El Gobierno de Pedro Sánchez prevé aprobar a principios de septiembre la ley orgánica para la condonación de parte de la deuda autonómica, una medida nacida del pacto de investidura con ERC que pondrá sobre la mesa más de 83.000 millones de euros para el conjunto de las comunidades de régimen común. Para la valenciana, la segunda más endeudada de España en términos absolutos y la primera en relación a su Producto Interior Bruto (PIB), la cifra podría superar los 11.200 millones de euros. Sin embargo, lo que debería ser un balón de oxígeno para unas arcas exhaustas se ha convertido en el último capítulo de un malestar crónico, una sensación de agravio que se intensifica con cada nueva cifra que emana de Madrid.
El ejecutivo valenciano, presidido por Carlos Mazón, no se opone al perdón de la deuda —sería un gesto de difícil justificación dada la asfixia financiera de la región—, pero considera la propuesta del Ministerio de Hacienda no solo “insuficiente”, sino también “injusta”, como también lo piensa Més Compromís, la fuerza mayoritaria de Compromís. La fórmula de cálculo, los beneficiarios y, sobre todo, la ausencia de una solución al problema de fondo —la infrafinanciación endémica— han convertido una potencial solución en una nueva fuente de conflicto político y territorial. Solo el PSPV apoya la medida del Gobierno. El malestar valenciano no es nuevo, pero esta quita, lejos de aliviarlo, amenaza con avivarlo.
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El malestar se agrava al mirar a las comunidades vecinas. La propuesta beneficia especialmente a Andalucía, que verá perdonados 18.791 millones, y a Catalunya, con 17.104 millones. Entre ambas, concentran más del 43% del total de la quita. Desde Valencia, no se entiende el criterio por el cual Andalucía, con una deuda inferior tanto en términos absolutos como relativos, reciba una condonación 7.500 millones superior. Fedea llegó a señalar a la Comunitat Valenciana como “la más perjudicada por el modelo de Montero”, ya que mientras la quita media para el resto de autonomías se sitúa en el 29,6% de su deuda, para la valenciana apenas representaría el 18,4%.
A la crítica del Gobierno valenciano se sumó ayer Compromís, que cuestiona la propuesta por ser “totalmente discrecional” para solucionar “un pacto concreto con un partido político y una situación concreta de una ministra de Hacienda que es candidata a la Junta de Andalucía”, según la diputada valencianista de Més Compromís, Àgueda Micó (Iniciativa PV, la otra fuerza de Compromís, sí apoya la medida del Gobierno). Además, Micó advirtió de que el planteamiento no tiene en cuenta “criterios objetivos” ni la infrafinanciación valenciana.
Para entender la magnitud del problema valenciano, basta con mirar los datos. Según el Banco de España, la deuda de la Comunitat Valenciana cerró 2024 superando los 60.300 millones de euros, una cifra que representa el 40,7% de su PIB. Ninguna otra autonomía soporta una carga tan pesada en proporción a su riqueza. En términos absolutos, solo Catalunya la supera, pero la presión sobre la economía valenciana es considerablemente mayor.
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Esta montaña de deuda no ha surgido de la nada. Es la consecuencia directa de un sistema de financiación autonómica que, según todos los comités de expertos y las fuerzas políticas valencianas, perjudica sistemáticamente a la región. Año tras año, la Generalitat recibe del Estado menos recursos por habitante que la media, lo que la obliga a endeudarse para mantener servicios públicos esenciales como la sanidad y la educación. El Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), creado en 2012 por el gobierno de Mariano Rajoy como una línea de crédito para las comunidades con problemas, se ha convertido en la principal fuente de financiación y, paradójicamente, en el motor de su creciente deuda.
La situación financiera es tan crítica que, recientemente, el Consell de Mazón tuvo que solicitar la autorización del Gobierno central para acudir al mercado privado y formalizar préstamos por valor de 1.816,5 millones de euros. El objetivo era simple y alarmante: obtener liquidez para pagar a proveedores, especialmente a las farmacias, que amenazaban con tomar medidas ante los retrasos. Esta operación no es más que un parche, un nuevo endeudamiento para cubrir las necesidades más urgentes mientras la deuda principal sigue creciendo.
