En Linares, agentes de la Unidad de Policía Nacional Adscrita (UPA) que prestan servicio a la Junta de Andalucía en Jaén han arrestado a un individuo presuntamente implicado en el abuso sexual de una niña de ocho años. Asimismo, se detuvo a la progenitora de la menor, bajo cargos de permitir los abusos a cambio de compensación económica y otros beneficios.
La pesquisa, encabezada por el Departamento de Protección Infantil de la Comisaría Provincial de la UPA en Jaén, comenzó a principios de octubre después de recibir datos oficiales que advertían sobre el severo peligro que enfrentaba la niña de ocho años. Los informes señalaban que la pequeña podría estar sufriendo maltratos físicos y que, adicionalmente, estaría siendo “ofrecida a adultos para ejercer la prostitución”.
Una vez que la Unidad de Atención a la Familia (UPA) identificó y ubicó a la niña y a sus parientes cercanos, confirmó la presencia de señales de peligro y abandono. Las investigaciones policiales se intensificaron, y se recogieron declaraciones de individuos del círculo íntimo de la menor que corroboraron los serios sucesos: la madre agredía físicamente a la niña y permitía que un hombre, quien residía cerca de la familia, la tocara a cambio de dinero y otras ventajas.
Arrestos y la remoción de la segunda hija
Tras identificar al individuo sospechoso de cometer las agresiones sexuales, se efectuó el arresto de este y de la progenitora de la persona agredida. La ejecución de estas detenciones se llevó a cabo gracias al apoyo de las Comisarías de la Policía Nacional ubicadas en Úbeda y Linares.
Cuando la madre fue arrestada, estaba con su otra hija, que tenía solo un año. Los oficiales también se llevaron a esta segunda niña y la pusieron bajo el cuidado del Servicio de Protección del Menor de la Junta de Andalucía en Jaén, ya que determinaron que su hogar era “nocivo para su intereses y desarrollo”.
Estado legal de los individuos aprehendidos y de las menores
Los individuos arrestados han sido entregados a las autoridades judiciales y fiscales pertinentes, las cuales han emitido disposiciones de restricción de acercamiento en relación con la joven perjudicada para asegurar su resguardo mientras prosiguen las investigaciones con el fin de establecer la seriedad y la magnitud precisa de los sucesos.
Tras las acciones emprendidas por la UPA y el Servicio de Protección del Menor, la joven que se presume fue agredida física y sexualmente está ahora fuera de Andalucía, bajo el cuidado temporal de otros parientes, mientras se aguarda una decisión judicial o administrativa final sobre su caso.