El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha reiterado este jueves por unanimidad que los jueces no tienen reconocido el derecho a la huelga al no haber sustento legal para ello como ya acordó el mismo órgano en el año 2009 ante una convocatoria como la realizada por las asociaciones mayoritarias de jueces y fiscales, todas ellas conservadoras, para protestar por las reformas que prepara el Gobierno en materia de justicia.
La presidenta del Consejo, Isabel Perelló, había convocado un pleno extraordinario para fijar postura ante esta convocatoria después de que el Ministerio de Justicia, dirigido por Félix Bolaños, pidiera al órgano de gobierno de los jueces y a la fiscal jefe de la inspección fiscal si considera legal esta convocatoria de huelga.
Todas las asociaciones de jueces y fiscales, excepto las progresistas, acordaron acudir a una huelga de tres días los días 1, 2 y 3 de julio para protestar por las reformas anunciadas por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, sobre el acceso a ambas carreras y sobre la Fiscalía, para adaptarla al futuro cambio de modelo del proceso penal, donde las instrucciones pasarán de jueces a fiscales.
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El órgano de los jueces ha mantenido el criterio fijado en 2009, que determinó que la legislación española no contemplaba el derecho de huelga para jueces y magistrados. Concretamente, el acuerdo firmado hoy establece que “como ya sostuvo el pleno en su acuerdo de 9 de febrero de 2009 y la comisión permanente en sus acuerdos de 8 de noviembre de 2012 y 13 de febrero de 2013, el ejercicio del derecho de huelga de jueces y magistrados carece, en el momento actual, de soporte normativo, por lo que no procede tener por anunciada la convocatoria de huelga ni, al carecer el CGPJ de competencia para ello, fijar servicios mínimos”.
A pesar de esta unanimidad, los progresistas se han negado a apoyar una serie de consideraciones defendidas por los conservadores, con el apoyo de la presidenta, Isabel Perelló, en los que se respaldaría las reivindicaciones de los jueces. Por ejemplo, el pleno, solo ha sacado con adelante con los conservadores y la presidente un punto en el que advierte que el intento del Gobierno de hacer fijos a los jueces sustitutos ya fue criticado por el propio CGPJ en su informe sobre el proyecto de ley. El pleno recuerda que esta medida tiene una “falta de acomodo a la doctrina del Tribunal Constitucional”.
Además, con los votos en contra de los progresistas, el pleno ha reconocido a los integrantes del Poder Judicial “los años de dedicación y esfuerzo invertidos en la superación de las pruebas de acceso a la carrera judicial, así como su profesionalidad en el ejercicio de la función jurisdiccional en situaciones no siempre favorables”.
Y además, se ha apelado a la “responsabilidad institucional de quienes ejercen funciones constitucionales, sean estas legislativas, de gobierno o jurisdiccionales”.
Cinco asociaciones de jueces y fiscales reclamaron a Bolaños la retirada de las dos reformas de justicia o, de lo contrario, se convocaría una huelga. Desde el Ministerio se ha defendido la necesidad de modernizar y democratizar el acceso a la carrera judicial y fiscal así como dotar a la fiscalía de la instrucción de los procesos penales.
Como paso previo, las asociaciones (Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales) han convocado una concentración para este sábado ante la sede del Tribunal Supremo.
“Queremos trasladar a la sociedad el peligro que, para la independencia judicial, para la autonomía del ministerio fiscal y, en definitiva, para nuestro Estado de derecho y nuestra democracia, representan las reformas legislativas emprendidas por el Gobierno”.
A juicio de los convocantes, las reformas “suponen una amenaza a la independencia judicial y del ministerio fiscal”. En el acto se procederá a la lectura de un manifiesto conjunto por parte de los representantes de las asociaciones.
