El IVIE y Fedea coinciden: el cálculo de la quita de la deuda perjudica a los valencianos
Análisis
Francisco Pérez, director del IVIE: “La condonación debería ser proporcional a la infrafinanciación que se ha padecido, y la valenciana es de las más endeudadas justamente por la financiación”
María Jesús Montero, en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros
La condonación de más de 83.000 millones de euros aprobada por el Gobierno para las autonomías deja a la Comunitat Valenciana como la gran perjudicada en términos relativos. Técnicos y economistas critican una metodología opaca que, lejos de corregir las históricas desigualdades de financiación, las perpetúa. Mientras Andalucía y Catalunya acaparan casi la mitad del fondo, Valencia recibirá 5.000 millones menos de lo que, en justicia, le correspondería.
El Consejo de Ministros dio recientemente luz verde a una de las medidas económicas más significativas para las comunidades autónomas en los últimos años: la condonación de más de 83.000 millones de euros de deuda acumulada en el mecanismo del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Una medida presentada como un alivio histórico y un gesto de equidad para sanear las cuentas de las regiones. Sin embargo, lejos del consenso, el reparto de esta quita ha destapado una nueva batalla campal sobre la financiación autonómica y ha puesto en el punto de mira a la Comunitat Valenciana, que emerge, una vez más, como la gran perjudicada por unos criterios que expertos e institutos de investigación tachan de injustos y técnicamente deficientes.
Dos de las voces más autorizadas y técnicas del panorama económico español, el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), han alzado la voz de forma coincidente para alertar de que el método de reparto perjudica severamente a los intereses valencianos en beneficio de otras comunidades, principalmente Andalucía. La Generalitat Valenciana recibirá 11.000 millones, una cifra que en términos absolutos es la tercera más alta, pero que en la práctica supone el menor alivio relativo de toda España y está muy lejos de lo que debería recibir si primara el criterio de la infrafinanciación histórica.
Pérez desmonta así la defensa del Gobierno, que asegura que su metodología responde a “criterios objetivos transparentes de carácter técnico e iguales para todas”
Francisco Pérez, director de investigación del IVIE, no duda en calificar la condonación de insuficiente y, sobre todo, injusta en sus criterios. En declaraciones a este diario y en línea con lo señalado a la Cadena SER señala que “la condonación que se plantea, con ser de un montante importante, no va a resolver lo que debería ser su principal objetivo: corregir las consecuencias de la insuficiencia financiera padecida por todas las comunidades durante la Gran Recesión”. Para el director del IVIE, el núcleo del problema reside en que el reparto no distingue “entre el origen de la deuda”.
“La Comunidad Valenciana está entre las más endeudadas justamente por la infrafinanciación, mientras que otras comunidades están entre las más endeudadas por razones diferentes, por ejemplo, porque han gastado por encima de la media”. Este matiz es crucial: “El endeudamiento valenciano no es fruto de un exceso de gasto, sino de una crónica falta de ingresos”. Y añade que “lo que justifica la condonación es que no se está más [endeudado] por gastar más, sino a pesar de gastar menos”.
Pérez desmonta así la defensa del Gobierno, que asegura que su metodología responde a “criterios objetivos transparentes de carácter técnico e iguales para todas”. “No los comparto”, sentencia. Su propuesta es clara y directa: el reparto debía hacerse “en proporción a la deuda acumulada por la infrafinanciación padecida y justificada”. Bajo este prisma, el resultado para la Comunitat Valenciana sería radicalmente distinto: “Debería, para el mismo montante de deuda condonada, esos 83.000 millones, recibir una condonación por valor de 5.000 millones más, en lugar de los 11.000 millones deberían ser 16.400 millones, más o menos”.
Lejos de suponer un punto de inflexión, Pérez considera que esta quita es más un parche que una solución. ¿Los efectos positivos? Son limitados. “Es un alivio en cuanto que reduce la cantidad de deuda (…), pero ni va a permitir volver a los mercados”, advierte. La deuda residual de la Generalitat seguirá siendo “demasiado elevada” para que los mercados financieros confíen en ella, lo que perpetúa su dependencia de los fondos estatales y de un sistema de “entregas a cuenta” basado en un modelo de financiación “caducado”.
