Según un informe reciente de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), la trama orquestada por el comisionista Víctor de Aldama y Claudio Rivas presuntamente habría “penetrado en los niveles directivos de los Ministerios de Transportes, Industria y Transición Ecológica”. Este informe se enfoca en el caso de los hidrocarburos, que investiga supuestos delitos de tráfico de influencias, soborno, pertenencia a organización criminal y fraude fiscal.
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El reporte determina que la conspiración habría asignado un millón de euros a “comprar la voluntad” del ex titular José Luis Ábalos, su antiguo consejero Koldo García y el intermediario Víctor de Aldama. La meta de los integrantes de la red era “influir a través de José Luis Ábalos, entonces ministro de Transportes, en la resolución administrativa por la cual se otorgaría a la mercantil Villafuel la autorización para operar en el mercado mayorista de los hidrocarburos, pese al incumplimiento de los requisitos legalmente exigidos, todo ello a cambio de una contraprestación económica”.
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Según la UCO, Rivas, líder del entramado, utilizó una empresa instrumental para “generar un presunto fraude millonario a la Hacienda Pública cuantificado en 49 millones de euros entre los años 2021 y 2022 que le permitió destinar aproximadamente un millón de euros a comprar la voluntad de cargos públicos, penetrando en estructuras de la Administración con el propósito de obtener influencia a cambio de dádivas y contraprestaciones ilícitas”.
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La UCO considera también que Rivas “logró su propósito consiguiendo que Ábalos influyera en favor de sus intereses”. “Esa influencia fue canalizada a través de su asesor Koldo García quien mantuvo contactos directos con distintos responsables ministeriales, entre ellos el jefe de gabinete del Ministerio de Industria, Juan Ignacio Díaz; el jefe de gabinete del Ministerio para la Transición Ecológica, Marc Isaac Pons, y el director general de la Dirección General de Política Energética y Minas, Manuel García”.
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La UCO investiga los detalles de esas transacciones y señala que Rivas proporcionó a Ábalos la suma de “el chalet en La Alcaidesa, previamente elegido por el ministro, por importe de 585.000 euros. El ministro dispuso materialmente de la vivienda, la disfrutó e incluso intentó su aprovechamiento económico, todo ello bajo la cobertura formal de un contrato de arrendamiento instrumentalizado cuyas cuotas no fueron satisfechas, con excepción de la primera mensualidad y la fianza” como pago.
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The Civil Guard also believes that without the villa involved, Ábalos would not have yielded to their demands: “La correlación entre la compra de la casa y la firme convicción, por parte de los integrantes de la organización criminal, de que obtendrían la autorización de operador mayorista, fue percibida en su entorno como una relación directa de causa-efecto, circunstancia espontáneamente verbalizada como 'hijo puta el putero. Ha sido pillar la casa y le ha dado al botoncito', lo que denota que los interlocutores atribuían la concesión de la autorización a la compra previa de la vivienda pretendida por el ministro”, the UCO indicates.
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El documento incluye además la transcripción de diálogos entre los implicados en la trama, como la conversación que se produjo después de que se anunciara la destitución de Ábalos como ministro, un acontecimiento que preocupó a los miembros de la trama: “Aldama habló con Leonor González para tranquilizarla en relación con Villafuel en una conversación que ella comentó posteriormente con Natán González en los siguientes términos”, según indica el informe, que reproduce el intercambio verbal de manera exacta.
“Se ha liado en el Consejo de Ministros. Nos acaba de llamar Víctor. Se ha enfrentado el putero al guapo. Y se ha levantado en mitad de la reunión y delante de todos lo ha mandado a tomar por culo. Por lo visto, la mitad del partido está con el putero y la otra mitad, con el guapo. Nos ha llamado para tranquilizarnos, que no nos preocupemos por lo que tenemos en marcha. Que todo sigue adelante”, le dijo Leonor González a Natán González.
El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha decidido hoy iniciar una investigación sobre juicio oral contra José Luis Ábalos debido a las supuestas comisiones ilícitas recibidas.
“García Hernández nunca ha hablado ni mantenido contacto Aldama”, according to Miteco
Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) han asegurado este jueves que “Manuel García Hernández, director de Política Energética y Minas, nunca ha hablado ni mantenido contacto alguno con Víctor de Aldama”.
“De acuerdo con las informaciones de los medios de comunicación, el informe de la UCO conocido hoy [jueves] indica que Aldama remitió varios mensajes en marzo de 2021 a otra persona que comparte nombre y primer apellido con el alto cargo del MITECO, pero no segundo apellido, Manuel García Maroto”, han explicado las fuentes ministeriales.
El Ministerio afirma que el proceso se llevó a cabo con “máxima diligencia” y sin aceleraciones indebidas. Sostienen que la resolución del expediente Villafuel se demoró casi el triple que el promedio, alcanzando los 600 días en comparación con los 230 días usuales en el último lustro.
El MITECO sostiene que esta demora demuestra la falta de “trato de favor”. De hecho, enfatizan que se llevaron a cabo dos procedimientos. El primero, que comenzó en enero de 2021, resultó en la desestimación de la solicitud y la denegación del recurso de apelación de la compañía, concluyendo el expediente en diciembre de ese mismo año. Villafuel obtuvo la aprobación solo el 15 de septiembre de 2022, después de iniciar un segundo trámite en julio y cumplir, en esta ocasión, con las exigencias técnicas y económicas estipuladas por la regulación.
