Un cartero de El Casar, un pequeño municipio de Guadalajara, aprovechó su puesto en Correos para apropiarse de las cartas del Banco Santander dirigidas a 15 clientes, las cuales contenían tarjetas de crédito y débito con su pin asociado, según ha avanzado el Diario SUR. Con estas tarjetas y sus claves activadas, el acusado consiguió retirar más de 20.000 euros en efectivo, con cantidades que variaban entre los 40 y 1.000 euros, en cajeros de diversas localidades como Guadalajara, Madrid, Gandía, Almería, Murcia y Málaga.
El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia que lo condena a 3 años y 6 meses de prisión por un delito continuado de infidelidad en la custodia de documentos, junto con otro de estafa continuada. Además, deberá pagar 22.900 euros al Banco Santander en concepto de responsabilidad civil.
El acusado argumentó que las imágenes tomadas en los cajeros no eran suficientes para demostrar su culpabilidad
Esta condena ha sido inicialmente dictada por la Audiencia Provincial de Guadalajara y ratificada en apelación por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, aunque el condenado la recurrió al Tribunal Supremo, alegando que la sentencia se basaba en conjeturas debido a la falta de pruebas directas. En su apelación, el acusado argumentó que las imágenes tomadas en los cajeros no eran suficientes para demostrar su culpabilidad y que las pruebas no eran concluyentes.
El Tribunal Supremo, sin embargo, avaló la interpretación de los tribunales inferiores, destacando que la autoría del acusado era “inevitable”. La sentencia señala que se basaron en nueve indicios que apuntan directamente al condenado, entre ellos, su posición como cartero en El Casar y su acceso a las cartas que contenían las tarjetas y los pines, los cuales podían ser fácilmente identificados por el tacto. Además, se señala que el acusado tenía acceso a los DNI de los destinatarios, lo que facilitaba el uso de las tarjetas sustraídas.
El fallo también subraya que en la zona de El Casar solo había siete carteros y que las cartas no fueron entregadas a los destinatarios, ya que los buzones no fueron forzados. La jefa de reparto de la oficina de Correos reconoció al acusado en las imágenes de las extracciones y este fue geolocalizado en las cercanías de los cajeros donde se realizó el retiro del dinero.
Finalmente, el Tribunal destaca que el acusado atravesaba una situación económica precaria, y que las retiradas de dinero siempre se realizaban en los días posteriores a su jornada laboral, lo que refuerza la conclusión de que todos los indicios apuntan a él como autor de los hechos.