La ordinalidad y el ‘dumping’ fiscal: una lectura meridional
Cuadernos del sur
Una autonomía es un juego sutil de equilibrios. Su suma no tiene que ser necesariamente cero, pero sí aproximarse a ese término medio en el que los clásicos situaban la virtud para que la responsabilidad (fiscal) case con la libertad de las decisiones (de gasto). Salvo en España, donde la asimetría regional, que tiene raíces profundas y seculares, perdura o avanza, según el caso, debido a las constantes reivindicaciones políticas, camufladas bajo el socorrido término de históricas, y a las apelaciones sobre la singularidad.
Todo el mundo es distinto y, a la vez, existen invariantes que nos igualan. Quienes apelan a la igualdad no siempre la practican en el orden tributario. Y al contrario. El polémico acuerdo institucional sobre el cupo catalán, que sus promotores califican como inverosímil y vaporoso, y sus opositores consideran un ataque a la cohesión social, produce por igual filias y fobias.
Mapa de España en el que se presenta la división territorial con la clasificación de todas las Provincias de la Monarquía según el régimen legal especial común en ellos
En las instituciones de Catalunya se apela al concepto de ordinalidad –por el cual las regiones que más aportan a la caja única deben ser, a su vez, las que más recursos generales reciban– y en Andalucía, que es receptora neta de los fondos de las políticas de cohesión territorial, a la justicia social.
Ninguna de ambas posiciones es inocente. Sectores de la sociedad catalana interpretan la política tributaria como un derecho territorial –los impuestos los pagan los ciudadanos y las empresas, no las regiones– y, en el Sur, se tiene pavor a discutir los límites (temporales) de la redistribución de rentas. Es un terreno abonado para la demagogia y la confrontación política.
Moreno Bonilla y la consejera de Hacienda de la Junta, Carolina España
Andalucía se opone al concierto catalán por motivos obvios: la medida, de implementarse tal y como se formulaba en el acuerdo político entre el PSC y ERC –“una minoría política en Catalunya”, reiteraba el pasado fin de semana, en una entrevista en La Vanguardia, el presidente de la Junta–, supondría un impacto negativo directo sobre su economía y una reducción sustancial de los recursos disponibles para sufragar los servicios públicos.
La Generalitat sostiene –sin aportar argumentos contables sólidos– justo lo contrario. La hipotética extensión de un sistema de cupo al resto de autonomías –la idea del PSOE para que otros territorios comulguen con la rueda de este molino– no atenuará el malestar territorial, que ya rebasa lo estrictamente partidario para convertirse en una pulsión social.
Jordi Hereu, Félix Bolaños, María Jesús Montero y Salvador Illa Chema Moya
Al igual que sucede con la mutualización de la deuda regional –un debate paralelo–, dar idéntico trato a quienes se encuentran en una coyuntura dispar no es favorecer la equivalencia, sino institucionalizar la distinción.
Tampoco la discusión sobre el dumping fiscal –reducir la presión fiscal en un territorio para atraer contribuyentes, inversiones y empresas de otras regiones, práctica permitida por las leyes– sirve para equilibrar la balanza. Los hechos tienen matices, pero no dejan de ser lo que son por eso.
Es contradictorio defender la autonomía fiscal de un territorio y negarla, incluso en los tributos de competencia regional, a los demás. La realidad no es conceptual. Es pedestre: las rentas de más de 60.000 euros suponen en Andalucía el 33,4% de la recaudación tributaria total, mientras que en Catalunya esta cifra asciende al 44% y en Madrid llegan hasta el 55,7%
En el Sur de España, desde luego, ni el argumento de la ordinalidad ni el del dumping fiscal, muy técnicos, van a servir como antídotos frente a la oposición al concierto catalán. La explicación no es política. Es aritmética.
Andalucía es la última región en recaudación de IRPF per capita: 23.200 euros frente a los 35.300 de Catalunya y los 42.100 euros de Madrid. Un concierto andaluz, fórmula que sólo plantea el PSOE, no va a eliminar este escalón, que no obedece a una condena divina, sino que es resultado de un devenir histórico, una coyuntura social y un sustrato cultural.
La transformación del sistema fiscal en una suma de cupos regionales beneficiaría a Madrid, Baleares y Catalunya. A nadie más. Andalucía solo cubre el 46% de su presupuesto con impuestos recaudados en la región.
La Junta calcula el impacto teórico del concierto catalán –que reducirá los recursos de nivelación territorial del Estado– en 5.000 millones de euros anuales (el 18% de los recursos que recibe Andalucía). Esta cantidad se sumaría al déficit acumulado de financiación que padece la gran autonomía del Sur desde 2009. La cifra sube pues hasta los 6.500 millones. Cada año.
Moreno Bonilla, que no ha hecho reforma alguna en la administración regional ni ha tomado medidas de fondo para contener el gasto público en los últimos siete años, ha aprobado desde 2019 leyes para reducir la presión fiscal sobre tributos regionales o compartidos con el Estado.
Dichas rebajas, sin embargo, que en términos globales no superan los 900 millones de ingresos, distan de ser comparables con las existentes en la Comunidad de Madrid, favorecida por su condición de capital y sede de las grandes corporaciones. Además, desde 2023 estas bonificaciones han ido moderándose o atenuándose, aunque de forma discreta. Sin publicidad.
La Junta, según la Airef, ingresará este ejercicio 40 millones de euros más debido a la eliminación de una bonificación en el Impuesto de Patrimonio (grandes fortunas), a la supresión del canon de aguas –amparándose en la situación crónica de sequía– y a otros tributos secundarios.
No cabe pues hablar exactamente de competencia tributaria desleal en Andalucía porque la magnitud presupuestaria de todas las decisiones de reducción de impuestos adoptadas por San Telmo durante las dos últimas legislaturas es sustancialmente inferior en comparación con el quebranto estructural que supondría para Andalucía la existencia de un cupo catalán.
La singularidad de Catalunya mermaría las arcas de la Junta en una proporción similar al dinero –5.700 millones– que supone la suma de todos los beneficios fiscales autonómicos (tributos de sucesiones, donaciones, patrimonio y tramos regionales de IRPF) vigentes ahora mismo en España.
Este 5% de la recaudación estatal, descontando las excepciones forales, queda obscenamente lejos de los 30.000 millones que, según los expertos, se perderían al dar luz verde a la financiación singular de Catalunya.
A menos de un año –salvo que medie adelanto súbito– para los comicios autonómicos de 2026, el concierto catalán es gasolina para Moreno, al que las encuestas conceden hasta 22 puntos de intención de voto por encima de los socialistas, y pólvora en las alas de Montero, vicepresidenta, ministra de Hacienda, número dos de Ferraz y cartel del PSOE en Andalucía.