“Hasta que no se aborde la reforma del modelo de financiación va a significar que lo que ahora nos distancia de la media en cuanto a recursos se corrija”, sentencia. La quita, por tanto, no cura la enfermedad de la infrafinanciación; es un simple analgésico que mitiga temporalmente el síntoma más grave (el volumen de deuda), pero no aborda la causa primaria.
Para Pérez, la única lectura positiva es que el Gobierno central “esté dispuesto a reconocer que ha habido infrafinanciación”, un hecho que durante años fue negado o ignorado. Sin embargo, este reconocimiento es parcial y se circunscribe solo a los años más duros de la Gran Recesión, obviando que la infrafinanciación relativa de comunidades como la Valenciana ha continuado hasta hoy.
Con el cálculo de Fedea, la Comunitat Valenciana no recibiría 11.000 millones, sino 18.444 millones de euros
Las críticas del IVIE no son una voz solitaria en el desierto. Desde Madrid, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), un think tank de reconocido prestigio y rigor técnico, llegó a las mismas conclusiones y con números aún más contundentes. Fedea ya criticó en su día el cálculo realizado por el departamento de la vicepresidenta económica, María Jesús Montero, y propuso un reparto alternativo y más “equitativo”. En su modelo, la Comunitat Valenciana no recibiría 11.000 millones, sino 18.444 millones de euros. Es decir, según Fedea, la quita valenciana se queda 7.444 millones por debajo de lo que sería justo.
Esta fundación fue incluso más lejos en su análisis, señalando directamente a la Comunitat Valenciana como “la más perjudicada por el modelo de Montero”. La razón es el impacto relativo de la condonación. Mientras la quita media para el conjunto de las autonomías de régimen común se sitúa en un generoso 29,6% de su deuda, el alivio para la valenciana apenas representa un 18,4% del total de su pasivo. Una diferencia abismal que evidencia el trato desigual.
El malestar en la Comunitat Valenciana se agrava de forma inevitable al comparar su situación con la de otras comunidades, en especial con la de Andalucía. El reparto aprobado beneficia de forma extraordinaria a la comunidad andaluza, que verá perdonados 18.791 millones de euros, y a Catalunya, con 17.104 millones. Entre ambas autonomías concentran más del 43% del total de la quita.
Desde Valencia, la pregunta es obligada: ¿cómo es posible que Andalucía, con una deuda inferior tanto en términos absolutos (menor volumen total) como relativos (menor deuda por habitante), reciba una condonación que es 7.791 millones de euros superior a la valenciana?
La respuesta, para los expertos, no está en la deuda total, sino en el injusto reparto que no pondera su origen. Andalucía se habría beneficiado de un criterio que, según el IVIE y Fedea, no prioriza la corrección de la infrafinanciación, sino otros factores que terminan por premiar a quienes más gastaron, no a quienes menos recibieron.
La conclusión que se extrae del análisis conjunto del IVIE y Fedea es que el Gobierno central ha desaprovechado una oportunidad histórica. No solo para aliviar la deuda, sino para enmendar una injusticia que lastra el desarrollo de la Comunitat Valenciana desde hace más de una década.
Se ha optado por un criterio de reparto técnicamente cuestionable y opaco, que el Gobierno defiende como objetivo, pero que los economistas más prestigiosos desacreditan por injusto. El resultado es que las comunidades que más padecieron la infrafinanciación –y que, por tanto, contrajeron una deuda “virtuosa” o, al menos, impuesta– son las que menos se benefician. Mientras, aquellas cuyo endeudamiento pudo responder a otras causas obtienen un premio mayor.
La quita, en definitiva, no sienta las bases para una verdadera normalización financiera. La Comunitat Valenciana seguirá sin poder acceder a los mercados de capitales y su dependencia de Madrid se mantendrá intacta. La herida de la infrafinanciación sigue abierta, y este parche, lejos de curarla, ha demostrado que la equidad entre territorios sigue siendo una asignatura pendiente en la economía española. La batalla por una financiación justa, lejos de acabarse, acaba de entrar en una nueva y decisiva fase.