Las formaciones de la oposición en Alicante analizan minuciosamente las VPO y el alquiler social.
Escándalo de vivienda
El PSOE señala a Barcala por adjudicar planes de vivienda social a compañías particulares, mientras que Compromís demanda examinar la documentación completa sobre las edificaciones de coste asequible.
Una de las entradas de la polémica urbanización de Alicante
Los grupos opositores de Alicante, mientras los organismos regional y municipal mantienen el análisis de las dudosas asignaciones de inmuebles protegidos en el Residencial Les Naus, vigilan ahora los próximos planes de edificación pública y el arrendamiento social.
La representante del Grupo Municipal Socialista, Ana Barceló, reclamó detener el proceso relativo a la enajenación de una parcela pública situada en la calle Ceuta del distrito de San Blas, prevista para la edificación de cerca de treinta casas las cuales, al igual que ocurrió con el proyecto de La Condomina, serán asignadas de forma directa por la empresa constructora.
Barceló demandó frenar el proceso de venta de un terreno municipal situado en la calle Ceuta del barrio de San Blas.
La iniciativa, iniciada en 2023, contempla la edificación de inmuebles de arrendamiento social. No obstante, de acuerdo con el grupo socialista, “Barcala ha decidido ahora que los pisos no se destinarán a alquiler para familias en situación de vulnerabilidad, sino que prácticamente todo el lote quedará en manos del promotor”, por lo que únicamente tres residencias se integrarán en el inventario de vivienda municipal.
“Exigimos paralizar este procedimiento y recuperar el objetivo inicial del proyecto: vivienda de alquiler social. Alicante no necesita más pelotazos como el del escándalo de Les Naus, necesita políticas públicas valientes ante la emergencia de la vivienda”, afirma Ana Barceló. La portavoz añadió que “Barcala anuncia vivienda pública en campaña y después la convierte en promociones privadas, dejando a las familias sin alternativas y facilitando el negocio. Este caso no es aislado. Forma parte de una política de vivienda fallida del PP”.
La administración local ha puesto en el mercado este terreno de la calle Ceuta por un valor de 457.549 euros, dejando en manos del promotor la elección de si las treinta viviendas se venderán o se ofrecerán en alquiler.
La formación socialista señala que “este proyecto fue anunciado a bombo y platillo en la antesala de las elecciones de 2023. El gobierno de Barcala encargó incluso el proyecto de redacción de la edificación, abonando 51.248 euros con fondos municipales”. Además, indica que la Generalitat Valenciana, liderada por Mazón, asignó 1.197.000 euros de ayuda regional para la edificación.
No obstante, Barcala, por solicitud del mismo Consell, terminó desistiendo de dichas partidas. Posteriormente, durante 2025, Mazón asignó nuevamente 598.500 euros, mas tales recursos no se emplearán en la iniciativa que gestiona actualmente Barcala, debido a que se optó por enajenar el terreno y que una compañía privada edifique el inmueble además de administrar gran parte de los domicilios.
La edil socialista Silvia Castell afirma que el Grupo Socialista ya advirtió que el ejecutivo local había alterado los reglamentos del Patronato Municipal de la Vivienda con una finalidad doble: eludir el control de las formaciones opositoras y posibilitar que esta entidad pública funcione como mediadora con el fin de agilizar la edificación de inmuebles de mercado libre en terrenos pertenecientes al ayuntamiento.
Compromís ha solicitado todos los datos referentes a las ofertas de arrendamiento en el Casco Antiguo.
Asimismo, ayer Compromís solicitó el acceso a los expedientes íntegros de los proyectos de arrendamiento asequible y oficial que se tramitan actualmente en Alicante, mediante diversas peticiones al ayuntamiento de Alicante y a Les Corts.
Por un lado, la formación municipal valencianista ha solicitado todos los datos referentes a los proyectos de arrendamiento en el Casco Antiguo, El Portón, además de los inmuebles edificados en el distrito de San Gabriel, al tiempo que la agrupación de Compromís de Les Corts ha preguntado acerca de las iniciativas del programa regional ‘Vive’, que se están ejecutando en el Garbinet, la Ciudad de la Luz y Rabassa, conforme a una nota de prensa.
“Hemos pedido todos los expedientes e informes relativos a las promociones y adjudicaciones de vivienda de protección pública porque, obviamente, después de lo que ha pasado estas últimas semanas con las viviendas protegidas no nos fiamos absolutamente nada ni del Gobierno autonómico ni del Gobierno de Alicante, puesto que han utilizado recursos públicos para beneficio propio, lo mejor que sabe hacer el PP”, dijo la portavoz de Vivienda de Compromís en Les Corts, María José Calabuig.
Los partidarios valencianistas reclaman “transparencia” y que “den todas las explicaciones” ya que Compromís intenta que “las viviendas públicas cumplan su fin” y “vayan destinadas a gente de rentas bajas y medias, y no para personas con ‘sueldazos’ de casi 70.000 euros y para cargos del PP”.