El empresario navarro Antxon Alonso, administrador de la empresa Servinabar, sospechosa de recibir contratos amañados por parte de la supuesta trama liderada por el exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán, ha negado cualquier actuación irregular. En su declaración como investigado ante el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha defendido que “jamás” ha tenido una relación empresarial con el exdirigente socialista.
Antxon Alonso, administrador de Servinabar, a su llegada al juzgado
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil halló en el registro a Alonso un documento por el que Cerdán se hacía con el 40% de las participaciones de Servinabar, una empresa adjudicataria de obra pública en Navarra, principalmente en UTE con Acciona.
La tesis del juez del Supremo, que envió la semana pasada a Cerdán a prisión, es que el exnúmero 3 del PSOE ocultó sus intereses empresariales con Servinabar y con Acciona, para las que habría intervenido para que recibieran adjudicaciones amañadas, primero en Navarra y después a través del Ministerio de Transportes, a cambio de 'mordidas'.
Tanto Alonso como el exdirectivo de Acciona Fernando Merino, también investigado, han negado tales amaños. El primero ha limitado su relación con Cerdán al ámbito personal y ha dado la misma explicación de quien fuera la mano derecha del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el partido.
Tras tomarles declaración como investigados, Puente ha fijado para ambos la retirada de pasaporte, prohibición de salir del país y acudir quincenalmente al juzgado más próximo a su domicilio.
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Alonso ha alegado, en sintonía con Cerdán, que en 2016 éste pretendía dejar la política y le ofreció entrar en Servinabar, pero finalmente lo desechó. Había preparado un documento privado que nunca se llevó a registro y por tanto no tiene ninguna validez.
También ha restado importancia al hecho de donar a una fundación vinculada a José Luis Ábalos 4.500 euros, sobre lo que alegó que le interesó el “objetivo” de la labor de tal organización, Fiadelso.
También ha reconocido que cuando Cerdán fue a Madrid en 2017 tras llegar Sánchez a la secretaría general del PSOE, compartieron piso porque él acudía habitualmente a la capital e hizo ese favor a Cerdán porque “estaba mal” de dinero.
Además, ha negado cualquier amaño en la adjudicación de obras de Navarra. Alonso ha advertido que en aquella época Cerdán estaba en la oposición y que las obras analizadas por la UCO; como la de Mina Muga, era 100% privada.
Por su parte, Merino ha alegado que si Acciona contrató a Servinabar es porque les obligaban a contratar una parte de la adjudicación con una empresa local para poder optar al contrato. Aún así ha aclarado que él no era el encargado de montar las UTE sino su superior.
Fernando Merino, exdirectivo de Acciona a su llegada al Tribunal Supremo
Merino ha negado que existan pagos a Koldo García, asesor de Ábalos en el Ministerio de Transportes, y a quien conocía de la época previa de Navarra. Sobre el posible pago a García a través del bar Franky, el exdirectivo de Acciona también lo ha negado y ha dicho que esos pagos correspondían a comida que se celebraban en un reservado que tenía el local.
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El investigado también ha restado importancia al hecho de enviar a Koldo García información sobre una adjudicación en 2019, estando ya en el Ministerio, o pedirle que recibiera a su cuñado, de OPR, otra de las empresas investigadas.
Pardo de Vera, citada para el 21 de julio
En paralelo a estas citaciones, el juez de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional -con el resto de investigados de la trama sin contar con Cerdán, Ábalos y García- ha citado para declarar como investigados a la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y el exdirector general de Carreteras Javier Herrero el próximo día 21.
Pardo de Vera ya estaba imputada por su presunta participación en la contratación de la exnovia de Ábalos Jessica Rodríguez a través de una empresa pública vinculada a Adif. Sin embargo, días antes de su citación, el magistrado ordenó a la UCO registrar su domicilio en busca de documentación por su presunta implicación en el amaño de contratos.
Tanto Herrero como Pardo de Vera están siendo investigados después de que el instructor del Supremo Leopoldo Puente remitiera el último informe de la UCO al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno con los indicios de su participación en el amaño de varias obras con la intermediación de Ábalos, García y Cerdán.
