València, la que fuera Capital Verde Europea en 2024, afronta la entrada en 2026 sin la declaración de una zona de bajas emisiones (ZBE), un escenario que condiciona las arcas municipales y que ha protagonizado las tensiones políticas en la ciudad durante las últimas semanas. Tras el veto de Vox, el PP de la alcaldesa María José Catalá no logró sacar adelante la ZBE y fue la izquierda la que dio un paso al frente para presentar un acuerdo que tampoco convenció al equipo de gobierno local. El edil de Movilidad, Jesús Carbonell, dijo que “si València no tiene ordenanza de ZBE es porque la oposición no ha querido y Vox se ha bajado del carro”, pero los primeros aludidos ponen en cuestión el mensaje y critican que la postura del Ayuntamiento va a pasar factura a la ciudad.
Y la primera es de 14 millones de euros, cantidad que el Consistorio asumirá para compensar la parte de financiación para la EMT procedente del Gobierno de España “que posiblemente no llegue”. Ese “posiblemente” se debe al anuncio del Gobierno de suprimir las bonificaciones al trasporte en las ciudades donde no se haya aprobado una ordenanza de Zona de Bajas Emisiones, una situación a la que el gobierno de Catalá ayer se adelantaba manteniendo los mismos precios en el transporte público y asumiendo las bonificaciones.
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Catalá dijo ayer que “vamos a pelearlo ante el Ministerio porque pensamos que tenemos argumentos más que suficientes para optar a las ayudas directas al transporte colectivo. De momento, lo que sí que está claro es que el consistorio va a asumir a pulmón la parte del Gobierno de España que no llegue para que nadie sufra un incremento del precio”.
Desde la oposición contestaron tachando de “irresponsabilidad” por “cargar sobre todos los valencianos y valencianas la factura de su negativa a aprobar una Zona de Bajas Emisiones”. Así se expresaba ayer el PSPV, cuyo portavoz, Borja Sanjuán, lamentaba que “por la cerrazón ideológica de María José Catala por su pacto con Vox, tengamos que pagar 14 millones de euros que podrían estar destinados a inversiones, ayudas sociales o, por ejemplo, a aplicar políticas de vivienda”.
Sanjuán (PSPV) calificó ayer de “cerrazón ideológica” la postura de la alcaldesa
El concejal de Compromís Giuseppe Grezzi también llamó la atención sobre la falta de ZBE y su consecuente impacto en el gasto público lamentando que los fondos ya estaban presupuestados “y provocan otro agujero económico en las cuentas de la EMT”. Grezzi señaló también que “las cantidades perdidas suman muchas más decenas de millones de euros, y las acabarán pagando los y las valencianas, sino directamente con un incremento del precio del billete, con los impuestos o tasas que Catalá nos trasladará para poder hacerle frente”.
Sus críticas se ampliaban ayer tras conocer una nueva consecuencia de la falta de acuerdo para la ZBE. Grezzi, que fue presidente del consejo de administración de la EMT como edil de Movilidad, también denunciaba “el fracaso” de PP y Vox para llevar adelante su parte en el proyecto Ciudades Conectadas, la primera plataforma de referencia del ámbito estatal para la implantación, desarrollo e innovación de la movilidad urbana en las ciudades, que València impulsó en octubre de 2021 junto a Gijón, Vitoria, Fuenlabrada, Logroño y Valladolid. Grezzi acusó a Carbonell de crear “un nuevo agujero”, ya que el incumplimiento puede comportar una penalización de 100.000 euros diarios, con un coste total de 24 millones de euros.
