“Lo que pase en otros gobiernos no ha sido nunca vinculante para nosotros”. Así respondían ayer desde Presidencia de la Generalitat a la decisión de la presidenta balear, Marga Prohens, de plantarse ante Vox, pactar con la izquierda que no se derogue la ley de memoria histórica y retira los presupuestos ante la imposibilidad de pactarlos con sus antiguos socios. Argumentan en el Palau que Baleares tiene su contexto, como también lo tiene Castilla y León, donde las relaciones entre PP y Vox son muy complicadas. En septiembre, los populares de Alfonso Fernández Mañueco tumbaron la ley de concordia que en su día pactaron con Vox. Ya entonces, en la Comunidad Valenciana se argumentó que el contenido de la norma en Castilla y León no era el mismo que el de la ley valenciana, que “no es más que una ampliación de derechos a todas las víctimas de violencia política”.
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En este contexto, el PP valenciano y el Consell mantienen su hoja de ruta de intentar convencer a Vox para aprobar unas cuentas -de la que todavía no se han dado detalles y ni siquiera hay día para su presentación- muy enfocadas a la reconstrucción de la provincia de Valencia destruida por la DANA. Conscientes de la decisión de Vox de suspender a nivel nacional “todas las negociaciones presupuestarias con el Partido Popular en todas las regiones donde dependan del apoyo” de esta formación, el presidente valenciano, Carlos Mazón, ya deslizó la semana pasada la posibilidad de optar por la aprobación de planes económicos extraordinarios en caso de no poder tener unos nuevos presupuestos para hacer frente a las catástrofes.
Por cierto, a diferencia de otras grandes instituciones que han tenido que dedicar parte de sus presupuestos a la reconstrucción como la Diputación de Valencia o el Ayuntamiento de València, el Consell ni siquiera ha hecho amago de presentar sus cuentas.
Estrategia
La posibilidad de hacer planes económicos extraordinarios en lugar de presupuestos permitiría a Vox eludir un hipotético veto de Abascal
Esta estrategia permitiría eludir un hipotético veto de Santiago Abascal a las cuentas. Y es que, al contrario que sucede en otras regiones como las mencionadas, la relación entre PP y Vox sigue siendo amable en el territorio valenciano. Ni siquiera la DANA ha roto los puentes entre los antiguos socios de gobierno y la extrema derecha ha servido de coartada al PP para evitar complicaciones parlamentarias: hasta ayer no comparecieron los primeros consellers, la PNL sobre la petición de dimisión de Mazón no se debatirá este año y propuestas de peso como el plan Simplifica sí que han podido salir adelante.
Además, ante la negativa de la oposición de izquierda de negociar el nuevo reparto de los consejeros de À Punt, los dos antiguos socios del Consell no han tenido problema para repartirse los nombramientos. Vox, que siempre ha abogado por la supresión de la televisión pública, tendrá dos de los ocho consejeros y el PP los otros seis, cuando un reparto acorde con la representación surgida de las urnas sería 4 PP, dos PSPV, 1 Compromís y 1 Vox.
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Como explicaba este periódico en su edición de ayer, esta 'no negociación' ha dejado patente que los acuerdos entre bloques son imposibles y que si el PP desea sacar adelante, ya sea un presupuesto o un plan económico de reconstrucción, tiene en Vox a su socio más fiable.
En el PSPV recuerdan que ya ofrecieron a Mazón apoyar las cuentas de 2025, “y ni nos han llamado”. Por ello, dudan de que en el plan de trabajo de Consell esté buscar acuerdos con el PSPV pese a la retórica empleada en algunas declaraciones. “Ojalá el PP valenciano fuera como el PP balear”, resumen desde el entorno de la secretaria general, Diana Morant.
