Es sabido que los delincuentes van por delante de las leyes y que estas se crean o se adaptan para responder a las nuevas formas delictivas y para evitar que se conviertan en problemas mayores y sea más difícil resolverlos. Esto sucede aquí y en todos los países, aunque algunos son diligentes y rápidos en preparar las respuestas, otros se hacen los remolones pero acaban actuando, y el resto solo se activa cuando el problema emerge tanto que provoca alarma social.
Nosotros estamos en este último grupo, a tenor de clamorosas evidencias en diversos ámbitos de actuación. La semana pasada pudimos leer en nuestro diario tres ejemplos que demuestran cómo la dejación de soluciones deriva en enquistamientos de los problemas.
La impunidad se debe combatir con firmeza y antes de que derive en un problema mayor
El primer caso lo destapó nuestro compañero Toni Muñoz. Se trata de Marc M., un ocupa multirreincidente que acumula 225 denuncias y 31 detenciones. Los jueces admiten que ha convertido la ocupación en un modus vivendi mediante la extorsión a los propietarios de los inmuebles que asalta. Se calcula que los ingresos, naturalmente en negro, obtenidos con esta actividad, van de un mínimo de 112.000 euros a un máximo de un millón de euros. No ha pasado ni un día en la cárcel porque el agravante legal de la multirreincidencia solo se aplica en hurtos.
Alguien podría decir que este es un caso único y que no se puede generalizar. Pero la verdad es que la policía sabe que en Catalunya existe una industria de la ocupación y de la desocupación muy arraigada debido a la laxitud legal y a la simpatía hacia la ocupación de ciertos partidos políticos. No hay que olvidar que un grupo parlamentario catalán editó una guía práctica para realizar ocupaciones de viviendas con consejos para eludir o dilatar la acción policial y judicial. Esta industria ocupa se aprovecha de la precariedad de familias necesitadas y de la bondadosa legislación para forrarse. El quiste se ha hecho tan grande que necesita cirugía mayor y valentía política para extirparlo.
Desmantelamiento del poblado de chabolas de la Sagrera
El segundo ejemplo tiene como escenario el tramo sur de la AP-7 a su paso por las Terres de l’Ebre. Como ya explicamos en estas líneas la semana pasada, la desidia administrativa ha eternizado la necesaria ampliación a tres carriles de la vía en esa zona. Eso evitaría el goteo de muertes por accidentes, diez de ellos este año eran camioneros. La solución planteada ahora es reducir la velocidad de una vía considerada rápida mientras no llega la ampliación prometida.
Pero lo que llama más la atención es el anuncio de incrementar los controles porque se ha detectado una multirreincidencia en infracciones de transportistas que no respetan el tiempo de descanso, un tipo de sanción que ya supone el 60% del total. Además, las multas por conducir bajo los efectos de las drogas que toman precisamente para conducir más tiempo sin descansar, han aumentado un 26% este año. Los Mossos d’Esquadra de tráfico hablan abiertamente de empresas “multirreincidentes”. Como el caso anterior, la ley de la multirreincidencia tampoco atiende esta casuística que se ha descontrolado.
Y el tercer ejemplo es el barraquismo que vuelve con fuerza en Barcelona. La semana pasada hubo un incendio con dos heridos en un asentamiento de un centenar de chabolas en la Sagrera. Al día siguiente, la Guàrdia Urbana procedió al desalojo de esas infraviviendas instaladas allí desde hace años, tras un revuelo político y nuevos reproches del Ayuntamiento a la Generalitat.
Nadie debería vivir en una chabola, pero ¿por qué se tolera que crezca un poblado entero? Y la Sagrera no es el único enclave de pobreza extrema. En este caso, la multirreincidencia es administrativa y política que está condicionada por algunos discursos que parecen defender la vida en barracas. Está claro que sin control ni prevención, la multirreincidencia se contagia.
