El Parlament tramita hoy la reforma legal que impulsa Junts para que las comunidades de vecinos puedan denunciar las ocupaciones delincuenciales e iniciar el procedimiento de desahucio de manera cautelar cuando no lo hace el propietario. Se trata de una medida que los posconvergentes tratan de sacar adelante desde el 2022 y que se ha trabajado codo con codo con el Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB).
La iniciativa se registró en febrero de este año y se pidió tramitarla por lectura única, con un procedimiento abreviado, pero JxCat no contó con el apoyo del resto de grupos de la Cámara para ello. Tras quedar en un cajón varias veces en las reuniones de la junta de portavoces de estos últimos meses, hace una semana pasó el corte en el órgano que decide el orden del día gracias a la respaldo de Esquerra y del PP, que avalaron que la ley vaya al pleno de esta semana.
Así las cosas, este miércoles por la tarde se celebra el debate a la totalidad de la ley. Puesto que no hay ninguna enmienda a la totalidad registrada, la norma seguirá ahora su curso en el trámite de ponencia y de comisión, donde se abordan las enmiendas, antes de volver al pleno para su votación definitiva.
En concreto, se propone reformar el libro quinto del Código Civil catalán y la ley catalana del derecho a la vivienda para que las comunidades de vecinos puedan solicitar el desalojo de un inmueble ocupado cuando se lleven a cabo “actividades o actos contrarios a la convivencia normal en la comunidad o que estropeen o pongan en peligro el inmueble”, así como en otras circunstancias, cuando se ejecuten acciones prohibidas por los estatutos de la comunidad, la ley o la normativa urbanística.
En cualquier caso, desde ERC anticipan que la ley no les gusta aunque hayan permitido que de momento avance en el trámite parlamentario. Los posconvergentes, por su parte, confían en que más adelante los socialistas, de algún modo, permitan que la ley se apruebe porque, según explican, en el ámbito municipal del PSC hay voces favorables a la iniciativa.
Fuentes del ICAB señalan que trabajarán y harán presión a todos los grupos de la Cámara para que la norma se apruebe “independientemente de quien la presente”. “No tiene color político y vamos a hacer todo lo posible para que la aprueben los grupos”, señalan estas fuentes. De hecho, la institución celebra el día 10 de noviembre unas jornadas en las que se abordará la problemática de las ocupaciones y está previsto que hoy esté presente en el Parlament durante el debate de la ley que registró JxCat.
En el 2023, en la pasada legislatura, ya se aprobó un cambio legal impulsado por los de Carles Puigdemont para que en esos mismos supuestos pudieran tomar la iniciativa los ayuntamientos, dado que es habitual que los grandes tenedores se desentiendan de las propiedades ocupadas.
Por otra parte, sigue en un cajón otra propuesta de ley de Junts para que se pueda echar a los okupas en 48 horas. La iniciativa se registró tanto en el Congreso como en el Parlament y es el siguiente hito en el camino que se ha marcado JxCat para combatir las ocupaciones delincuenciales. Precisamente, los posconvergentes apremiaron al PSOE este lunes para que desbloquee su iniciativa en la Cámara Baja. Esta iniciativa también cuenta con el respaldo y el aval del ICAB.
