Los últimos movimientos de Pedro Sánchez en materia de vivienda han puesto el foco en dos cuestiones que ya se vienen ensayando en el País Vasco: la protección de los propietarios en caso de impagos y las exenciones fiscales. En relación a la primera línea, en ámbitos especializados es conocido el programa Bizigune, con más de 25 años en funcionamiento, y se ha anunciado la puesta en marcha de un seguro de impagos. En cuanto a la fiscalidad, las diputaciones vienen ofreciendo diferentes medidas para proteger al propietario, facilitar la compra y el alquiler o estimular la rehabilitación.
En relación con las medidas fiscales dirigidas a los propietarios, existen diferentes exenciones, aunque ninguna alcanza la dimensión de una de las propuestas anunciadas por Sánchez. El presidente del Gobierno español ha anunciado que los propietarios que no suban el alquiler a sus inquilinos podrán desgravarse el 100% de sus ingresos en el IRPF, una medida muy cuestionada por sus socios.
Entre el 30% y el 70%
Con carácter general, las diputaciones vascas permiten desgravar el 30% de los rendimientos íntegros obtenidos por cada inmueble, así como el importe de los intereses de los capitales ajenos invertidos y el importe de las primas de seguros de crédito que cubran total o parcialmente el impago de las rentas. No obstante, si las viviendas se encuentran en zonas tensionadas, la bonificación para los propietarios alcanza el 70%.
La bonificación también es del 70% en caso de que los propietarios opten por alquilar sus viviendas a través de programas como Bizigune, una línea dirigida a movilizar viviendas de particulares para el alquiler social y con la intermediación del Gobierno vasco, que garantiza los pagos y la devolución de la vivienda en buen estado.
En el caso de los arrendamientos de pisos turísticos y de temporada, la bonificación se limita al 20% de los rendimientos obtenidos por cada inmueble.
Ayudas para los arrendatarios
En lo que se refiere a las ayudas para los arrendatarios, como norma general existe una deducción del 20% de las cuotas abonadas en el periodo impositivo, con un límite de deducción de 1.600 euros anuales. En el caso de los colectivos vulnerables, la deducción aumenta hasta el 35%, con un límite de 2.800 euros anuales. En este ámbito, no obstante, existe un umbral de renta de 68.000 euros.
Por otro lado, en relación con la compra de vivienda habitual, los jóvenes y algunos colectivos pueden aprovecharse de una deducción del 23% en la compra de vivienda.
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Asimismo, en relación con el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, las aportaciones en forma de donación de familiares para menores de 36 años están exentas hasta los 30.000 euros si ese dinero se va a destinar a vivienda. En cuanto al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, existe la posibilidad de aplicar el tipo del 2,5% para la transmisión de vivienda habitual siempre que se cumplan una serie de requisitos.