En este contexto, el coste de los intereses se ha disparado. Un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) proyecta un escenario desolador: entre 2026 y 2028, la Generalitat pagará casi 5.000 millones de euros solo en intereses. El coste del servicio de la deuda se habrá quintuplicado en apenas seis años, pasando de 361 millones en 2022 a una previsión de 1.926 millones en 2028, convirtiéndose en la tercera partida más grande del presupuesto autonómico, solo por detrás de Sanidad y Educación.
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Es en este mar de números rojos donde aterriza la propuesta del Gobierno. La quita de 11.210 millones de euros supondría una reducción de casi el 20% del pasivo valenciano. Sin embargo, la consellera de Hacienda, Ruth Merino, no dudó en calificar la oferta de “migajas”. Desde su departamento, se rebajaron las expectativas de ahorro en intereses a solo 165 millones de euros anuales, una cifra que, además, según la AIReF, no podría destinarse a gasto social.
El principal punto de fricción es la fórmula de cálculo. El comité de expertos de las Cortes Valencianas, un órgano técnico y plural, fue contundente: la quita justa para la Comunitat Valenciana debería alcanzar, como mínimo, los 17.800 millones de euros. Su argumento se basa en que el reparto debe considerar la “deuda justificada” por la infrafinanciación crónica y el sobreendeudamiento generado durante la crisis financiera. Según sus cálculos, a la Generalitat le correspondería el 21% del total condonado a nivel nacional, y no el 13,5% que le asigna la propuesta del Ministerio.
Por ello, el Consell de Carlos Mazón exige que el perdón de la deuda venga acompañado de dos medidas innegociables: la creación de un “fondo de nivelación transitorio” que compense el déficit de financiación hasta que se apruebe un nuevo modelo, y un compromiso firme del Gobierno para presentar una propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica, una promesa incumplida por sucesivos gobiernos de distinto signo político.
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La postura de la Generalitat Valenciana se enmarca en un complejo tablero político. A nivel nacional, el Partido Popular se ha negado en redondo a negociar la quita, considerándola una cesión al independentismo catalán. De hecho, los consejeros del PP abandonaron la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) donde se presentó la propuesta, aunque su voto finalmente se registró como una “abstención”, un gesto que el Gobierno interpretó como una puerta abierta a que finalmente acepten la medida.
Sin embargo, la estrategia de Mazón es más ambigua. A pesar de las duras críticas públicas, la Generalitat no presentó ninguna alegación formal durante el trámite de consulta pública del anteproyecto de ley. Esta renuncia a negociar en los cauces oficiales ha sido llamativa, pero podría responder a una estrategia política: evitar una confrontación directa con el Ministerio mientras se reserva la batalla para la tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados, donde el Gobierno necesitará una mayoría absoluta y cada voto será crucial.
En este escenario, incluso Compromís, en la oposición en Valencia, comparte el diagnóstico del Consell sobre la insuficiencia de la cifra. Esta rara sintonía evidencia que la infrafinanciación es una cuestión que trasciende las siglas en la política valenciana.
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Mientras tanto, el Gobierno central defiende su iniciativa como una medida que “corrige el sobreendeudamiento” y busca acercar posturas con sus socios de investidura, principalmente ERC, que ya advierte de que no negociará los presupuestos de 2026 sin avances en una “financiación singular” para Catalunya.
La quita de la deuda, aunque se materialice en los términos propuestos por el Gobierno, no será la panacea para la Comunitat Valenciana. Supondrá un alivio temporal, una reducción de la carga de intereses, pero no solucionará el problema estructural que la genera: un sistema de financiación que la mantiene a la cola y la condena a vivir de la deuda.
La tensión financiera es una realidad cotidiana que obliga al Consell a planes de contención del gasto y que genera incertidumbre en servicios básicos. El debate sobre la quita ha puesto de manifiesto, una vez más, la vulnerabilidad de la autonomía valenciana y la urgencia de una reforma que garantice una financiación justa y equitativa.
La ley llegará al Congreso en los próximos meses. Allí se librará la verdadera batalla. El Gobierno de Carlos Mazón deberá jugar sus cartas para intentar mejorar una propuesta que considera un agravio, mientras el Ejecutivo de Pedro Sánchez buscará equilibrar las demandas de sus socios con las de unas comunidades ahogadas por la deuda. Para la Comunitat Valenciana, el reloj no se detiene y cada día sin una solución de fondo es un día más con su futuro hipotecado.
