La trama Villafuel tenía un objetivo muy claro. Quería operar en el mercado de los hidrocarburos y así poder hacer una fortuna defraudando el IVA, según se desprende del informe elaborado por la Unidad central operativa de la Guardia Civil (UCO). El plan se habría articulado a través de la empresa Villafuel propiedad de Claudio Rivas, investigado en la causa que se sigue por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho, pertenencia a organización criminal y contra la Hacienda Pública.
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Pero ese lucrativo proyecto tenía un cabo suelto. Villafuel carecía de licencia para operar en el mercado de los hidrocarburos. El caso es que para que se concedan este tipo de permisos, las empresas solicitantes deben tener unos recursos propios de al menos tres millones de euros por exigencia legal. “El principal escollo que pretendieron esquivar los responsables de la organización criminal era la falta de esos fondos”, según se desprende de la investigación policial.
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Los miembros de la trama, decididos a conseguir ese permiso, contactaron con el comisionista Víctor de Aldama para que, a través de Koldo García, les pusiera en contacto con el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, a fin de que este ejerciera su influencia y lograse la licencia de forma ilícita. A cambio de ese favor, la trama obsequió a Ábalos con “un chalet elegido por el propio ministro en la localidad gaditana de La Alcaidesa”. El inmueble costó 585.000 euros “y fue puesto a disposición de Ábalos para su uso, disfrute y explotación desde el 1 de julio de 2021”.
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Pero resultó que las gestiones de Aldama, Koldo García y Ábalos, que también están investigados en esta trama, no dieron sus frutos, porque los funcionarios de la dirección general de Política Energética y Minas eran incorruptibles, según se desprende del citado informe. La trama acudió una y otra vez a las oficinas de Energía a reclamar su licencia y siempre se encontró con la misma respuesta: vuelva usted mañana cuando tenga los tres millones.
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Cuando Ábalos fue cesado de su cargo como ministro de Transportes el 10 de julio de 2021, los miembros de la trama empezaron a comprender que las mordidas que habían pagado para obtener la licencia de forma irregular y que ascendían a un millón de eros, según la Guardia Civil, no había servido para nada. Entendieron también que solo lograrían el permiso para operar en el mercado de los hidrocarburos por la vía ordinaria cuando cumpliesen con todos los requisitos que marca la ley.
El ex ministro había dado la orden de engancharse a la luz ilegalmente, advirtiendo que se desenganchara antes de reanudar el servicio para evitar la multa”
Molestos por no haber conseguido su objetivo y por haber derrochado el dinero, decidieron recuperar el lujoso chalet que habían regalado a Ábalos. “La organización criminal adoptó la decisión de mandar un burofax al ya exministro requiriéndole para que abandonara la vivienda de La Alcaidesa, desposeyéndole de la libre disposición de la propiedad y, por tanto, de su explotación y disfrute. En definitiva, le reclamaron la contraprestación dada”, relata la UCO.
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Con el paso de los meses, el “malestar” de la trama fue a más y en septiembre, su líder, Claudio Rivas “ordenó a su abogado que comenzara a redactar la demanda de desahucio y reclamación de rentas a Ábalos”. La demanda “se firmó y presentó finalmente en enero de 2022”. Pero antes de llegar a los tribunales, los miembros de la organización utilizaron otra estrategia para echar al ex ministro de la casa: dieron de baja la luz. Pero esa estratagema les sirvió de muy poco porque “el ex ministro había dado la orden de engancharse a la luz ilegalmente, advirtiendo que se desenganchara antes de reanudar el servicio para evitar la multa”.
