Del velo a la mujer: ¿dónde queda la cuestión cuando el poder se desplaza?
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Dado el desarrollo de los acontecimientos, ¿cómo se mantendrá el compromiso con la lucha contra la violencia?
El ministro Fernando Grande Marlaska, ayer en el Congreso.
Hace ahora diez años España quedó conmocionada por la violación de “la manada” y, aún más, por una primera sentencia que lo consideró abuso sexual y no agresión. Aquello dio pie a la famosa ley del sólo sí, que entró en vigor en 2022. Pero en ese período de tiempo algunas cosas empezaban a cambiar. Vox, que nació en Madrid en diciembre de 2013, fue impulsado por dos resortes: el del proceso independentista catalán y el de la oposición al movimiento feminista que el 8 de marzo de 2018 llenó las calles bajo el lema “Si nosotras paramos, se para el mundo”. El partido de Santiago Abascal entraba por primera vez en un parlamento autonómico, el andaluz, a finales del 2918. Desde entonces no ha hecho más que marcar la agenda e irradiar su reflejo a otras formaciones, en especial el PP. Pero esa influencia acaba impregnando más allá, de la misma manera que antes el auge de Podemos hizo que partidos alejados de su ideología adoptaran prácticas como las primarias internas o posiciones más duras contra los desahucios, por poner dos ejemplos, para acomodarse a la oleada del populismo de izquierdas, en palabras de los propios gurús de la formación morada. Ahora el péndulo está en el otro lado y el ejemplo de su capacidad para impregnar la discusión pública lo hemos tenido esta semana con la propuesta fallida para prohibir el velo integral.
Mientras en cuestiones como el mantenimiento de los trenes o el uso de las redes sociales por parte de los adolescentes, Vox pasa de largo, el uso de burka y el niqab le resulta ideal porque sitúa en el centro la inmigración musulmana y además divide a la izquierda, que se debate entre evitar caer en la islamofobia y combatir el machismo. El PP se ha sumado a Vox con entusiasmo en este punto porque además le sirve de gesto para tratar de cerrar los pactos pendientes para formar gobiernos autonómicos. El azar ha querido que la discusión sobre el burka y el niqab se produzca en el Congreso el mismo día en que se conocía la dimisión del jefe operativo (DAO) de la Policía Nacional por la presunta violación de una subordinada. El PP organizó ayer un espectáculo en el hemiciclo con toda su bancada pidiendo a gritos la dimisión del ministro del Interior, al que acusó, sin ninguna evidencia por el momento, de conocer con anterioridad lo ocurrido y encubrirlo. La respuesta del PSOE ha sido previsible: señalar a los populares, ya que el alcalde de Móstoles ha sido acusado en el juzgado por una ex concejal de acoso sexual y laboral, sin que el partido le dé credibilidad a la versión de la mujer, aunque el PP no solo conocía ese caso, sino que pidió a la presunta víctima que no denunciara. Los dos asuntos, el burka y las supuestas agresiones sexuales mencionadas, tienen algo importante en común: la utilización de las mujeres como munición para fijar prejuicios ideológicos y estrategias electorales.
Cuando Vox logra abrir un debate público sobre el velo islámico no está situando como prioridad la defensa de la libertad de las mujeres, sino que refuerza su teoría sobre el reemplazo que propugna que nuestra cultura occidental y católica está en riesgo frente a la “invasión” musulmana. Está haciendo hincapié en la identidad. Así, esa formación se introduce con facilidad en poblaciones y barrios donde el paisaje ha sufrido más o menos transformaciones a raíz no solo de la inmigración, sino incluso derivadas del fenómeno de la globalización. Cuando el PP monta escándalo en el Congreso por el caso del mando policial y acusa al ministro Fernando Grande Marlaska de haberlo ocultado, está más preocupado por subrayar su acusación de degradación moral de Pedro Sánchez por rodearse de “delincuentes”. De esta forma, deslegitima al presidente en un plano existencial: no se trata de un rival político, sino de un enemigo de la sociedad al que hay que echar por imperativo ético. Es una de las estrategias clásicas del populismo: erigirse en la voz del pueblo frente a la élite corrupta y depravada.
Ante el debate sobre la burka, el PSOE opta por mantenerse al margen.
