La comisión de Justicia del Congreso ha culminado este miércoles el dictamen sobre la proposición de ley impulsada por Junts para endurecer la respuesta penal a la multirreincidencia, especialmente en los delitos de hurto. Con ese trámite, la norma ha quedado lista para elevarse al pleno en la primera sesión tras las vacaciones de Navidad, en un escenario de tensiones cruzadas entre los socios del Gobierno y de extrañas confluencias entre partidos habitualmente enfrentados.
Porque la carpeta de la multirreincidencia ha vuelto a dividir al Gobierno de coalición. Sumar ha rechazado cualquier viraje hacia el punitivismo, pero el PSOE ha optado por desencallar una las demandas de Junts, con quien Pedro Sánchez ha tratado de recomponer puentes tras la ruptura anunciada por los de Carles Puigdemont por los “incumplimientos” del pacto de investidura. La maniobra socialista ha alineado al partido con Junts, PP y PNV en un movimiento que en el bloque progresista ha sido interpretado como un giro significativo en un terreno especialmente sensible.
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Socialistas y populares han evitado en todo momento aparecer juntos en la foto, pero ambos han pactado, por separado, enmiendas con Junts. Después, como denuncian fuentes de Sumar, PSOE y PP han acabado adhiriéndose a las enmiendas cruzadas. “Es un nuevo pacto bipartidista que están intentando hacer pasar como un accidente casual”, han lamentado estas fuentes, convencidas de que la ley ha reactivado dinámicas cooperativas entre los dos grandes partidos.
La sesión de este miércoles estaba precedida por la reunión celebrada la pasada semana a puerta cerrada en el Congreso en la que PP, PSOE y Junts encarrilaron el avance de la norma. Los populares transaccionando cuatro enmiendas con los de Puigdemont y los socialistas haciendo lo propio con otras dos.
El informe final ha contado con el respaldo de PP, PSOE y Junts, mientras Vox y PNV han facilitado su tramitación. EH Bildu y Podemos han expresado su rechazo, y grupos como Sumar y ERC han intentado mantener vivas varias enmiendas de cara al debate del primer pleno de 2026.
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Las presiones locales han pesado de forma notable en esta fase. En el PSOE, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha reclamado avances para combatir el incremento de hurtos en la ciudad. Lo mismo ha sucedido en el seno de Junts donde varios alcaldes posconvergentes llevaban reclamando el desbloqueo de la medida. Todo en un contexto que el Ayuntamiento de Barcelona ha resumido haciendo público datos como que 266 personas hayan acumulado 1.700 detenciones solo en el primer semestre de 2025.
La iniciativa que ahora pasará al pleno ha tenido un largo recorrido. Junts la presentó en marzo de 2024 con el argumento de que existía una creciente sensación de inseguridad y un aumento de la delincuencia en Catalunya. El texto original señalaba la “insuficiente respuesta penal” a los “hurtos multirreincidentes” y proponía un incremento de penas para determinados supuestos, como los robos de teléfonos móviles, además de convertir la reincidencia en agravante específico. Pese a su tramitación inicial, la propuesta ha permanecido encallada durante meses, hasta que los independentistas han decidido reactivarla este otoño en paralelo a su estrategia de presión para que el Gobierno cumpla íntegramente el pacto de investidura.
El objetivo de la iniciativa ha sido reformar el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal para reforzar la respuesta penal a la multirreincidencia. Entre los cambios planteados figura desligar las penas del actual tope de 400 euros de valor acumulado de las infracciones, así como modificar el artículo 235 del Código Penal para introducir penas de prisión de uno a tres años en el caso de robos de móviles u otros dispositivos electrónicos. Junts, además, ha defendido duplicar de 35 a 70 el número de jueces de adscripción territorial en Catalunya para garantizar la aplicación efectiva de las nuevas medidas.
Con el dictamen ya cerrado, la norma ha quedado lista para un debate que se prevé áspero, tanto por la fractura en el bloque de investidura como por la convergencia puntual de PP y PSOE en un terreno tradicionalmente espinoso. El regreso del pleno tras la Navidad volverá a poner a prueba la aritmética parlamentaria y la cohesión de una mayoría que, de nuevo, ha evidenciado sus costuras.
