“Vivir de” la prostitución
El líder del PP ha acusado al presidente del Gobierno en sede parlamentaria de haber “vivido de” la prostitución. Es la segunda vez que lo hace, ya que en julio le acusó de ser partícipe del negocio de la prostitución “a título lucrativo”. Hay que felicitar al líder del PP por su valentía al destapar el melón del uso de bienes de origen delictivo de forma tan reiterada. Sacar un tema tan espinoso a sabiendas de que puede volverse en tu contra, o en contra de tu partido, es de quitarse el sombrero.
La acusación del líder del PP no es fácil de probar. Requiere que se determine si el presidente se benefició de una actividad de presunto proxenetismo por parte del padre de su esposa: 1) probar que lo que hacía el padre no era solo moralmente reprobable sino constitutivo de delito; 2) que la esposa tuvo personalmente acceso a bienes que procedían de esas actividades ilícitas, y 3) que el presidente se benefició de ellos a sabiendas de su origen delictivo.
Es posible que al líder de la oposición no le importe demasiado si todo eso se puede probar o no. Y que simplemente esté buscando meter al presidente en un lío reputacional más, ¡como si no fuera suficiente con los innumerables follones en los que se ha metido el presidente él solito! Pero en cualquier caso, hay que agradecer que se ponga el foco sobre esta cuestión. Porque el uso de bienes de origen delictivo no es solo un asunto reputacional: es una actividad tipificada como delito en el artículo 301 del Código Penal (sobre blanqueo de capitales, sin que se requiera el ánimo de blanquear). Como le ocurre a cualquier ciudadano de a pie, los políticos que usan bienes que proceden de actividades delictivas cometidas por terceros, con conocimiento de su origen delictivo, están cometiendo ellos mismos un delito.
Un caso hipotético: si un político disfruta de unas vacaciones en el barco de alguien que no sabe que es narcotraficante, pero admitiendo que sabe que es contrabandista (es decir, teniendo conocimiento del presunto origen delictivo de los bienes, dado que el contrabando es un delito tipificado por ley orgánica), ¿ha cometido presuntamente un delito? No es algo fácil de probar porque, aunque el conocimiento se haya admitido, habría que determinar el origen delictivo de los bienes en cuestión.
¿Estaría un político cometiendo un delito si tuviese constancia de que en su partido hay financiación ilegal?
El artículo 301 del Código Penal no se aplica solo a los bienes originados por el proxenetismo, narcotráfico o contrabando. Se aplica a todos los delitos, incluidos los relacionados con la corrupción. Un ejemplo al azar: los políticos que se benefician de fondos de su partido (para pagarles sus actos electorales, sus viajes, sus gastos, quizás hasta sus sobresueldos, etcétera) que provienen de financiación ilegal a través de mordidas para el partido en la contratación pública, ¿estarían ellos personalmente cometiendo un delito si tuviesen constancia de que en el partido existe financiación ilegal, aunque no sean necesariamente ellos los que han estado implicados en las mordidas?
Pero es que además el Código Penal recoge el agravante de “imprudencia grave”: omisión del deber de diligencia que lleva a no detectar el origen ilícito de los bienes. Es decir, que “no saber” no es excusa si “has incumplido el deber de verificación”. En el caso del PSOE y el PP solo hace falta un nivel de diligencia básica para que sus dirigentes y candidatos sepan que hay un problema: el último informe del Tribunal de Cuentas sobre partidos políticos indica que sus sistemas de cumplimiento están uno todavía “en desarrollo” y el otro cumple con el “mínimo”.
Pregunta al aire: si un candidato o dirigente del PSOE/PP no sabe que su partido incurre en financiación corrupta, pero no cumple con su deber de diligencia de comprobar que los sistemas de cumplimiento contra la corrupción de su partido son efectivos, y se beneficia de esa financiación ilegal del partido (organización de sus mítines, pago de sus viajes, sueldo del partido, etcétera) ¿estaría incurriendo personalmente en un delito con imprudencia aunque no supiese que había financiación ilícita?
Dudo que los líderes del PSOE y el PP tengan mucho interés en meter el dedo en estas cuestiones. A ver si hay suerte y algún juez se anima.