Cuando fallan los servicios de prevención, promoción y atención a la infancia y la adolescencia, corresponde a la administración determinar si un menor se encuentra en situación de desamparo. En Catalunya, la entidad pública encargada de evaluar y ejecutar esta medida es la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA).
Un informe, elaborado por el Consell de la Advocacia Catalana al que ha tenido acceso La Vanguardia, defiende que la nueva situación de ese menor, así como las medidas de protección aplicadas, deberían ser adoptadas por los órganos judiciales “con la finalidad de dotar de mayor seguridad jurídica y garantías a las partes”. En estos momentos, solo se somete a control judicial en caso de impugnación de los progenitores.
La mayoría de menores viven en centros residenciales
Al margen de esta petición, que supondría un cambio legislativo, la ley vigente está siendo incumplida, tal y como denuncia Marta Martínez, miembro de la Junta y decana del Colegio de Abogados y Abogadas de Tortosa: “La ley establece que la institucionalización de los menores –su acogida en centros residenciales– debe tener carácter subsidiario, es decir, solo puede aplicarse cuando no sea posible el acogimiento familiar, ya sea por parte de la familia extensa (como abuelos o tíos) o de una familia ajena”. Lo cierto es que esa “prioridad” no se está produciendo, ni en Catalunya ni en España.
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Según Drets Socials, un total de 8.867 menores y adolescentes se encuentran bajo la tutela y protección de la DGAIA. No obstante, un 59,2% de los niños vive en centros residenciales y un 40,2% se encuentran en familias de acogida. A nivel estatal, la tendencia es aún más acentuada. El acogimiento residencial representa el 76% de los casos, lo que confirma el uso generalizado de esta medida, según datos del último informe del Ministerio de Juventud e Infancia. La abogada considera que la institucionalización ha crecido en exceso y pone en evidencia que “el sistema actual no está funcionando”.
Un centro de menores de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA).
Paralelamente, la ley también establece plazos temporales. “No es aceptable que los menores permanezcan en estos centros, donde según la ley solo deberían residir un máximo de dos años, hasta alcanzar la mayoría de edad, sin que siquiera se sustituya esta medida por una alternativa de acogida familiar”, resume Xavi Campà, presidente de la Sección de Infancia y Adolescencia del Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB).
Por otro lado, el abogado agrega la proliferación de centros de acogida, gestionados por entidades privadas, en las que no se está haciendo –dice– un control necesario, como en el caso de la menor víctima de una red de pederastia conocido la semana pasada.
La ley establece que residan en los centros de menores un máximo de dos años”
Desde el ICAB consideran que el menor debe tener la oportunidad de estar con una familia de acogida temporal durante el tiempo estrictamente necesario —que no debería superar los dos años—, con el objetivo de ofrecer una “segunda oportunidad” a la familia biológica.
En los casos en que, transcurrido ese plazo, los progenitores no hayan logrado estabilizar su situación para poder recuperar la tutela, el jurista Campà apela al artículo 147 de la ley catalana de derechos y oportunidades en la infancia y la adolescencia (LDOIA), que establece que “no es factible la reintegración” del menor “aunque exista una posibilidad”, si dicha reintegración requiere un período de tiempo que puede conllevar “un mayor deterioro psicosocial” en el desarrollo evolutivo del menor.
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“Debemos proporcionar apoyos sociales y asistenciales. No solo ayudas económicas, sino también el acompañamiento de profesionales especializados. No todos los padres son negligentes por elección. En muchos casos, son familias que se van a trabajar a las 5 de la mañana y no tiene con quién dejar a sus hijos”, asegura Marta Martínez, abogada que ha llevado varios casos. Y añade: “Cuando una sociedad se empobrece, los primeros en sufrirlo son los menores”. De hecho, tan solo el 16% de las bajas de los menores españoles en el sistema lo son por una reintegración en la familia de origen.
El abogado del ICAB asegura que los “planes de mejora” no se están llevando a cabo. Cuando un menor es declarado en situación de desamparo, los Equipos de Atención a la Infancia y la Adolescencia (EAIA) deben elaborar un plan de mejora familiar para evaluar qué aspectos están fallando para dar la oportunidad a la familia a solventarlos. “Si no se están cumpliendo o no está funcionando, ¿dónde queda el interés superior del menor?”, se pregunta.
Drets Socials: “No haremos en 10 minutos lo que no se hizo en años”
La consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, defendió ayer que su departamento ha puesto en marcha “cambios inmediatos y contundentes desde el primer día” en la DGAIA y, al mismo tiempo, ha abordado una “transformación”. “No nos pueden pedir que hagamos en 10 minutos lo que no se ha hecho en una década”, replicó en respuesta a una pregunta de la diputada del PP Lorena Roldán en la sesión de control del pleno del Parlament.
En otra pregunta, en este caso de la diputada de la CUP Pilar Castillejo, la consellera apuntó que ha habido “excesiva externalización” en algunos ámbitos y ha puesto de ejemplo el control de prestaciones económicas. “A nadie se le ocurriría que una pensión de jubilación estuviera velada por una entidad del tercer sector. Hay cosas que se tienen que hacer dentro de las administraciones públicas”.
La consellera ha afirmado que abordar una transformación es “muy difícil” pero se comprometió a llegar hasta el final asegurando que no se esconde ante los retos. También ha lamentado, dirigiéndose al PP, la voluntad de “generar ruido” y “de instrumentalizar políticamente” la situación de la DGAIA. Entre los cambios que ha hecho como consellera, destacó el relevo al frente de la DGAIA con la destitución, el 24 de marzo, de la directora y el subdirector de la dirección general.
Hay que tener en cuenta también el coste de la acogida residencial en detrimento de la acogida familiar. Según un informe del Síndic de Greuges, el gasto anual por menor en un centro residencial es de aproximadamente 52.000 euros, mientras que en familia ajena está en poco más de 6.000 euros.
“Todo esto nos está conduciendo a un callejón sin salida y a una perversión del sistema. Esta situación evidencia la necesidad de una reforma integral de la DGAIA y del sistema de protección”, afirma Campà, quien matiza que no es necesario cambiar la ley, sino aplicarla correctamente. “No se trata de judicializarlo todo, sino de empezar a cumplir la ley vigente”, concluye.
Cuando una sociedad se empobrece, los primeros en sufrirlo son los menores”
Por su parte, Joan Martínez, presidente del Consell de la Advocacia Catalana, expresa que el anuncio de la Conselleria de reformar la DGAIA supone una “oportunidad” para “incorporar un cambio legislativo que toda la abogacía catalana reclama”. Además, se ofrecen a “tender su mano para avanzar juntos hacia la mejora del sistema de acogida”.
