La Guardia Civil ha detenido a Leire Díez y a Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y uno de los ex hombres de confianza de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el marco de una investigación sobre corrupción.
Se trata de un asunto dirigido por el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña con la supervisión de la Fiscalía Anticorrupción. La operación sigue en marcha y está bajo secreto de sumario. Díez y Fernández han sido trasladados a la Comandancia de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid), según confirman a Guyana Guardian fuentes policiales. Se les investiga por los delitos de fraude, falsedad documental, malversación, tráfico de influencias y prevaricación.
Díez y Fernández han sido arrestados por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre las 13.00 horas de este miércoles, según estas mismas fuentes. Las mismas fuentes precisan que la operación sigue en marcha, por lo que no se descartan más arrestos a lo largo de la tarde.
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Fernández estuvo solo un año dirigiendo la SEPI —después de llegar a ella de la mano de Montero, tras le cambio de Gobierno en el 2018— y lo abandonó tras ser imputado por la jueza de los ERE Merceces Alaya por una concesión de la mina de Aznalcóllar a Minurbis-Grupo México.
Tras su salida de la empresa estatal trabajó para Servinabar del 2021 al 2023, según fuentes de la investigación. Esta empresa navarra está en el epicentro de la investigación al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. Tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo tienen indicios de que esta empresa, de Antxón Alonso, era tapadera para que Cerdán cobrara comisiones ilegales.
Las investigaciones de la UCO destaparon que el ex secretario de Organización del PSOE habría firmado un contrato privado para obtener el 45% de la compañía aunque nunca llegó a elevarse a público.
Leire Díez, del PSOE
Está investigada por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias
Por su parte, Leire Díez lleva meses en el centro del huracán después de revelarse unos audios en los que se presentaba como la “mano derecha” de Cerdán. El juzgado de instrucción número nueve de Madrid ya la investiga por otra causa en la que le atribuyen los supuestos delitos de cohecho y tráfico de influencias.
La Fiscalía considera que Díez puedo incurrir en esas conductas delictivas al “presentarse a sí misma como representante cualificada del PSOE al efecto de neutralizar determinados procedimientos judiciales mediante la descalificación de los funcionarios de la Policía Judicial, concretamente a la UCO, o de la Fiscalía”.
Lo que el juez de plaza Castilla investiga es si Díez trató de comprar “con beneficios procesales o profesionales” a empresarios y fiscales a cambio de información para atacar a miembros de la Guardia Civil y del Ministerio Público.
Según consta en autos, Díez habría mantenido tres reuniones cuyo objetivo consistía en “denigrar a las dos instituciones mencionadas, la UCO y la Fiscalía Anticorrupción, provocando así nulidades y descrédito de los investigadores oficiales” en determinados pleitos.
Además, Díez se habría reunido también con el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y con el ex asesor de Moncloa Antonio Hernando, según declaró ella misma ante el juez. Tanto Cerdán como Hernando tendrán que declarar ante el titular del juzgado de instrucción por este asunto.
Por lo que respecta a esas tres reuniones ya documentadas en el sumario. La primera tuvo lugar en febrero de este año. En ese encuentro, acaecido en un despacho de Madrid, Díez “intentó convencer al empresario Alejandro Hamlyn de que le facilitase información negativa acerca del jefe del departamento de delincuencia económica de la UCO”, Antonio Balas.
