Si se observan las publicaciones de los columnistas o se atienden las prédicas de los comentaristas, se percibe una notable similitud entre el cuarto poder (los medios de comunicación) y el tercero (el sistema judicial). Ambos tienden a emitir juicios y opiniones basándose más en sus convicciones ideológicas que en los hechos concretos. Quizás desde la Ilustración, un periodo en el que la humanidad priorizó la lógica sobre los sentimientos para estructurar la sociedad, esta dinámica haya prevalecido, reconociendo que la verdad, aunque a veces dolorosa, es inmutable, tal como expresaba Serrat. El problema actual reside en que la objetividad, lejos de ser una aspiración inalcanzable, se ha transformado en un mero chiste.
El principio de separación de poderes, fundamental para la democracia, busca organizar el sistema de manera que el poder se contenga a sí mismo, previniendo así la extralimitación de quienes ostentan autoridad. Sin embargo, la situación actual se caracteriza por una cantidad excesiva de injerencias mutuas entre las distintas ramas del gobierno, lo que está distorsionando la democracia y amenazando nuestro marco de libertades. La reciente sentencia del Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado ha generado una fractura en la opinión pública.
La decisión judicial a favor del fiscal general protege la labor periodística, pero deja de lado a los profesionales de la comunicación.
No afirmo que la resolución sea injusta, pero sí da la impresión de carecer de argumentos sólidos, a pesar de sus 181 páginas y las tres semanas que el relator empleó en su elaboración. Incluso contiene fragmentos de estilo literario, aunque eso tampoco la valida, ya que parte de la mejor literatura se basa en sentencias inicuas, desde El conde de Montecristo, de Alexandre Dumas, hasta el Matías Sandorf, de Julio Verne.
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Lo más inquietante de la resolución judicial, aparte de la argumentación que lleva a la condena, es el esfuerzo por no poner en duda la exactitud de las declaraciones de los reporteros, quienes afirmaron que la filtración en cuestión no provino del fiscal general, ya que admitieron tener conocimiento de ella incluso antes que Álvaro García Ortiz, desestimando así su declaración, la cual no fue considerada. El juez ha manifestado que sus testimonios fueron “especialmente esclarecedoras”, lo cual, si se analiza detenidamente, resulta comprensible, aunque se podría afirmar que esto ilustra mejor las intenciones del sector mayoritario conservador del tribunal que lo que se podía inferir de las declaraciones de los periodistas. Se trata de una proeza de equilibrio en una época que no favorece las posturas moderadas.