Ayuso acudirá a los tribunales si se aprueba la ley de gestión pública de la salud
Polémica
El Gobierno de la Comunidad de Madrid califica la próxima normativa de “invasión de competencias”
Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz, uno de los cinco centros bajo concesión en la Comunidad de Madrid.
El portavoz del Gobierno madrileño, Miguel Ángel García Martín, ha avisado este miércoles de que, si llegara a aprobarse el anteproyecto de ley para priorizar la gestión pública de los servicios sanitarios, “tendría su correspondiente respuesta en los tribunales” por parte de la Comunidad de Madrid.
Durante la comparecencia ante los medios tras el Consejo de Gobierno, García Martín ha manifestado que la ley implicaría una vulneración de las “competencias exclusivas” de la Comunidad de Madrid.
De cualquier modo, el portavoz desconfía “mucho” de que la normativa logre ser ratificada por el Congreso de los Diputados, considerando la debilidad parlamentaria del Gobierno y que la medida incidiría en Cataluña, una zona “donde tienen una dependencia muy alta de hospitales de gestión privada”.
Cinco centros hospitalarios en régimen de concesión en Madrid.
Madrid, por su parte, cuenta con cinco hospitales públicos concesionados a operadores privados, la mayoría gestionados por Quirón, un modelo de “éxito”, según García Martín, que le permite “prestar la mejor sanidad a los ciudadanos”.
García Martín ha recriminado a la “incompetente” ministra de Sanidad, Mónica García, el intentar “exportar el caos sanitario” originado por su labor a las comunidades.
“Deje trabajar a las comunidades autónomas y, especialmente, a la Comunidad de Madrid, que hemos demostrado que sabemos hacerlo bien”, ha zanjado.
Mónica García señaló ayer de forma directa a la mandataria de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, manifestándole que la propuesta legislativa pretende eliminar “su chiringuito, su negociete”.
La titular señaló que mediante esta propuesta, que invalida la legislación de 1997 que autorizó la implementación de sistemas tales como el Alzira de Ribera Salud o el de Quirón en Madrid, se “pone coto a las garras especuladoras y privatizadoras de nuestra sanidad”.
En el texto del anteproyecto se establece la gestión directa y se restringe la indirecta a casos excepcionales. Solo se autoriza cuando la prestación directa no sea viable, cuando se asegure la sostenibilidad financiera y la eficiencia, y cuando se cumplan diversos requisitos de calidad, continuidad, accesibilidad y asequibilidad del servicio.
Los conciertos y contratos actuales mantendrían su validez hasta su finalización, y la nueva regulación se aplicaría únicamente a los procesos futuros.