La investigación sobre la policía patriótica en Andorra aterriza en el juicio contra los Pujol
Durará hasta mayo
La fiscalía renuncia a cuatro de los testigos del juicio, que se reanuda este lunes en la Audiencia Nacional
Juicio a los Pujol en la Audiencia Nacional
La causa judicial que se instruye en Andorra por las maniobras de la policía patriótica para averiguar si algún político independentista (o el independentismo para afrontar la ruptura con España) tenía dinero en el Principado amenaza con empezar a salpicar al gobierno que tuteló las maniobras, con Mariano Rajoy a la cabeza.
Pero se da la paradoja de que el efecto podría venir no directamente de dicha investigación en Andorra, sino del vaso comunicante que se ha abierto en el juicio contra la familia Pujol en la Audiencia Nacional, que se reanuda hoy con la declaración de cinco de los ocho testigos que estaban previstos; la fiscalía ha renunciado a tres de ellos, así como a otro de los previstos para mañana martes.
En el arranque del juicio en diciembre, el presidente del tribunal, José Ricardo de Prada, además de la declaración testifical de los cinco agentes de policía que componían el núcleo duro de aquella policía patriótica, aceptó de un modo genérico que las defensas del caso Pujol aporten la documentación que estimen oportuna de la causa de Andorra.
El tribunal admitió que las defensas aporten la documentación que consideren oportuna de la causa andorrana, donde está imputado Rajoy
“La sala no tiene inconveniente [en aceptar esa documentación] concretando muy bien cual es el objeto de la prueba y qué ilicitud quiere dirimirse”, argumentó el magistrado, “pero no queremos un proceso dentro del proceso”, alertó.
Las defensas han preparado una selección de todo aquello que conste en la Batllia [el juzgado] de Andorra y que pueda tener incidencia en el juicio en la Audiencia Nacional.
“Es más efectivo ser restrictivo con lo que se aporta”, valora un letrado del caso. Varios defensores son escépticos sobre los efectos que una causa pueda tener en la otra.
Una de las piezas que viajará de Andorra la Vella a la sede judicial de San Fernando de Henares -donde se celebra el juicio contra los Pujol y una decena de empresarios que supuestamente les pagaron favores–, es la declaración del 4 de noviembre del ex comisario José Manuel Villarejo.
En ella, según un letrado personado en la causa andorrana, desveló que en los archivos del Ministerio del Interior consta una grabación de video y audio de la reunión que en junio de 2014 mantuvo en el hotel Villamagna de Madrid el entonces CEO de Banca Privada d’Andorra, Joan Pau Miquel, con un agente policial que se presentó como Félix Rodríguez, y que en realidad era Marcelino Martín Blas; éste acudió supuestamente a exigir a BPA datos sobre cuentas de políticos independentistas.
Pocos días antes, Miquel había recibido una visita en Andorra del agregado del Ministerio del Interior en Andorra, Celestino Barroso, que le había advertido que BPA recibiría un “hachazo” si no colaboraba. Poco después, el diario El Mundo publicó una imagen de un ordenador de BPA en el que constaba que Marta Ferrusola, esposa de Jordi Pujol, y cuatro de sus hijos, tenían 3,4 millones de euros en aquella entidad. Esta información provocó la confesión de Jordi Pujol.
Diez meses después, BPA sería cerrada por el FinCen, un mecanismo del gobierno estadounidense contra el terrorismo, porque supuestamente cuatro mafias internacionales usaban este banco.
BPA lo negó, y aduce que la Policía española quiso vengarse de su falta de colaboración exagerando o inventando clientes malignos ante el FinCen.
Pues bien, tanto Barroso como Martín Blas, así como el entonces director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, y el ex inspector Bonifacio Díaz, serán citados en el juicio a los Pujol. Acudirán como testigos, pero con un recoveco jurídico, porque en Andorra están imputados, y esa condición –a priori– les permite no decir la verdad en un juicio. Pero quien no está imputado en Andorra es Villarejo, que sí tendría en Madrid la obligación de veracidad, con lo que “es muy posible que arrastre a los otros a declarar. El orden de los testimonios es importante en este caso”, apunta una fuente de las defensas.
El presidente del tribunal, José Ricardo de Prada, fue recusado por el Partido Popular en el caso de los papeles de Bárcenas
Otra fuente del caso recuerda que en el juicio del procés, al mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero –que estaba imputado en la Audiencia Nacional por los mismos hechos que se juzgaban en el Tribunal Supremo– se le permitió elegir qué contestaba y qué no, y además lo hizo acompañado de su abogada, Olga Tubau.
En realidad, la situación es más compleja, porque aquellos cuatro agentes están imputados en Andorra pero las comisiones rogatorias internacionales tramitadas a España por la Batllia (y que también afectan a Rajoy, dos de sus ministros y otros altos cargos) han estado desde 2022 deambulando en instancias judiciales españolas, alegando defectos de forma.
En octubre, la justicia andorrana volvió a remitirlas al juzgado de instrucción 32 de Madrid, que a su vez las habrá reenviado a los juzgados de los lugares de residencia de los requeridos, instándoles a personarse en el caso con un abogado colegiado en Andorra.
La justicia de Andorra ha reenviado a Madrid las comisiones rogatorias para que los imputados de nacionalidad española sean notificados
El caso tiene aún otro matiz, porque el magistrado De Prada no gusta al Partido Popular.
Tras la sentencia del caso Gürtel, tanto la formación como su ex tesorero Luis Bárcenas plantearon incidentes de recusación contra él al considerar comprometida su imparcialidad en el caso de los papeles de Bárcenas porque ya se había pronunciado sobre las cuentas opacas del partido en la sentencia del primer tramo del caso Gürtel.
Ahora De Prada abre una vía para que la investigación de la Batllia andorrana evacue directamente en la Audiencia Nacional.
A lo que De Prada no accedió fue a la desclasificación de la documentación del Consejo de Ministros sobre la operación Catalunya, que había solicitado una defensa y que para el magistrado conllevaría “dificultades extraordinarias”.
Toda esta documentación –decenas de informes elaborados por la Policía y las comunicaciones del Sepblac, Policía Nacional o Guardia Civil con el FinCen u otros organismos de la seguridad estadounidense, entre otros– ha sido solicitada oficialmente por Junts en el Congreso.
Investigación en curso
La querella andorrana amplía su radio de acción
En Andorra fue el Institut de Drets Humans (IDHA) quien se querelló contra el gobierno de Rajoy y algunos policías. El pasado 18 de diciembre esta institución cursó una ampliación de querella para incluir en ella a Basilio Sánchez Portillo, miembro del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac): en Telecinco admitió que fue él quien remitió al FinCen el informe acusatorio contra Banca Privada d’Andorra, y también ha sido mencionado por el ex comisario José Manuel Villarejo por ese motivo.
En su argumentación, el abogado del IDHA, Alfons Clavera, expone cómo funcionaba ese organismo y quién lo integraba, y cuestiona el papel de Íñigo Fernández de Mesa: éste fue entre 2012 y 2014 director del Tesoro y Política Financiera y por ello presidía el comité permanente del Sepblac.
Pero el 29 de agosto de 2014 fue nombrado secretario de estado de Economía y entonces pasó a presidir el pleno del organismo.
En su escrito ante la batlle andorrana, el IDHA le pide también que subsane un error cometido por ella en la tramitación de la comisión rogatoria internacional: la magistrada le dijo a la justicia española que Mariano Rajoy está imputado en aquel país por “robo” y “robo abreviado”, cosa que no es cierta y que responde sólo a un error de transcripción.