Tomo el título de este artículo de un libro escrito por la profesora sueca Inger Enkvist, catedrática de Filología Española en la Universidad de Lund, editado en España el pasado año. Es un libro breve: 190 páginas. Si ha llamado mi atención, no es por lo que narra, que es bien conocido, sino por la diáfana valoración política que hace de los hechos narrados, que es coincidente en esencia con la mía. Además, la autora expresa su opinión de un modo más frío y pausado de cómo yo lo haría, aunque la coincidencia es grande.
Proclamación de la Segunda República en Madrid. Plano de la Puerta del Sol
Y por esta razón intento resumir al máximo su visión de este periodo, para contrarrestar, sin esperanza alguna, los efectos devastadores de la memoria democrática. Esta no es más, aquí y ahora, que una descarada y sectaria utilización política de la memoria histórica, en aras de la demolición del régimen del 78 y de la monarquía que lo encarna. Todo para proclamar una República Confederal Ibérica, que consagre el derecho de autodeterminación de unas “naciones históricas”, que se dicen cautivas en esta “cárcel de pueblos” que, según ellas, es España. O sea, el cuento de nunca acabar contado por los netamente progresistas espoleados por los separatistas de diverso octanaje, que esperan –¡esta vez sí!– un parto sin dolor. Es la ruptura que impone el señor Puigdemont y que acepta un señor Sánchez contrito y obsequioso. Lo que sigue es transcripción, libre pero fiel, del texto de la profesora Enkvist.
Entre los años 1931 y 1936, todo se puso patas arriba en España. ¿Cómo pudo suceder? Los principales políticos tomaron decisiones inapropiadas para el país, y el país pasó en cinco años y tres meses de su mejor situación económica y social jamás vista a una guerra civil. Desde el 14 de abril de 1931 hasta el 18 de julio de 1936, hubo veinte gobiernos con sesenta ministros, más de dos mil muertes violentas, decenas de miles de heridos, decenas de miles de armas incautadas, decenas de miles de presos políticos, cientos de atentados, cientos de deportados, miles de huelgas, incendios y destrucciones de iglesias y conventos, evasión de capitales, cierres de periódicos de derechas y de izquierdas, intentos de golpe de Estado, varias declaraciones de estado de guerra, escándalos financieros, etcétera.
La II República murió por el odio político, las manipulaciones electorales y la violencia desatada
Durante el primer bienio (1931-1933), las reformas políticas en que se centró la nueva República, en manos de la izquierda, fueron la reforma del ejército, la limitación de la influencia de la Iglesia, la nueva legislación laboral, la reforma agraria y una mayor autonomía para Catalunya. Sin embargo, la violencia dejó su huella: huelgas, incendios, asesinatos, varios levantamientos llevados a cabo por anarquistas y una sublevación militar sofocada rápidamente.
En el segundo bienio (1933-1935), se produjo un vuelco y la derecha ganó las elecciones de otoño de 1933, pero los socialistas no aceptaron esta victoria porque consideraron que la Segunda República era un proyecto de la izquierda. Aumentó el número de huelgas revolucionarias y de ocupaciones de tierras y fábricas.
Anarquistas, socialistas, comunistas y separatistas catalanes organizaron un levantamiento armado para tomar el poder en octubre de 1934. Y, en las elecciones de 1936, durante el recuento de votos, las multitudes presionaron a gobernadores y alcaldes de derechas para que renunciaran. La elección resultó reñida y según Álvarez Tardío y Villa García no se puede decir quién habría ganado si las elecciones se hubieran desarrollado sin violencia y manipulación. Y el 17 de julio se produjo un levantamiento militar y, a la vez, un estallido revolucionario controlado por el Frente Popular, y con eso terminó la Segunda República. Murió a causa del odio político, las manipulaciones electorales y la violencia desatada.
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Añade la profesora Enkvist que la investigación sobre la Segunda República se divide en dos ramas: una que incluye los nuevos datos y otra que se caracteriza por consideraciones ideológicas y a menudo se financia con dinero público, dentro del marco de las leyes de Memoria Histórica y de Memoria Democrática.