El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha acordado la apertura de juicio oral para el ex ministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos por las presuntas comisiones ilegales cobradas por el empresario Víctor de Aldama a cambio de contratos de mascarillas en plena pandemia. Junto al exsocialista se sentarán también en el banquillo de los acusados su exasesor Koldo García y el empresario.
Se les acusa de pertenecer a una organización criminal, de sobornos continuos (tanto activos como pasivos), de utilizar y beneficiarse de información confidencial, de tráfico de influencias, de malversación de fondos públicos, de falsificar documentos oficiales y de prevaricación.
Además, la situación personal de los tres imputados no varía; esto implica que tanto Ábalos como García seguirán en prisión preventiva hasta el juicio, que tendrá lugar en los meses venideros. En cuanto a Aldama, se le sigue exigiendo comparecer ante el tribunal dos veces al mes y se le prohíbe abandonar el territorio nacional.
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Adicionalmente, el magistrado establece una caución de 60.000 euros para los implicados con el propósito de garantizar las obligaciones económicas que se les puedan exigir. Deberán depositarla en un lapso de cinco días. Esta resolución de inicio ya determina que será el Tribunal Supremo el órgano judicial encargado de enjuiciar al antiguo líder socialista, debido a su estatus de aforado como representante en el Congreso, actualmente integrado en el grupo mixto.
Aunque Ábalos entregase ahora el acta de diputado y pierda el aforamiento, la doctrina del alto tribunal establece que una vez dictado el auto de apertura de juicio oral la competencia se queda ya en el Supremo, de modo que se evitan maniobras dilatorias.
Este vehículo arriba un día posterior a que la Sala Penal confirmara el procesamiento por la primera pieza abierta contra Ábalos. En este primer proceso judicial, su sucesor en la secretaría de organización del PSOE, Santos Cerdán, no será juzgado, dado que su indagación se encuentra en otro expediente iniciado por el mismo magistrado.
Por tanto, en unos meses quien fuera uno de los hombres fuertes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se sentará en el banquillo y se enfrentará a una pena de cárcel de 24 años, tal y como pide la Fiscalía Anticorrupción.
