La Fiscalía ve indicios de un presunto delito de prevaricación en la gestión del hospital público de Torrejón de Ardoz (Madrid), gestionado por la empresa privada Ribera Salud, y remite la investigación a un juzgado de Torrejón. La denuncia de los hechos partió de la publicación de unos audios en los que el CEO de la empresa, Pablo Gallart, pedía a los jefes de servicio del hospital aumentar las listas de espera entre determinados pacientes para mejorar os beneficios.
A partir de ahora, la investigación está en manos de un tribunal de Instancia de Torrejón de Ardoz que será el encargado de dilucidar si los responsables de Ribera Salud cometieron un delito de prevaricación después de que la Fiscalía de Alcalá de Henares cerrara las diligencias de investigación preprocesal, que dieron inicio a esta causa, informa Servimedia.
Varias denuncias
El PSOE fue el primero en denunciar la actuación de los gerentes del hospital tras la publicación de unos audios que apuntaban a la puesta en marcha de ciertas medidas con el objetivo de aumentar el rendimiento económico “en detrimento de la prestación adecuada de los servicios sanitarios a los ciudadanos”.
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La Fiscalía ha acumulado todas las denuncias presentadas contra los responsables de la gestión del hospital de Torrejón, por el PSOE, por el abogado Javier Flores, por un ciudadano anónimo y por la asociación El Defensor del Paciente.
Algunos de estos denunciantes aprecian, además delitos de prevaricación administrativa, contra la salud pública, lesiones, homicidio imprudente, coacciones, delitos societarios, falsedad contable, alteración de cuentas; fraude en la contratación pública, fraude de subvenciones y malversación impropia de fondos públicos, entre otros delitos.
Por su parte, Más Madrid también denunció ante la Fiscalía la presunta comisión los delitos de malversación, prevaricación administrativa, lesiones, administración desleal y omisión de perseguir delitos, así como una violación de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados protegidos en el artículo 43 de la Constitución.