Crece la presión para negociar el nuevo modelo de financiación valenciana ante el Gobierno.
Nuevo modelo
Las organizaciones empresariales y las centrales sindicales principales demandan priorizar el bien común “al rédito partidista” y exhortan al Gobierno y al Consell a entablar diálogos para optimizar el planteamiento vigente.
La máxima representante del PSPV y ministra, Diana Morant, junto al presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Vicente Lafuente, instantes previos a su encuentro de la jornada anterior..
Una jornada después de la negativa de la Generalitat Valenciana (siguiendo el camino de las otras autonomías, salvo Catalunya) ante la reestructuración del esquema de financiación sugerido por el Gobierno, los portavoces sociales instaron ayer a comenzar a “un debate sereno, riguroso y constructivo”. La organización empresarial CEV y los sindicatos UGT y CCOO demandaron a todas las formaciones políticas “abandonar posiciones maximalistas y a asumir un ejercicio de responsabilidad”. Debido a que, con distinto grado de convicción, las tres agrupaciones consideran “de forma positiva la presentación de una propuesta de cambio de modelo de financiación, así como el avance que supone respecto al modelo actualmente vigente”.
Una mirada distinta a la del Ejecutivo valenciano que, pese a las palabras iniciales del conseller de Hacienda, José Antonio Rovira -”las cifras no pintan mal” o “cuando estás en el hoyo, cualquier propuesta que te aporte más es buena”-, se ha decantado por el argumentario de Génova y ha optado por rechazar frontalmente la propuesta. Hay que recordar que la Comunidad Valenciana y Murcia son las que más ganan per cápita con el nuevo modelo. Sin embargo, como se ha cocinado el acuerdo, primero con ERC, y luego pidiendo la aprobación de todos los demás, todavía pesa; también en los presidentes autonómicos socialistas, salvo Salvador Illa.
El Consell y los agentes sociales coinciden en no abandonar dos puntos que consideran fundamentales, como la instauración de un fondo de nivelación “hasta que el cambio sea una realidad, con recursos adicionales para las autonomías infrafinanciadas como la valenciana”. También recalcan la premura “de afrontar de manera decidida el saneamiento de la deuda autonómica, reclamando la condonación de parte de la deuda histórica generada por años de infrafinanciación”. Esta petición fue expresada el pasado martes por el comité de expertos en financiación designado por las Corts Valencianes y es el argumento que emplea el Ejecutivo autonómico para sostener su rechazo a la propuesta.
No obstante, tras la cita de ayer con la ministra y secretaria general del PSPV, Diana Morant (quien busca incluir la controversia financiera en la agenda valenciana), no se percibe que los sindicatos utilicen tales condiciones como justificación para negar lo que perciben como una “oportunidad histórica”. Las centrales obreras opinan que no es obligatorio acatar cada una de las exigencias “de manera conjunta” y que las peticiones pueden seguir vigentes sin que esto bloquee el avance del sistema propuesto, que califican de “una muy buena propuesta”.
Las agrupaciones sindicales consideran que la reclamación de la deuda y el fondo de nivelación no debe frenar el respaldo a la iniciativa de financiación
El presidente de la Confederación Empresarial Valenciana, Vicente Lafuente, actuó con mayor cautela al subrayar, antes de su reunión con Morant, que tras “muchísimos años, por fin”, se cuenta con una oferta de financiación. Aun así, Lafuente pidió diálogo para contemplar el fondo de nivelación (aunque sea solo por un año) y la deuda cuyos réditos “nos están criminalizando”. El directivo empresarial se mostró a favor de propiciar el entendimiento entre los partidos para lograr consensos y “romper confrontaciones”, ya que la población “está cansada de polarización y de infrafinanciación”.
Bajo esta premisa, los representantes sociales emitieron una nota compartida en la cual indicaron que el imperativo de anteponer “el interés general y el bienestar de la ciudadanía al rédito partidista”. En consecuencia, afirmaron que “el marco parlamentario y el diálogo con las comunidades autónomas deben servir para perfeccionar el sistema y alcanzar consensos que, desde la solidaridad interterritorial, garanticen a todas las CCAA el trato justo y equitativo que la sociedad y su economía necesitan”.
Una negociación que persigue el Ministerio de María Jesús Montero a través de citas bilaterales con las comunidades, aunque no se prevé una tarea simple. Por su parte, el Ejecutivo, según ha expresado recientemente la ministra Morant, rechaza tajantemente el fondo de nivelación que demandan los actores sociales, los peritos, el Consell y Compromís. En realidad, son contados quienes creen que el marco actualizado pueda estar operativo en 2027.