Alicante investiga a más funcionarios públicos y restringe el acceso a viviendas de protección oficial para concejales y asesores
Discusión sobre la vivienda protegida
El Ayuntamiento de Elx también ha anunciado que restringirá la compra de viviendas sociales a funcionarios y responsables, en línea con lo establecido en la capital de la provincia.
En una foto de archivo, el concejal de Elx, Pablo Ruz (i), y el de Alicante, Luis Barcala (d), se saludan en la entrada del Ayuntamiento de Alicante.
La administración municipal de Alicante remitió al concluir la anterior semana a la Conselleria de Vivienda las conclusiones de la comparativa de información de los 140 beneficiarios de los inmuebles protegidos del complejo Les Naus con su nómina de trabajadores, aguardando ahora que el área liderada por la vicepresidenta Susana Camarero verifique si existen situaciones adicionales a las ya detectadas donde se hayan cometido anomalías, tales como omitir las ganancias de algún integrante del núcleo familiar. Informantes de la Generalitat sostienen que la cuestión se encuentra bajo análisis y que, de hallarse cualquier fallo, se comunicará enseguida a Fiscalía con el fin de incorporarlo a la querella interpuesta durante la semana previa.
En la jornada de hoy, el ejecutivo local de Alicante ha pedido a las demás formaciones que aporten los nombres de los integrantes para la comisión de investigación ratificada de forma unánime en la sesión plenaria. Las agrupaciones de izquierda demandaron a primera hora que dicho órgano se constituya con la mayor brevedad posible. Aunque el alcalde Barcala prefiere no pronunciarse, la portavoz Cristina Cutanda ha afirmado que, a pesar de las solicitudes de renuncia planteadas por gran parte de los ediles, el máximo responsable continuará con sus labores en el Ayuntamiento y no planea realizar nuevas intervenciones, dado que ya ofreció los detalles pertinentes durante el pleno extraordinario organizado para ese fin.
Las formaciones de izquierda habían reclamado durante la mañana que el comité de investigación se reúna con la mayor brevedad posible.
Las repercusiones de la polémica han alcanzado a Elx, gestionado asimismo por el PP, en esta situación junto a Vox. A mitad de la mañana, el gobierno municipal de Elx ha distribuido una nota de prensa comunicando que vetará la entrada de representantes políticos, consejeros y directivos a los inmuebles sociales en Elx.
El alcalde Pablo Ruz ha informado que el próximo jueves se realizará la asignación provisional de los lotes 1 y 2 del programa Casa Fácil, que “supone el pistoletazo de salida a la construcción de 240 viviendas de protección pública en Elche con el objetivo de paliar el déficit de vivienda existente”.
Ruz ha afirmado que, para evitar cualquier tipo de duda, este gobierno municipal “ha introducido cláusulas claras, mecanismos de control y garantías adicionales desde el inicio del proceso con un objetivo claro: que no accedan a la vivienda pública personas a las que no les corresponde”.
Elx ha confeccionado un texto particular referente a la inexistencia de incompatibilidades, el cual tendrá que ser suscrito de forma forzosa.
Por ello, “no podrán acceder a una vivienda pública aquellos que ya disponen de una vivienda, quienes no cumplen los requisitos legales, quienes incumplen la ley o intenten hacerlo mediante fraude o información falsa, además de concejales de la corporación, asesores y altos cargos”.
En lo referente a la entidad adjudicataria, “ésta no decidirá sola y todas las personas que quieran acceder a una vivienda deberán ser comunicadas a PIMESA (empresa municipal), que será quien revise, verifique y valide el cumplimiento de los requisitos”. Por otra parte, la sociedad municipal ha preparado un escrito específico sobre la carencia de incompatibilidades, cuya firma será requisito indispensable para cualquier persona que desee obtener una vivienda pública.
Órgano en las Corts por propuesta de Vox
El PP respaldará la comisión de investigación impulsada por Vox en Les Corts Valencianes sobre las asignaciones de viviendas de protección oficial (VPP) en la promoción Les Naus, edificada sobre suelo municipal en Playa de San Juan (Alicante), así como de “todas aquellas realizadas durante la presente legislatura”, al considerar que se trata de un foro “de verdad”, y rechazará las propuestas del PSPV y Compromís en este ámbito, al estimar que buscan “desbaratar” y “ensuciar” la política de vivienda del Consell.
Así lo ha revelado el síndico del PP, Nando Pastor, en rueda de prensa este martes tras la junta de portavoces, al ser preguntado sobre la postura de su grupo frente a las peticiones de creación de comisiones de investigación presentadas por el PSPV, Compromís y Vox, asunto que se tratará en el pleno de Les Corts la próxima semana.
“Con ese documento se garantiza que no exista conflicto de intereses ni situaciones irregulares en el acceso a la vivienda”, ha manifestado Ruz, quien ha puntualizado que se activará un buzón de alertas, para que todo individuo logre reportar de manera protegida y privada eventuales anomalías en el procedimiento.
Según el alcalde, “estas medidas no endurecen el acceso, lo que hacen es proteger a quienes realmente necesitan una vivienda”. De esta forma, ha apuntado que este gobierno “pone reglas, vigila y actúa y quienes no cumplan con la normativa su acceso a estas viviendas va a ser imposible porque Casa Fácil es vivienda pública con garantías, pensada para las personas, no para los abusos ni los privilegios”.
Tras la comunicación de esta disposición por parte de Ruz, el consistorio de Alicante ha remitido un comunicado con un enfoque similar, donde el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, comunica que el gabinete municipal “restringirá a sus concejales, cargos y personal de confianza el acceso a procesos para optar a una vivienda de protección pública”. “En los próximos días se dará forma a esta medida, que también queremos extender a otro tipo ayudas municipales abiertas a toda la ciudadanía, para de este modo dejar claro cuál es nuestra postura”, ha declarado Villar.
“Este equipo de gobierno -ha añadido el vicealcalde- está firmemente comprometido con la transparencia y estamos reforzando los controles para que las ayudas lleguen a la ciudadanía sin ningún tipo de sospecha”.
El concejal ha subrayado que se trata de una disposición “ambiciosa, que ningún ejecutivo local había adoptado hasta el momento en el Ayuntamiento de Alicante”. “No recordamos que el tripartito de izquierdas adoptara medidas de este calado, aunque también es verdad que no hizo una sola vivienda pública, ni ellos ni el Botánic de Ximo Puig, por lo que se podían ahorrar todas las medidas”, ha recalcado Villar.
“Los cargos públicos, así como los asesores, reúnan o no los requisitos para acceder a una vivienda protegida, no podrán aspirar a la misma”, ha recalcado. “Esperamos que el resto de grupos municipales se sumen a esta iniciativa”, ha remarcado Villar.