La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha ratificado las condenas a 30 años de prisión para una mujer y dos hombres, culpables de detención ilegal, robo con violencia y lesiones a dos ancianos de La Palma. Las penas consideran el agravante de que los delitos fueron cometidos durante la noche y con disfraces, así como el atenuante de que uno de los acusados era toxicómano.
Sin embargo, el TS descarta que los implicados formaran una banda organizada y absuelve a uno de los detenidos de todos los cargos. Además, los tres condenados deberán asumir una responsabilidad civil de 15.000 euros, correspondiente al dinero robado, el valor de las joyas y objetos sustraídos, cuyo monto se determinará durante la ejecución de la sentencia, ya firme. También se incluirán los gastos médicos que los ancianos tuvieron que cubrir debido a las lesiones sufridas durante los asaltos.
El tribunal consideró que el tiempo transcurrido durante la privación de libertad excede “claramente el mínimo necesario para el delito de robo”
En un giro del caso, la defensa de la mujer solicitó la nulidad del proceso tras descubrir que una limpiadora del juzgado palmero había tomado una fotografía del sumario, la cual se difundió ampliamente en redes sociales durante el juicio, lo que supuestamente “contaminó” la vista. El Tribunal Supremo desestimó este argumento, considerándolo infundado. En septiembre de este año, la trabajadora aceptó una sentencia de conformidad.
Los recursos presentados, que fueron rechazados, argumentaban que no se usaron disfraces en los robos y cuestionaban la gravedad de las lesiones, que fueron alegadas no por la Fiscalía, sino por la acusación particular. En cuanto a la detención de las víctimas, el TS concluyó que estas fueron privadas de libertad durante el robo, pero no se puede considerar secuestro. El tribunal consideró que el tiempo transcurrido durante la privación de libertad excede “claramente el mínimo necesario para el delito de robo” en el primer caso y fue más grave en el segundo.
Finalmente, el TS validó el seguimiento de los móviles de los acusados realizado por la Guardia Civil, que situó a los procesados en los lugares y fechas de los delitos. El fallo judicial confirma que, a finales de 2020, la mujer organizó el grupo, que también contaba con otro miembro no identificado, y que los acusados se distribuyeron las tareas para llevar a cabo asaltos violentos a viviendas con los moradores dentro.