Poco después de conocerse el informe del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) con el aval a la ley de Amnistía, desde Junts apuntaron rápidamente hacia el Tribunal Constitucional (TC), que tiene sobre la mesa, pendientes de resolución, recursos de amparo de los dirigentes independentistas que aún no han sido amnistiados. En la formación señalaron que el órgano de garantías tenía margen de maniobra y solo unos días después la defensa del expresident Carles Puigdemont y del exconseller Toni Comín ha vuelto a solicitar al Constitucional que suspenda la orden de detención nacional que permanece vigente en su contra, tras pedirlo el pasado mes de julio cuando ya había sido declarada constitucional la norma por primera vez.
Así pues, el abogado Gonzalo Boye se ha amparado ahora en las conclusiones del abogado general y en la nueva sentencia del TC de este mes de octubre pasado que declaraba la malversación amnistiable tal y como está recogida en el redactado de la ley de Amnistía. A juicio del penalista, las conclusiones del abogado luxemburgués Dean Spielmann, “delimitan el estándar europeo aplicable y refuerzan la necesidad de preservar la finalidad del amparo mediante la suspensión cautelar solicitada”.
En el escrito, de seis páginas y con fecha de hoy, se pide que se deje en suspenso la medida que acordó el magistrado instructor del procés en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, hasta que el Constitucional se pronuncie sobre el recurso de amparo que admitió a trámite el pasado 7 de octubre.
Boye considera que “la suspensión cautelar solicitada no sólo resulta procedente, sino jurídicamente obligada para garantizar la efectividad del recurso de amparo y evitar la lesión irreversible de los derechos fundamentales del recurrente”.
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El penalista insiste en que mantener la orden de detención nacional en su contra “supondría un sacrificio desproporcionado e innecesario, incompatible con los principios de proporcionalidad, necesidad y mínima injerencia”. Hay que tener en cuenta que las conclusiones que presentó el jueves el abogado general no son vinculantes, pero en la mayoría de casos orientan la sentencia posterior del TJUE de Luxemburgo.
Además, en declaraciones a TV3, el abogado de Puigdemont ha pedido a los magistrados que se desvinculen de la agenda política. ”El TC tiene que abstraerse de la realidad política y, a partir de ahí, resolver conforme a derecho. Y cuidado, porque igual le terminan adelantando desde Europa”, ha apuntado.
Por otra parte, esta semana el Constitucional abordará varios recursos de inconstitucionalidad de la norma que aún no había resuelto. Ahora resolverá los recursos elevados por las comunidades de Murcia, Andalucía, Comunitat Valenciana y Castilla y León y a la cuestión de inconstitucionalidad presentada por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Hasta la fecha, el TC se ha pronunciado sobre los recursos presentados por el PP y por las Cortes de Aragón, así como sobre la pregunta formulada por el Tribunal Supremo (TS).
