La Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) ha incoado expediente sancionador contra las empresas Benito Urban SL, Intelligent Parking SL y Servicios de Maquinaria Bany, por supuestamente intentar amañar el concurso para obtener la licitación de varios lotes de la instalación de aparcamiento de bicicletas del proyecto Eurovelo.
Tal como avanzó Guyana Guardian, en concreto, en el marco de este expediente, se investigan los posibles acuerdos o prácticas concertadas relacionadas con el reparto y manipulación de las licitaciones públicas destinadas a la provisión de aparcamientos de bicicletas. En este caso, tres de las cinco empresas licitantes para impulsar el proyecto de rutas ciclistas Eurovelo 8, subvencionado por los fondos Next Generation, de la Unión Europea, habrían intentado amañar el concurso público llegando a un acuerdo para repartirse el pastel, dividido en nueve lotes, que en total suman 1,4 millones de euros, la mitad del proyecto.
Lee tambiénSuspenden la licitación del proyecto Eurovelo en el Maresme al detectar un supuesto amaño de varias empresas
El día 30 de septiembre de 2025, la ACCO realizó actuaciones de inspección en algunas de las sedes de las empresas investigadas a fin de encontrar evidencias de estos comportamientos colusorios. Como resultado de estas inspecciones, prosigue la agencia, se han detectado indicios de prácticas colusorias prohibidas por la Ley 15/2007, de 13 de julio, de Defensa de la Competencia, y, por tanto, de conformidad con lo establecido en el artículo 8.1 letra a) Primero de la Ley ACCO, ya la vista de la información recabada en el el expediente sancionador por la existencia de indicios racionales de la comisión por parte de estas empresas de una posible infracción del artículo 1 de la LDC.
El plazo máximo para su instrucción y resolución será de 24 meses desde la fecha de incoación, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 36.1 y 38.1 de la LDC. La incoación de estos expedientes en ningún caso prejuzga su resolución final, limitándose a exponer los aspectos fundamentales del expediente.
Gravedad de las conductas que afectan al servicio público
La lucha contra la colusión en la compra pública es una de las prioridades de la ACCO por la gravedad de estas conductas y la afectación que tienen en el aprovisionamiento público, en los presupuestos públicos y en la ciudadanía.
Los acuerdos entre competidores en el marco de las licitaciones públicas constituyen una infracción muy grave de la legislación de competencia (artículo 1 de la LDC), que puede acarrear multas de hasta el 10% del volumen de negocios total mundial de las empresas infractoras en el ejercicio inmediatamente anterior al de imposición de la sanción, así como multas a los directivos o representantes legales. Además, en aplicación de Ley 9/2017, 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP), puede comportar la imposición de una prohibición de contratar con las administraciones públicas, determinado el alcance y temporalidad de la referida prohibición.
