La reforma de los juzgados arranca con falta de jueces y menos funcionarios
Justicia
La Generalitat crea 207 plazas para cubrir las vacantes y las bajas
La sección mercantil de Barcelona está plenamente adaptada a la ley de eficiencia
Cualquier ciudadano que haya ido en los últimos días a la Ciutat de la Justícia se habrá topado con un nuevo panel de bienvenida: Tribunal de Instancia de Barcelona. El poste informativo da cuenta de la profunda transformación que experimentan los juzgados de Barcelona para adaptarse a la nueva ley de eficiencia, que en la capital catalana entró en vigor el 31 de diciembre.
La reforma de la denominada ley Bolaños se puso en marcha el año pasado en toda España y desembarca en Barcelona en la última fase del despliegue, junto a otros partidos judiciales de grandes ciudades como Girona, Lleida y Tarragona.
Durante los primeros 24 días, el Ministerio, la Conselleria y el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) hacen una valoración positiva, si bien son conscientes de que la transformación arranca con falta de personal y de jueces. “Es una reforma de gran calado. El tribunal de instancia no es apretar un interruptor y que los plazos se reduzcan”, advierte el conseller de Justícia, Ramon Espadaler. “Se necesitan más recursos humanos, sobre todo jueces, y tiempo para aterrizar todo esto”, añade. Espadaler asume que faltan jueces, pero cree que “pronto podría dar noticias positivas en este sentido”.
El 20% de los trabajadores cambia de área de trabajo, lo que provocará retrasos en la tramitación
El cambio más visible es la nomenclatura. Los juzgados pasan a denominarse secciones, y los juzgados son una plaza de dicha sección. Por ejemplo, el juzgado civil número 4 pasa a llamarse Sección Civil del Tribunal de Instancia de Barcelona, plaza número 4. Pero más allá del nombre, la reforma entraña un profundo rediseño organizativo. Los funcionarios ya no dependen de un juzgado concreto, sino que se concentran en una oficina judicial dividida en tres áreas —tramitación, ejecución y servicios comunes— que auxilia al juez de su sección según las necesidades.
Para llevar a cabo toda la reformulación ha sido necesario redistribuir al personal, adaptar los programas informáticos, habilitar nuevos espacios en los edificios, modificar los paneles informativos y ofrecer formación a la plantilla, que en algunos casos ha cambiado de lugar de trabajo. La Generalitat, el TSJC y el Ministerio han mantenido más de 70 reuniones para planificar una adaptación que ha afectado a 7.543 funcionarios. El 20% de los trabajadores ha cambiado de área de trabajo, lo que implica un tiempo de rodaje para adaptarse a sus nuevas obligaciones y que provocará retrasos en la tramitación de asuntos. La Conselleria considera, sin embargo, que una vez la maquinaria esté engrasada, se recuperarán los plazos e incluso se acortarán.
En los primeros días se han producido problemas informáticos con funcionarios que no podían acceder a los expedientes de su nuevo destino, aunque lo que más preocupa es la falta de personal. La redistribución de plazas, sumada a las bajas y vacantes sin cubrir, ha dejado a algunos juzgados con menos personal que antes de la reforma. Por ello, la Generalitat ha creado in extremis 207 plazas de interinos para suplir las carencias de personal, quienes se incorporarán en febrero. “Afrontar una reforma de tanto calado sin el personal suficiente es muy complicado. Hemos pedido que se priorice el problema de personal. Tenemos menos funcionarios de los que teníamos en diciembre”, lamenta la decana de los juzgados, Cristina Ferrando, cuya nueva denominación es presidenta del Tribunal de Instancia de Barcelona.
Se necesitan más recursos, sobre todo jueces, y tiempo para aterrizar todo esto”, asume Espadaler
En la capital catalana, que concentra un tercio de toda la actividad judicial de Catalunya, la implantación de la ley será progresiva por jurisdicciones hasta el 31 de marzo, cuando todas deberán estar adaptadas al nuevo funcionamiento. La Sección Mercantil ya está totalmente implantada; le seguirán la contenciosa, la de familia, la civil y la social. La jurisdicción penal, que concentra un tercio de los asuntos, todavía funciona con fax y papel y no podrá adaptarse hasta que esté digitalizada —la previsión es el año que viene—. El año pasado, la Generalitat destruyó más de tres toneladas de papel de los juzgados y reorganizó documentación equivalente a 53 kilómetros.