La Guardia Civil detiene a Antxon Alonso, socio de Cerdán, en la operación contra Leire Díez
Operación en marcha
La investigación que ayer provocó la detención de Leíre Díez y un ex presidente de la SEPI sigue en marcha
Quién es quién en la nueva trama corrupta que ha llevado a Leire Díez al calabozo
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil continúa con la operación que ayer se saldó con la detención de la exmilitante del PSOE Leire Díez y el expresidente de la Sepi Vicente Fernández, investigados por los presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal. Según confirman fuentes policiales a Guyana Guardian, a la lista de detenidos se suma Antxon Alonso, socio del ex secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, en la empresa Servinabar.
Esta empresa navarra está en el epicentro de la investigación al ex número tres de Ferraz. Tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo tienen indicios de que esta compañía de Alonso era la tapadera para que Cerdán cobrara comisiones ilegales. Las investigaciones de la UCO destaparon que el ex secretario de organización del PSOE habría firmado un contrato privado para obtener el 45% de la compañía, aunque nunca llegó a elevarse a público.
En relación a esta nueva operación que dirige el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, a raíz de una querella de la Fiscalía Anticorrupción se han practicado 19 registros en varias provincias de España. Los tres arrestados, investigados en la causa que sigue secreta por los delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal, van a pasar a disposición judicial el próximo sábado, desde las 10 horas.
En la causa, que sigue secreta, se investigan los delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) es uno de los nexos de unión entre los dos primeros arrestados. Fernández se puso al frente de la empresa pública en el 2018 de la mano de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa. Ese mismo año, Díez –que fue concejal del PSOE en el municipio cántabro de Vega de Pas entre el 2011 y el 2014– fue nombrada responsable de comunicación de Enusa, la empresa dependiente de la SEPI que realiza el suministro de uranio a las centrales nucleares españolas.
Fernández solo estuvo un año en el cargo, después de verse obligado a dimitir en el 2019 tras ser imputado por la jueza de los ERE de Andalucía, Mercedes Alaya, por la concesión de la mina de Aznalcóllar a Minurbis-Grupo México. La Audiencia de Sevilla terminó absolviendo a los 16 encausados. Díez salió de Enusa en el 2021. Tras su salida de la SEPI, el ahora arrestado trabajó, entre el 2021 y el 2023, para Servinabar, según fuentes próximas a la investigación. Esta empresa de navarra está en el epicentro de la trama que presuntamente lideraría el ex secretario de organización del PSOE Santos Cerdán en la que también están involucrados su antecesor en el cargo, José Luis Ábalos, y su exasesor Koldo García.
Tanto las sedes de la SEPI como Enusa, que depende de la primera, se encuentran en la lista de lugares a los que los agentes de la UCO han acudido para requerir documentación relacionada con la operación. La casi veintena de registros se extienden a Zaragoza, donde se busca información en la sede de la empresa Forestalia, con presuntos vínculos con Servinabar, según fuentes próximas a la investigación. Y también a Madrid, donde la Guardia Civil registra el piso en la céntrica calle de Diego de León, donde Díez habría mantenido reuniones con empresarios. Otros dos registros se están desarrollando en las sedes de las también empresas públicas Sepides y Mercasa.
El registro en Sevilla se ha llevado a cabo en el bar La Bola, situado en la Isla de la Cartuja, donde se celebró la Expo de 1992. Los investigadores tienen sospechas de que este restaurante, abierto hace una década a nombre de la esposa del ex presidente de la SEPI, podría haberse utilizado presuntamente para lavar el dinero de la trama que tiene en mira la Fiscalía Anticorrupción.
