El informe de especialistas en psiquiatría en torno a la salud mental de la enfermera antivacunas de Santurtzi ha propiciado un giro en el caso. La Fiscalía, que reclamaba inicialmente siete años y medio, ha pedido finalmente la absolución de la sanitaria a cambio de su sometimiento a tratamiento psiquiátrico durante dos años. La acusación particular, mientras, ha pedido siete años y seis meses de prisión -inicialmente reclamaba entre 12 y 17 años-, al tiempo que baraja presentar una reclamación al Servicio Vasco de Salud-Osakidetza por haber permitido que la mujer, sobre cuya salud mental ya existían signos de alarma, siguiera ejerciendo.
Mientras, los representantes de Osakidetza y el Colegio de Enfermería se han sumado a la petición de la Fiscalía en la última sesión del juicio iniciado el lunes y desarrollado durante toda la semana en la Audiencia de Bizkaia. El caso ha quedado visto para sentencia.
La enfermera, que había realizado comentarios en contra de las vacunas delante de algunas familias, está acusada de fingir vacunar a hasta 404 menores, y no hacerlo realmente, mientras registraba esas vacunaciones en la historia clínica digital y en las tarjetas que se entregan a los progenitores. Los hechos ocurrieron entre febrero de 2021 y el otoño de 2022.
El informe
Tras conocerse este pasado jueves el informe de los forenses expertos en psiquiatría sobre el estado de la acusada, la Fiscalía ha decidido modificar su escrito inicial para recoger que presentaba “un trastorno por ideas delirantes que le causaban una anulación total de sus capacidades volitivas y cognitivas para los hechos imputados”.
Así, el fiscal ha decidido solicitar la absolución a la enfermera acusada de simular vacunaciones en el centro de salud de Kabiezes en Santurtzi al considerar que concurre la “eximente completa” del trastorno delirante que presentaba.
Asimismo, ha propuesto la imposición de “medidas de seguridad” de 7 años de tratamiento médico externo pautado por un especialista en psiquiatría e inhabilitación para el ejercicio de profesiones sanitarias (2 por daños y 5 por falsedad documental).
En concepto de responsabilidad civil, pide una indemnización de 20.000 euros por los costes del proceso de vacunación que Osakidetza tuvo que iniciar para inocular las vacunas no administradas.
El fiscal ha considerado que, en el juicio, ha quedado acreditada “la manera en que vacunaba” la acusada a través de los testimonios de familias y profesionales, la ausencia de reacción en los pequeños y los resultados de las serologías efectuadas. Igualmente, ha señalado que “no cabe duda” de la falsedad en los registros de vacunas ni sobre los daños porque “se produce un menoscabo” de las vacunas que “se desprecian”.
La acusación particular
Por su parte, la acusación particular entiende que “no concurren circunstancias eximentes ni atenuantes de responsabilidad criminal ni completas ni incompletas” y, por ello, mantiene la petición de prisión, en concreto, 2 años y 6 meses por daños y 5 años por falsedad documental (inicialmente solicitaba entre 12 y 17 años de cárcel e incluía también acusación por malversación). Además, solicita 9.000 euros de multa e inhabilitación por el mismo periodo de la condena.
El abogado de las familias ha anunciado, igualmente, que se reservan la posibilidad de acciones civiles frente a “los eventuales responsables” que pueda haber.
El letrado ha advertido de que se trata de “uno de los casos más graves de quebrantamiento de la confianza pública en el ámbito sanitario que han llevado los tribunales españoles”. “Durante año y medio, la acusada simuló sistemáticamente la administración de vacunas a 404 menores. No se trata de un acto aislado, de un momento de confusión, de un error. La prueba practicada ha demostrado que estamos en una conducta planificada, reiterada y plenamente consciente”, ha asegurado.
Según ha indicado, su “acción delictiva se repitió cientos de veces” y suponía “un peligro” para la salud pública. A su entender, la acusada “jugó conscientemente a la ruleta rusa con la vida de estos menores”.
El abogado ve “ambigüedad” en el informe de los psiquiatras sobre la acusada porque “no afirma categóricamente una anulación de facultades”. A su entender, “una mente anulada no puede mantener un engaño tan sofisticado durante tanto tiempo” y, además, “las creencias no eximen de responsabilidad”. “Actúa motivada por sus convicciones antivacunas, exacerbadas tras la pandemia, pero no son causa de la inimputabilidad”, ha apuntado.
La defensa
La defensa, por su parte, ha subrayado que el informe forense de los psiquiatras sobre la acusada es “concluyente y categórico”.
“Si no se quiere entender, hay una mala fe, un intento de seguir mediatizando en lo público”, ha afeado a la acusación particular uno de sus abogados, que ha insistido en que “una persona que es inimputable no es capaz de discernir su actuación en ese momento, no está jugando a la ruleta rusa con niños”.
Lee también
El defensor, que ha considerado que se ha aprovechado “la crisis del covid para tener una enfermera antivacunas en Euskadi”, ha considerado que la acusación particular “ejerce su derecho a la acusación de forma abusiva, convirtiéndola en un instrumento de hostigamiento en lugar de una herramienta para la búsqueda de la verdad material”.
