Un estudio señala un sesgo de las sentencias del Tribunal Constitucional a favor del gobierno central
Tribunales
El análisis de 1.900 resoluciones muestra que el sesgo es mayor cuando el TC tiene una mayoría conservadora y baja cuando tiene el mismo color político que el Gobierno y éste tiene el apoyo de partidos nacionalistas
Sede del Tribunal Constitucional en Madrid
Investigadores de la Universidad de Barcelona han analizado casi 1.900 resoluciones del Tribunal Constitucional (TC) relativas a la constitucionalidad de normas estatales y autonómicas para examinar si existe un sesgo favorable a las posiciones del gobierno central.
La investigación, publicada en la revista European Journal of Political Research, indica que existe un 55% de probabilidades de que el TC declare inconstitucional una norma cuando es autonómica, mientras que la probabilidad es sólo del 23% cuando se trata de una norma de origen estatal. “Este resultado confirma la hipótesis de que el TC presenta un sesgo sistemático centralista que se manifiesta en la aplicación de una mayor severidad en la legislación aprobada por los parlamentos autonómicos”, afirman los autores.
El estudio, realizado por Joan-Josep Vallbé y Daniel Cetrà, de la UB, y Marc Sanjaume-Calvet, de la Universidad Pompeu Fabra, señala también que los casos iniciados ante el TC por el gobierno central tienen una probabilidad media de éxito del 68%, mientras que en el caso de los gobiernos autonómicos es del 31%.
El estudio muestra, por otra parte, que la composición ideológica del TC incide significativamente en sus resoluciones. Así, cuando tiene una mayoría conservadora, aumenta la probabilidad de declaración de inconstitucionalidad de normas autonómicas, especialmente en el caso de gobiernos autonómicos liderados por partidos nacionalistas.
La investigación también analiza la actividad del TC en distintos escenarios políticos. Por ejemplo, concluye que cuando existe una coincidencia ideológica entre el TC y el gobierno central y, al mismo tiempo, una dependencia de ese gobierno central respecto a partidos nacionalistas, la probabilidad de que el TC anule una norma autonómica desciende significativamente.
Este estudio es el más completo que se ha realizado hasta ahora sobre la actividad del TC español en materia de control normativo. En las casi 1.900 resoluciones analizadas, se han tenido en cuenta variables como el tipo de norma impugnada (si es de origen estatal o autonómico); el actor que presenta el recurso; el tipo de procedimiento; el resultado de la resolución; y el contexto político (orientación ideológica del TC, color político del gobierno central y autonómico, y dependencia parlamentaria o no del gobierno central respecto a partidos nacionalistas).
Lee también
Con esta investigación, los autores han querido “aportar una visión basada en datos del papel del TC en la configuración de las relaciones entre centro y periferia en España, contribuyendo así al debate sobre el potencial (y los límites) de los tribunales como garantes del pluralismo político y territorial”.
Concluyen que “el fortalecimiento de la legitimidad de los tribunales constitucionales puede requerir reformas en los mecanismos de designación de magistrados, que garanticen una mayor pluralidad territorial e ideológica, así como la creación de espacios políticos específicos para la resolución de conflictos intergubernamentales que reduzcan la judicialización sistemática de la política territorial”.