La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil prosigue con la actuación que ayer resultó en la aprehensión de la antigua militante socialista Leire Díez y el exdirigente de la Sepi Vicente Fernández, quienes están siendo investigados por supuestos cargos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal. De acuerdo con lo que fuentes policiales han comunicado a Guyana Guardian, Antxon Alonso, quien es socio del ex secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, en la compañía Servinabar, se ha unido a la lista de personas arrestadas.
La compañía navarra se encuentra en el centro de las pesquisas sobre el ex número tres de Ferraz. Tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo sospechan que esta firma de Alonso sirvió como fachada para que Cerdán recibiera pagos ilícitos. Las pesquisas de la UCO revelaron que el ex secretario de organización del PSOE presuntamente rubricó un acuerdo particular para hacerse con el 45% de la empresa, si bien este nunca se formalizó oficialmente.
Con motivo de esta nueva actuación judicial encabezada por el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, y en respuesta a una denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción, se han llevado a cabo 19 inspecciones en distintas provincias españolas. Los tres individuos detenidos, quienes están siendo investigados en el sumario actualmente bajo secreto de sumario por los cargos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal, comparecerán ante la autoridad judicial el sábado venidero, a partir de las 10:00.
En el caso, que permanece bajo secreto, se están examinando los presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal.
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) sirve como un vínculo entre los dos individuos inicialmente detenidos. Fernández asumió la dirección de la entidad gubernamental en 2018, impulsado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, después de la moción de censura que instaló a Pedro Sánchez en el poder. En ese mismo período, Díez, quien previamente fungió como concejal del PSOE en Vega de Pas, Cantabria, de 2011 a 2014, fue designada para liderar la comunicación en Enusa, una compañía adscrita a la SEPI encargada de proveer uranio a las plantas nucleares de España.
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Fernández ocupó el puesto por tan solo doce meses, renunciando en 2019 después de que la jueza Mercedes Alaya, encargada del caso ERE de Andalucía, lo imputara por la adjudicación de la mina de Aznalcóllar a Minurbis-Grupo México. Posteriormente, la Audiencia de Sevilla exoneró a los dieciséis acusados. Díez dejó Enusa en 2021. Después de su partida de la SEPI, el individuo ahora detenido prestó servicios para Servinabar entre 2021 y 2023, según información de personas cercanas a la indagación. Dicha compañía navarra se encuentra en el centro de una presunta red criminal encabezada por el ex secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, y en la que también participan su predecesor en el cargo, José Luis Ábalos, y su antiguo asesor Koldo García.
La UCO ha visitado las oficinas de SEPI y de Enusa, que está bajo la supervisión de SEPI, para solicitar documentos vinculados a la operación. Aproximadamente veinte inspecciones se han llevado a cabo en Zaragoza, en la sede de Forestalia, una compañía que supuestamente tiene conexiones con Servinabar, de acuerdo con información de personas cercanas a la investigación. Adicionalmente, en Madrid, la Guardia Civil está registrando un apartamento en la calle Diego de León, donde se cree que Díez se reunió con empresarios. Se están realizando otras dos inspecciones en las instalaciones de las empresas públicas Sepides y Mercasa.
La inscripción en Sevilla tuvo lugar en el bar La Bola, ubicado en la Isla de la Cartuja, sitio de la Expo de 1992. Los investigadores sospechan que este establecimiento, inaugurado hace diez años bajo el nombre de la cónyuge del antiguo dirigente de la SEPI, pudo haber sido empleado presuntamente para blanquear fondos de la red que la Fiscalía Anticorrupción está investigando.
