aseguró a The New York Times que, “antes de desplegar y emplear cada aeronave, pasan por un riguroso proceso de adquisición para garantizar el cumplimiento del derecho interno, de las políticas y normativas del departamento y de las normas internacionales aplicables, incluido el derecho de los conflictos armados”.

Sin embargo, el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, y el presidente Trump han recibido críticas por haber mantenido los planes de su operación en el Caribe en un círculo muy reducido, en el que se ha excluido a muchos abogados militares y expertos operativos que suelen participar en este tipo de ataques. Hegseth se ha deshecho de gran parte del control legal interno y despidió en febrero, en su segundo mes en el cargo, a los principales juristas de las distintas divisiones del ejército.

Aunque no está claro qué tipo de avión se utilizó en este ataque, podría tratarse de un 737 modificado, pues este tipo de aeronave ha sido identificada sin marcas militares en bases aéreas del Pentágono. Desde aquel primer bombardeo, el Departamento de Guerra ha pasado a utilizar aeronaves con clara distinción militar en sus ataques contra supuestas narcolanchas, incluidos drones MQ-9 Reaper. 

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