Procedimiento extraordinario de regularización migratoria
El Gobierno ratificó ayer durante el Consejo de Ministros una normativa que facilitará el proceso de regularización masiva para cerca de 500.000 extranjeros, principalmente originarios de naciones latinoamericanas tales como Colombia, Perú y Honduras. Diversos informantes, relacionados con el ámbito económico, sitúan la cantidad total superando los 800.000. De todas formas, la iniciativa pactada entre el PSOE y Podemos favorecerá a todos los individuos sin papeles o peticionarios de protección internacional que logren demostrar, a través de variados justificantes, que residen en España con anterioridad al cierre de 2025, a condición de que no tengan registros delictivos. Las peticiones podrán entregarse en los meses de abril o mayo, periodo en el cual quedarán paralizados los expedientes de expulsión.
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La disposición validada ayer no requiere, por su naturaleza de decreto ley, el aval del parlamento, de modo que su proceso continuará hasta su ratificación final, tras la redacción de diversos informes y su revisión por el Consejo de Estado, previo a su retorno al Consejo de Ministros. Se ha recurrido al decreto ley tras el estancamiento de los diálogos entre las formaciones políticas mayoritarias para acordar la norma. Esto ocurre aun cuando en mandatos de diferente tendencia, ya fuesen de Felipe González, José María Aznar o José Luis Rodríguez Zapatero, se sancionaron leyes parecidas. El precedente más reciente, ocurrido en la etapa de Zapatero hace más de dos décadas, facilitó la regularización de 500.000 ciudadanos. Además, el planteamiento recogido en este decreto ley contó con el apoyo de mil organizaciones y una iniciativa legislativa popular que alcanzó 700.000 rúbricas, recibiendo el apoyo en el Congreso de casi todas las fuerzas, a excepción de Vox. Tales grupos conforman un espectro social diverso, abarcando desde gremios patronales y agrupaciones anarquistas hasta la Conferencia Episcopal Española (CEE), lo que demuestra el extenso respaldo ciudadano al proyecto.
El PSOE y Podemos han acordado una iniciativa que podría favorecer a medio millón de individuos o una cifra superior.
Fue justamente el presidente de la CEE, Luis Argüello, uno de los individuos que ayer se manifestaron con mayor claridad a favor de la ley validada, alegando por un lado motivos de estricta lógica –“facilita la aportación al bien común de muchos inmigrantes que ya están trabajando, participando en la escuela, la sanidad y los servicios sociales, y a veces malviviendo entre nosotros”– y por otro lado fundamentos de carácter ético: “Se reconoce así su dignidad”.
Los motivos no se limitan únicamente a los expuestos en dichos testimonios. Existen otros adicionales. De acuerdo con la introducción del pacto suscrito por el PSOE y Podemos, destacan las transformaciones geopolíticas actuales, el surgimiento de distintos orígenes para el desplazamiento, la fragilidad de naciones en guerra, los traslados por motivos medioambientales, entre otros; en definitiva, los diversos elementos que incrementan el flujo migratorio y exigen normativas. Cabría señalar también argumentos vinculados a la sensatez y la lógica: cada individuo que reside en este territorio y colabora de alguna forma al mantenimiento de la nación debería disponer de prerrogativas equivalentes. Tal es la expectativa ante estrategias fundamentadas en valores morales. Aquello, evitando estigmatizar a los inmigrantes por su condición, tal como ocurre con la Administración de Donald Trump en EE.UU., inmersa en una sucesión de crueles arrestos y expulsiones, o como intentan los partidos de extrema derecha en España, un Estado donde el 14% de quienes cotizan en la Seguridad Social son ya ciudadanos foráneos.
El Consejo de Ministros ratifica la normativa de urgencia en la misma jornada en que el desempleo desciende del 10%.
Frecuentemente, tales agrupaciones radicales persisten en una narrativa que sostiene que los inmigrantes han llegado para arrebatar el empleo a los españoles, sirviendo esto como etapa preliminar en la expansión de la teoría del gran reemplazo. No obstante, las métricas financieras muestran un dinamismo al alza, especialmente al contrastarlas con las de naciones colindantes, después de que se contabilizara en este territorio una subida del PIB del 2,9% durante el 2025, junto a una estimación de progreso para el presente 2026 situada por encima del 2,2%. Cifras de esta naturaleza habitualmente vienen ligadas a la contratación de nuevos trabajadores.
Adicionalmente, ayer se informó que la desocupación continúa bajando en España. Conforme a la Encuesta de Población Activa del cuarto trimestre de 2025, en ese intervalo el desempleo descendió del 10%, hasta el 9,3%, siete décimas por debajo de la cifra del año previo en el mismo ciclo, un hecho que no se veía desde 2008. Durante todo 2025 se obtuvo el máximo de 22,46 millones de trabajadores y se originaron en España 605.400 puestos laborales extra, un volumen que supera al de otras naciones europeas.