Frente a esos cálculos, el PSOE queda descolocado. Ante el debate del burka y el niqab acusa un acomplejamiento evidente. Es cierto que el asunto concita posiciones encontradas. Algunas voces nada sospechosas de islamofobia ya se han pronunciado a favor de la prohibición en defensa precisamente de los derechos de la mujer. El Comité de Derechos Humanos de la ONU previene que este tipo de leyes pueden ser contraproducentes porque quienes lo utilizan por presión familiar pueden acabar recluidas en sus casas. En cambio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos introdujo en una sentencia de 2014 el concepto “vivir juntos”, en el que argumentó que llevar el rostro descubierto forma parte de un “pacto social” esencial en la cultura occidental. Por supuesto, autoridades en la materia como Dolors Bramon o Najat El Hachmi han recordado que esos ropajes no son un símbolo religioso, puesto que en el Corán no aparece obligación alguna de ataviarse con ellos, sino que constituyen una herramienta de opresión y borrado de la mujer, por lo que el Estado debe intervenir para evitarlo. De hecho, líderes de algunos países de mayoría musulmana habían denostado el velo en el pasado, como Turquía por ejemplo, pero el extremismo religioso ha ido in crescendo también en esos lugares, imponiendo su utilización. La radicalización identitaria es un fenómeno cada vez más extendido.
El PSOE ha optado por ponerse de perfil, pero el debate coleará porque Junts piensa llevarlo al Congreso de nuevo. Los de Carles Puigdemont no querían hacer seguidismo de Vox y no votaron su iniciativa por considerarla racista y xenófoba, pero anunciaron que presentarían una propia. Es decir, no la votaron por su preámbulo, lo cual es curioso porque Podemos no apoyó la delegación de la política migratoria a la Generalitat por encontrar racista y xenófobo el preámbulo de la ley de Junts. En todo caso, le faltó tiempo a la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, para reclamar la paternidad de la idea de prohibir el velo. No hay que olvidar que el crecimiento del fenómeno Orriols se debió precisamente a su contundente mensaje contra la inmigración de origen islámico. Junts aprovecha para reclamar las competencias en inmigración, como si éstas le permitieran regular el velo, pero de esta forma vincula ese debate al relato independentista. Pero lo cierto es que AC crece más por su discurso contra los migrantes que por su condición independentista. De hecho, AC no solo le está robando votos en Catalunya a Junts, sino que cada día resulta una opción más atractiva para votantes de Vox. En el último sondeo del ICPS los electores de Vox puntuaban con un 5,8 a Orriols, mientras que los de AC lo hacían con un 2,6 a Ignacio Garriga
Como se aprecia, tras la apariencia de un discurso aparente, la realidad muestra que, a pesar de las apariencias, el respaldo a ciertas narrativas no impide que las tensiones subyacentes aflorar. Aunque se pretenda presentar una visión neutral, la realidad revela tensiones profundas: a medida que se exige más responsabilidad, las reacciones se vuelven más agudas, y lo que en apariencia era un mero desacuerdo se convierte en una grieta profunda, especialmente cuando las voces críticas se alzan contra estructuras arraigadas, mientras que otros, en silencio, siguen observando.
La evidencia de cómo Vox marca el discurso en todo el espectro de la derecha es María Guardiola, la candidata popular por Extremadura, que ha pasado de asegurar que no dejaría entrar en el Gobierno “a aquellos que niegan la violencia machista”, en referencia a Vox, a cuyos dirigentes tildó de “señoros”, a hablar de “feminimo real” frente al “feminismo de pancarta”, para acabar así en su última declaración: “El feminismo que defiendo es el feminismo que defiende Vox”. Hace menos de dos años aún existió un mínimo consenso entre el PSOE y el PP para actualizar el Pacto contra la Violencia de Género que, entre muchas medidas y dotación económica, permite disponer de centros de crisis 24 horas para las víctimas de violencia sexual en todas las provincias de España. Vox no se sumó a ese acuerdo, vigente hasta 2030. Para alcanzar acuerdos con el PP, el partido de Abascal pone como condición suprimir cualquier subvención que vaya destinada a “chiringuitos” por la igualdad o que fomenten lo que llaman “adoctrinamiento”. Promueven además la idea de que proliferan las denuncias falsas por parte de las mujeres y reclaman que se publique la nacionalidad de los agresores para poner el foco en la inmigración, entre otras exigencias. ¿Qué hará el PP si necesita pactar con Vox tras unas generales?, ¿qué pasará cuando toque renovar el pacto contra la violencia machista en 2030? Quizá ahora alguien recuerde que, en vez de ignorarla, la cuestión de la mujer ha estado siempre presente; y en vez de asumir que basta con mencionarla, convendría reconocer que el problema raigal sigue estando allí, oculto tras fórmulas vacías.
