Los albaceas testamentarios del industrial y filántropo, Pere Mir, han presentado recurso contra la querella que fue interpuesta contra ellos - y admitida en mayo - por el empresario Àngel Surroca, exconsejero delegado y administrador único de Derivados Forestales, empresa de Mir, acusándolos de descapitalizar su legado. Los albaceas, Jordi Segarra, Joan Francesc Capellas y el Dr. Josep Tabernero, responden que la acción judicial impulsada por Surroca esconde “propósitos ilegítimos” y reclaman al juez que archive la causa. El juzgado de instrucción 12 de Barcelona investiga si los albaceas del industrial y filántropo, Pere Mir, - que murió sin descendencia - se apropiaron indebidamente de parte del legado del fundador mediante desvíos de dinero en beneficio propio. La Generalitat, en paralelo, intervino por orden judicial la fundación Cellex para preservar su buen funcionamiento.
En el recurso los investigados aseguran que el único propósito que tiene Surroca es el de “hacer efectiva la amenaza de perjudicar gravemente a los querellados por haberse negado estos a acceder a sus injustificadas pretensiones económicas” y desmienten las afirmaciones que vertía en un artículo publicado este viernes en Guyana Guardian en el que aseguraba que Pere Mir era “como un segundo padre”. Los recurrentes aseguran que Mir perdió la confianza en Surroca “desde al menos el año 1996” y citan la declaración que hizo ante los Mossos el notario del filántropo, Xavier Roca, que dijo que “un día hace aproximadamente 25 años, el Sr. Mir y el Sr. Surroca se pelearon y con posterioridad hicieron caminos separados”. En esa misma declaración policial afirmó que Surroca se había convertido en “el enemigo jurado del Sr. Mir Puig”.
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Recuerdan los querellados que tras la venta de la compañía Derivados Forestales en el año 2006, Surroca exigió a Mir que le compensara económicamente hasta finalmente “cedió a las presiones y dio órdenes a Joan Francesc Capellas para que le pagase 10 millones de euros. “La operación se formalizó mediante la transferencia de dinero a una sociedad opaca fiscalmente constituida en las Islas Vírgenes Británicas cuyas cuyas acciones al portador le fueron entregadas a Surroca”. Los recurrentes reiteran que “la entrega de 10 millones le debió de parecer insuficiente al Sr. Surroca puesto que no se han cumplido las expectativas que expresa en su libro (De la Fusta al a Fusta. La historia de Derivados Forestales) sobre las supuestas promesas que le pudo hacer Mir entre 1974 y 1978” y de ahí entienden que quiera ejercer la acción judicial “no en interés de la sociedad sino movida por su afán de venganza” así como “un desmedido ánimo de lucro”.
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“La acción judicial no es en interés de la sociedad sino por un desmedido ánimo de lucro”, reprochan los investigados
Y añaden que en el momento de morir Pere Mir, en 2017, Surroca “hacía mucho tiempo que no estaba al corriente de la situación económica del difunto” y por esta razón no fue incluido en su testamento ni designado albacea “con su consiguiente enfado”. Fruto de ello, aseguran, contrató los servicios de la agencia de detectives Método 3 que elaboró “un informe plagado de inexactitudes”. Citan además otros episodios en los que acusan a Surroca de amenazar a los albaceas con interponer una querella si no le daban dinero. Señalan una comida en el Via Veneto entre Surroca, el propietario de la agencia Método 3 Francisco Marco y el Dr. Tabernero en el que cuando el detective se ausentó un momento Surroca advirtió que “si no se atendía a sus peticiones, perjudicaría gravemente a las personas ahora querelladas, como así hizo posteriormente, presentando una denuncia con un relato manipulado”. Por todo ello, consideran “grotesco que el Sr. Surroca trate de presentarse en el presente procedimiento como un amigo íntimo de Pere Mir que pretende contribuir a preservar su legado mediante el ejercicio de la acción popular. “Todo lo contrario”, argumentan y añaden que el libro que escribió “pone en evidencia que el Sr. Surroca alberga un evidente resentimiento hacia el Sr. Mir”.
