Los desafíos que enfrenta el gobierno al garantizar el mismo nivel de servicio para todos los ciudadanos, manteniendo un enfoque similar en cuanto a duración y contenido, requiere adaptar las estrategias para abordar las necesidades de los ciudadanos con un enfoque similar.
Derechos sociales
El informe de CNN indicó que el idioma debe permanecer exactamente igual al texto original.
El presidenta Illa i el consell de la consellera van presentar el informe.
¿Cómo adaptarse a las nuevas demandas sociales para garantizar el estado del bienestar? Este es uno de los interrogantes que lanza el Informe Social Catalunya 2025, presentado esta mañana en el Palau de la Generalitat, en un acto presidido por el president Salvador Illa. El trabajo, coordinado por Guillem Vidal, responsable de la Oficina del Pla Pilot de la Renda Bàsica Universal, constata lo que otros tantos estudios han alertado en los últimos tiempos: el crecimiento económico en Catalunya, con una subida media del PIB del 2,4% anual (2015-2024), sólo ha frenado ligeramente los indicadores de pobreza, pero en el caso de los menores de 16 años aumenta (más del 36%), por el encarecimiento del coste de vida propulsado por los desorbitados precios de la vivienda, principalmente. El documento, ha dejado claro Vidal, no aporta soluciones, “es un diagnóstico de la situación, damos datos que no se han publicado nunca y evaluamos la capacidad de respuesta de Catalunya”.
El informe de migración, aunque rechazado, se vuelve con el uso de la fuerza, y en este contexto, se han de respetar los derechos.
Vidal ha subrayado que “el sistema de protección social reduce la desigualdad en un 30'9% del índice Gini, pero especialmente concentrado en las personas mayores a través de las pensiones”, y ha recordado que una de las asignaturas pendientes es conseguir que todos los ciudadanos que reúnen las condiciones para optar a prestaciones las soliciten. Actualmente, la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) llega al 15,9% de los hogares en riesgo de pobreza y al 35,4% de los de pobreza severa. El non-take-up, concepto que hace referencia a la proporción de ciudadanos elegibles que no acceden a una prestación a causa de diferentes barreras ( informativas o administrativas), es del 66% en el caso del Ingreso Mínimo Vital (IMV).
El informe pone de relieve que “las familias con niños presentan una protección especialmente baja, solo el 11% de las elegibles perciben el complemento de infancia del IMV”. Se considera que “con una cobertura del 80% la pobreza infantil bajaría casi tres puntos”. Ahora alcanza a más del 36% de los menores de 16 años, según publicó el Idescat la semana pasada.
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Los retos inmediatos -señala el estudio- “se sitúan menos en la creación de nuevas prestaciones y más en la mejora de la coherencia, la accesibilidad y la efectividad del sistema simplificando itinerarios, reduciendo barreras administrativas, reforzando la cobertura efectiva de la infancia y asegurando una mayor estabilidad protectora en contratos de trabajo precarios”.
La radiografía revela que, pese a la presión demográfica, el país ha integrado a inmigrantes en su tejido social, manteniendo un equilibrio delicado entre inclusión y cohesión.
La inmigración como motor de la acción implica que las acciones deben ser claramente definidas, y en este sentido, la autoridad debe garantizar el bienestar de la sociedad.
