Se repite hasta la saciedad que la Administración “no puede” intervenir de verdad en el mercado de la vivienda. Que no puede construir más rápido, más barato, sin depender del sector privado. Es falso. Sí es posible y además es legal.
La Generalitat puede crear una empresa pública de construcción y rehabilitación, con trabajadores seleccionados mediante procesos públicos y con condiciones laborales estables. Esto serviría para construir vivienda pública a precio de coste, sin sobrebeneficios, sin intermediarios, sin comisiones encubiertas, además de encargarse de rehabilitar vivienda vacía de forma masiva.
Cuando se afirma que “el mercado se regula solo”, lo que se dice es que se acepta que los fondos de inversión decidan quién puede vivir y quién no. Y cuando el mercado falla, la intervención pública no es una opción ideológica, es una obligación democrática.
La vivienda no puede seguir siendo un negocio financiero, es un derecho.
Jordi Esparza-Gijón
Barcelona