La Fiscalía pide tres años de cárcel por delito de odio a la edil de Vox de València Cecilia Herrero
València
La acusa de difundir mensajes racistas, homófobos y ofensivos en X contra personas migrantes, el colectivo LGTBI y personas con discapacidad, con el objetivo de fomentar el rechazo y la hostilidad social
Compromís y PSPV piden el cese “inmediato” de Herrero tras pedirle Fiscalía prisión por mensajes de odio
La edil de Vox en el Ayuntamiento de València, Cecilia Herrero, en foto de archivo
La Fiscalía pide tres años de prisión por delito de odio para la concejala de Vox en València Cecilia Herrero por una veintena de mensajes racistas y ofensivos publicados en la red social X (antes Twitter) entre los años 2020 y 2024, según han adelantado algunos medios como El Plural o eldiario.es y ha confirmado este diario. El ministerio público considera que esos mensajes estaban “encaminados a propagar el rechazo, el desprecio, la hostilidad y la animadversión” contra personas migrantes, integrantes del colectivo LGTBI y personas con discapacidad, mediante un lenguaje peyorativo, burlas y expresiones claramente estigmatizadoras. Los dos grupos de la oposición en el Ayuntamiento de València han reclamado a la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá (PP), el cese “inmediato” de la edil de Vox y miembro del ejecutivo local.
El escrito de conclusiones, firmado por la fiscal delegada de Delitos de Odio de la Fiscalía Provincial de València, Susana Gisbert, solicita la apertura de juicio oral ante la Audiencia Provincial y una pena principal de tres años de cárcel, además de multa, por un delito de incitación al odio recogido en el artículo 510.1 a) del Código Penal. De manera subsidiaria, en el caso de que la Sala no aprecie el tipo agravado, la Fiscalía rebaja su petición a un año y dos meses de prisión por un delito de humillación a colectivos protegidos, contemplado en el artículo 510.2 a).
Según la calificación fiscal, a la que han tenido acceso varios medios, Herrero se ha servido de sus cuentas en redes sociales —abiertas al público y sin restricciones— para difundir de forma “masiva e indiscriminada” mensajes e imágenes dirigidos a “estigmatizar y criminalizar” a distintos colectivos vulnerables. La fiscal subraya que la edil era plenamente consciente del alcance de sus publicaciones y de su “vocación de perpetuidad”, así como de la capacidad de multiplicar su impacto mediante la difusión por terceros.
El ministerio público destaca que, a lo largo de esos cuatro años, la concejala de Vox ha asociado de manera reiterada la inmigración con una supuesta “invasión del territorio español”, lo que, a juicio de la Fiscalía, entraña un riesgo evidente de generar sentimientos de temor, inseguridad y alarma social. En particular, señala que estos mensajes se dirigían con especial insistencia a la población de origen magrebí y musulmán, utilizando su procedencia o religión como rasgos definitorios para vincularlos genéricamente con la delincuencia.
El escrito es especialmente duro al describir el tono de los mensajes dirigidos contra el colectivo LGTBI, las personas con discapacidad y las personas de piel negra o de otros orígenes nacionales. Según la Fiscalía, Herrero “cosifica y deshumaniza” a estos grupos, atribuyéndoles de forma generalizada la comisión de delitos y recurriendo en ocasiones a una “selección interesada” de supuestas noticias, manipuladas para provocar miedo o rechazo en la población.
Entre los tuits citados por la acusación figuran expresiones como “No son ni migrantes ni inmigrantes. Son INVASORES”, “Tanta reconquista para terminar pagándoles la invasión a los moros” o “Asco. Son salvajes. Fuera África de la Europa civilizada”. También se incluyen mensajes con burlas explícitas hacia el colectivo LGTBI y comentarios racistas publicados en respuesta a noticias de medios nacionales e internacionales. En uno de ellos, Herrero ironizaba sobre un estudio del New York Times afirmando: “Somos negros. Ya podemos saquear Louis Vuitton y Apple y hacer que se arrodillen y nos besen los pies”.
Entre los tuits citados por la acusación figuran expresiones como “No son ni migrantes ni inmigrantes. Son INVASORES”
La Fiscalía sostiene que este conjunto de mensajes no puede interpretarse como hechos aislados ni como simples opiniones, sino como una conducta continuada orientada a fomentar prejuicios y estereotipos de forma “generalizada e injusta”, con el consiguiente peligro de generar odio, rechazo y hostilidad social. Además de la pena de prisión, el ministerio público solicita la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y para empleo o cargo público durante el tiempo de la condena, así como la inhabilitación para profesiones u oficios en el ámbito educativo, deportivo y de tiempo libre.
El procedimiento se encuentra ahora a la espera de que el juzgado acuerde formalmente la apertura de juicio oral. De confirmarse la acusación, Cecilia Herrero —actual concejala no adscrita tras su ruptura con Vox— se sentará en el banquillo por unos hechos que, según el propio juez instructor, son “incompatibles con la convivencia democrática” y presentan “indicios de criminalidad”.
La portavoz de Compromís, Papi Robles, ha responsabilizado directamente a la alcaldesa de mantener a Herrero en el gobierno municipal y de proteger también a Juanma Badenas, concejal de Vox e investigado por la UCO en relación con contratos de València Activa. Robles ha recordado que Compromís denunció los mensajes de Herrero ante la Fiscalía en 2024 y ha subrayado la gravedad de unas publicaciones que, según ha señalado, incluían insultos, mensajes de exaltación del odio y referencias elogiosas a figuras como Hitler o Franco.
Por su parte, el portavoz del PSPV-PSOE, Borja Sanjuan, ha calificado de “vergüenza” que Herrero siga formando parte del ejecutivo local y ha reclamado a Catalá que actúe “de manera inmediata” y exija su dimisión. Sanjuan ha afirmado que no es compatible con los valores democráticos que una concejala con responsabilidades de gobierno se enfrente a una petición de prisión por mensajes racistas y homófobos, y ha insistido en que València “no puede permitirse” mantener este tipo de comportamientos en sus instituciones.